25/04/2026
En el parqueo de un reconocido centro comercial en San José se vivió un momento tenso que terminó dejando una importante lección sobre respeto, legalidad e inclusión.
La tarde transcurría con normalidad cuando una madre se estacionó en un espacio reservado para personas con discapacidad. Minutos después, otra señora comenzó a gritarle desde varios metros de distancia, cuestionando su derecho a ocupar ese lugar y acusándola públicamente de “abusar” del espacio. Varias personas voltearon a ver la escena, mientras el tono de la discusión subía y el ambiente se tornaba incómodo.
Ante los señalamientos, la madre descendió del vehículo con calma, abrió la puerta trasera y ayudó a bajar a su hijo. Frente a los presentes, explicó que el niño tiene autismo y que cuentan con el permiso correspondiente mientras avanza el proceso administrativo para obtener la identificación definitiva. El vehículo tenía visible el documento provisional emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). El silencio se apoderó del lugar.
Este acontecimiento también permitió aclarar un punto importante. En Costa Rica —y en la mayoría de países— el uso de los espacios reservados para personas con discapacidad no es automático solo por tener una condición como el autismo. No basta con “ser autista”; la persona debe contar con un reconocimiento oficial de discapacidad o con la autorización/placa correspondiente para poder estacionar legalmente en esos espacios.
Según la Ley 7600 y su reforma mediante la Ley 9865, estos espacios deben ser utilizados únicamente por vehículos que cuenten con identificación y autorización emitida por Conapdis. Dicha identificación permite hacer uso del espacio por un período determinado, generalmente de cinco años.
Esto significa que solo las personas con discapacidad certificada oficialmente y registradas ante las autoridades competentes pueden usar legalmente estos estacionamientos. El autismo puede calificar como discapacidad si existe evidencia médica o funcional que lo justifique y se obtiene el reconocimiento oficial correspondiente. Sin esa certificación y sin la identificación o placa autorizada, no está permitido utilizar estos espacios.
Lo que comenzó como un señalamiento público terminó evidenciando la importancia de no emitir juicios apresurados. La señora que había iniciado el reclamo guardó silencio y se retiró del sitio visiblemente incómoda.
Una escena cotidiana en un parqueo se convirtió en un recordatorio claro: no todas las discapacidades son visibles, y antes de juzgar, siempre es mejor informarse y actuar con empatía.
