22/07/2026
USD 158 millones para despidos en el sector público
El gobierno destina USD 158 millones para despidos en el sector público, con el eufemismo del financiamiento al Plan Anual de Inversiones.
Dentro de ese supuesto crecimiento presupuestario se está mandando a la gente a la calle. ¿Cómo puede ser posible que se despida profesionales mientras hay una crisis en el sector de la salud? Y para guardar las apariencias se asigne la ínfima cantidad: USD 8,4 millones para la Atención Integral en Salud en el primer nivel; USD 4,1 millones para la reingeniería de hospitales y equipos, y otros USD 4 millones para el programa Ecuador Libre de Desnutrición Infantil.
El Plan Anual de Inversiones engloba un grupo de proyectos públicos que se financian con endeudamiento, tanto de préstamos internos como externos, entre los que consta un monto destinado a desvinculaciones de empleados del sector público, pertenecientes principalmente a educación y salud, y que corresponde al programa denominado de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público.
El programa de desvinculaciones de empleados públicos constituye el segundo rubro más alto: USD 148 millones, confirmando la denuncia realizada de manera oportuna por nuestro semanario, de que habrá más despidos en el sector estatal.
El programa creado con el visto bueno del FMI está destinado a pagar a los funcionarios públicos que son desvinculados, por compra de renuncias, despidos o supresión de partidas, e insiste en la perorata de la optimización del tamaño del Estado.
Para el área prioritaria de educación, de los USD 110,9 millones asignados al ministerio, se usaron USD 92 millones para pagos de desvinculación, hasta junio de 2026.
En tanto que para salud, de los USD 54,8 millones destinados al ministerio del ramo, se utilizaron USD 30,8 han para las programadas desvinculaciones de médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, en detrimento del sistema público en detrimento de la mayoría del pueblo ecuatoriano con baja capacidad adquisitiva para acudir a la atención privada.
En el mismo sentido, el programa demuestra el claro sometimiento a políticas perjudiciales impuestas por el FMI que propenden a la privatización, cuyas consecuencias perjudican a la implementación de políticas públicas en favor de la mayoría del pueblo.
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