27/05/2026
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El Gobierno de ha generado polémica tras autorizar el inicio de un proceso que permitiría actividades mineras en el Cerro Azul, solo 53 días después de haberlo declarado como Bosque y Vegetación Protector.
La medida fue oficializada el pasado 20 de mayo de 2026 mediante un acuerdo firmado por la entonces ministra Inés Manzano. Este documento marca la reapertura progresiva del catastro minero y permite avanzar en la entrega de nuevas concesiones para la extracción de materiales de construcción como arena y piedra.
Aunque el plan inicia como piloto en el corredor Guayaquil-Daule-Samborondón, la inclusión de Cerro Azul ha encendido las alertas. Este espacio natural, de unas 820 hectáreas, había sido protegido en marzo de 2026 precisamente para cuidar su biodiversidad y sus fuentes de agua.
De área protegida a zona en estudio para minería
El mismo acuerdo dispone que el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE) realice estudios técnicos en un plazo de 60 días para definir hasta qué punto se podrían extraer materiales dentro del bosque.
Esto ha generado críticas, ya que informes del propio Ministerio advierten que el 84% del área conserva su cobertura natural y que más del 74% tiene una importancia hídrica muy alta, lo que implica que debería manejarse con extremo cuidado.
Cerro Azul no solo es un pulmón natural de Guayaquil, sino que también conecta con otros bosques como Cerro Blanco y alberga especies como ceibos, guayacanes, perezosos, tigrillos y más de 300 tipos de aves.
Justificación del Gobierno y cuestionamientos
El Gobierno argumenta que esta decisión responde a la creciente demanda de materiales de construcción en el país y a la necesidad de reactivar el sector minero, tras años de cierre del catastro desde 2018.
Sin embargo, también surgen dudas sobre la transparencia del proceso, ya que la reapertura del sistema minero estaría vinculada a compromisos económicos con el Fondo Monetario Internacional.
A esto se suma que el sistema fue cerrado en el pasado por irregularidades, y su reactivación se habría realizado con procesos cuestionados por actores del sector.
Riesgos ambientales y preocupación ciudadana
Expertos advierten que permitir minería en esta zona podría generar pérdida de vegetación, mayor riesgo de inundaciones y afectaciones en épocas de lluvias intensas o fenómenos como El Niño.
Mientras tanto, colectivos ciudadanos han denunciado impactos en su salud por el polvo y las explosiones en zonas cercanas, y piden frenar este tipo de actividades.
El debate ahora se centra en una pregunta clave: ¿es posible combinar la explotación minera con la protección de un bosque declarado como área protegida?
¿Crees que se debe permitir minería en un bosque protegido si hay necesidad de materiales para construir?
Fuente: Redacción; informes técnicos del Ministerio de Ambiente; Acuerdo Ministerial MAE-MAE-2026-0047-AM.
