30/07/2026
Nuestra postura y consideraciones sobre el proyecto de reorganización de la Administración Central del Estado, fundamentalmente en materia ambiental.
Compartimos una versión ejecutiva y una más argumentada.
Denominar al organismo Ministerio de Ambiente.
Estamos de acuerdo con la separación de las funciones de Ciencia y Tecnología de las funciones Ambientales.
No asignarle funciones de Hábitat, Vivienda y gestión urbanística —como programas constructivos, fondo habitacional, catastro, derechos de superficie y administración de la vivienda—.
Limitar su responsabilidad sobre el Ordenamiento Territorial a la definición de determinantes, criterios y límites ambientales para el uso del territorio.
Incorporar expresamente entre sus funciones la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las metas nacionales de conservación, los compromisos internacionales asumidos por Cuba y los programas estratégicos del país (Tarea Vida, Metas Nacionales de Biodiversidad, entre otros). Nada de esto sale en ningún inciso redactado en la propuesta. Cuestión sumamente grave.
La propuesta actual diluye la función ambiental al incorporar y jerarquizar competencias ajenas a su naturaleza (Hábitat, Vivienda y gestión urbanística).
Parcializa la política ambiental al concentrarse y referir solo un recurso (aguas terrestres), mientras omite componentes esenciales (ecosistemas, biodiversidad, zonas marinas, patrimonio geológico, sistemas cavernarios, especies, Áreas Protegidas y metas de conservación).
Mezcla funciones regulatorias y ejecutivas, con el riesgo de convertir a la autoridad ambiental en juez y parte, especialmente en materia de ordenamiento territorial e inversiones urbanísticas.
El resultado sería una institucionalidad ambiental más débil, precisamente cuando el país necesita fortalecerla para que las nuevas medidas económicas y sociales sean sostenibles y tengan continuidad en el tIempo.
Versión ampliada y argumentos:
La reorganización de la Administración Central del Estado constituye una oportunidad para perfeccionar su funcionamiento.
Desde la Fundación Antonio Núñez Jiménez consideramos acertada la separación de las funciones de Ciencia y Tecnología de las funciones estrictamente ambientales, pues ambas han alcanzado un nivel de desarrollo que justifica estructuras institucionales propias.
Sin embargo, estimamos que la función ambiental no debe fragmentarse ni recargarse con funciones de distinta gestión, ni diluirse o suprimirse de la responsabilidad Estatal.
Proponemos que el organismo rector se denomine Ministerio de Ambiente, sin incorporar funciones cuya naturaleza y lógica de gestión son diferentes (Hábitat y Vivienda), pues ello debilitaría su misión esencial: proteger integralmente los ecosistemas que sostienen los recursos naturales y hacen posible su aprovechamiento sostenible y su conservación.
El principio rector de esta reorganización debería ser la mirada ecosistémica. Los recursos naturales no pueden gestionarse de manera aislada, porque el agua, los suelos, los bosques, la biodiversidad y las Áreas Protegidas forman parte de un mismo sistema ecológico. La sostenibilidad consiste en conservar los ecosistemas que sustentan esos recursos, y no únicamente en administrar o priorizar cada uno de sus componentes.
Si bien la propuesta reconoce funciones esenciales como la protección de los recursos naturales, lo reduce a la gestión integrada de las aguas terrestres, se observa entonces una mirada parcializada de los recursos naturales y sus ecosistemas.
Entendemos que se otorgaron varios incisos a aguas terrestres extrayendo responsabilidades de una de las entidades que se intenta unir y anexar a la gestión ambiental, y consideramos que esto es un error grave y debiera reconsiderarse. Esta mirada unilateral a un solo recurso natural hecha por tierra años donde el tratamiento ambiental ha sido integral y ecosistémico.
La naturaleza y sus servicios son un todo único.
Hay por otra parte una desproporción entre las competencias ambientales y las relacionadas con el ordenamiento territorial, la gestión urbanística y la vivienda. Se echa de menos una referencia explícita a la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las metas nacionales de Conservación y otros instrumentos estratégicos de la política ambiental del país, como Tarea Vida, Metas de Biodiversidad, que hoy constituyen pilares de la gestión ambiental cubana.
Compartimos que la autoridad ambiental acompañe la rectoría sobre la aprobación del ordenamiento territorial mediante la definición de determinantes, criterios y límites ambientales. Sin embargo, consideramos que no debería asumir funciones propias de la gestión urbanística y de vivienda, como la regulación del proceso inversionista de los programas constructivos, la administración del fondo habitacional, el otorgamiento de derechos de superficie o la administración de la vivienda.
La concentración de estas funciones en un mismo organismo puede generar tensiones entre la función reguladora ambiental y la ejecución de políticas sectoriales, con el riesgo de convertir a la autoridad ambiental en juez y parte. Más allá de que en la propuesta insistimos de que está completamente invisible el trabajo propiamente ambiental.
Estas consideraciones adquieren especial relevancia ante las transformaciones económicas y sociales dirigidas a superar la crisis. Su implementación exige una institucionalidad ambiental fortalecida, con capacidad de regulación, control y gestión, que garantice la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales.
Comprendemos la necesidad de racionalizar la estructura administrativa del Estado. Sin embargo, esta racionalización debe guardar equilibrio con la importancia estratégica de la política ambiental. El propio proyecto demuestra que, cuando un sector lo requiere, el Estado fortalece su institucionalidad, como ocurre con la creación del Ministerio de Deportes y Recreación. Del mismo modo, la protección del patrimonio natural demanda una autoridad ambiental fuerte, especializada y claramente identificable.
Por ello, proponemos mantener una institucionalidad ambiental integrada, con capacidad para ejercer la rectoría sobre la política ambiental, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la biodiversidad, los recursos naturales, el ordenamiento territorial desde su dimensión ambiental y la conservación de los ecosistemas, evitando la acumulación de funciones ajenas a su naturaleza que puedan debilitar el cumplimiento de su misión.
Consideramos que la propuesta y sus incisos recogen un exceso con numerosas funciones urbanísticas, habitacionales y de ordenamiento, que pueden comprometer la independencia de la autoridad ambiental. Insistimos en la gravedad en este contexto de esta propuesta, donde la dimensión ambiental queda peligrosamente diluida por la acumulación de funciones ajenas y al mismo tiempo, los incisos omiten componentes esenciales de la política ambiental moderna cubana.
