01/02/2026
Elecciones en Costa Rica
*Elecciones presidenciales en Costa Rica: signos de agotamiento democrático*
Sandra Vanessa Zuñiga Borhaug y Ana Marcela Montanaro
Costa Rica ha sido tradicionalmente presentada como una excepción en el contexto centroamericano. Su estabilidad política, la ausencia de ejército, la regularidad electoral y una imagen asociada al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente han configurado un relato hegemónico que define al país como pacífico, moderno y democrático. Esta narrativa se refuerza simbólicamente incluso en el lenguaje cotidiano, como en la expresión “pura vida”, utilizada para describir una supuesta armonía social generalizada.
Sin embargo, esta caracterización resulta insuficiente para comprender las tensiones estructurales que atraviesan la democracia costarricense contemporánea. La existencia de elecciones periódicas no equivale, por sí sola, a la vigencia de una democracia plena. El margen efectivo de soberanía política, económica y normativa se encuentra profundamente condicionado por la dependencia histórica de Estados Unidos y por la influencia de grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores estratégicos como el turismo, la inversión inmobiliaria y los servicios.
Desde una perspectiva histórico-estructural, esta dependencia externa se reproduce internamente a través de élites políticas y económicas que concentran el poder decisorio y orientan el modelo de desarrollo en función de intereses ajenos a las necesidades de la mayoría de la población. A ello se suma la persistencia de un colonialismo interno, vinculado al legado criollo, que ha contribuido a la consolidación de una mentalidad colonializada cuyos efectos se manifiestan en el racismo estructural contra poblaciones indígenas, afrodescendientes y personas migrantes —en particular de origen nicaragüense—, así como en formas arraigadas de clasismo y exclusión social.
Durante las últimas décadas, el modelo neoliberal ha profundizado estas desigualdades mediante el debilitamiento progresivo de derechos sociales fundamentales, afectando ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la protección ambiental. La creciente penetración del capital extranjero, especialmente en las zonas costeras del Pacífico y del Caribe, ha generado procesos intensos de gentrificación que expulsan a la población local y elevan de forma significativa el coste de la vida. En algunos territorios, los precios de bienes y servicios básicos alcanzan niveles comparables a los de países como Noruega, lo que resulta insostenible para amplios sectores de la sociedad costarricense.
Estas dinámicas estructurales se ven agravadas por fenómenos recientes que inciden directamente en la calidad democrática. El aumento del narcotráfico, del crimen organizado y del sicariato ha erosionado la seguridad ciudadana y ha puesto en evidencia la fragilidad institucional del Estado. Paralelamente, se registra un incremento de la violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios, así como una especial vulnerabilidad de la infancia que vive en contextos de pobreza. Instituciones clave como el Patronato Nacional de la Infancia han mostrado históricamente serias limitaciones para garantizar de manera efectiva los derechos de niñas, niños y madres en situación de exclusión.
En el plano ambiental, la imagen internacional de Costa Rica como país verde y sostenible opera en gran medida como un dispositivo discursivo orientado a la atracción turística. Esta narrativa convive con prácticas extractivas, flexibilización normativa y concesiones al capital transnacional que deterioran ecosistemas, territorios comunitarios y formas de vida locales, evidenciando una profunda brecha entre el relato institucional y la realidad del modelo de desarrollo.
Otro elemento central del escenario político costarricense es el creciente peso de las iglesias pentecostales y evangélicas, particularmente visible desde el proceso electoral de 2018. Su influencia se explica por su capacidad de inserción territorial en contextos marcados por la precariedad, la inseguridad y el abandono estatal, donde cumplen funciones sociales y comunitarias que les otorgan legitimidad política. Esta implantación ha contribuido a orientar preferencias electorales hacia proyectos que articulan discursos de orden y moral conservadora, profundamente misóginos y contrarios a los derechos LGTBI y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al tiempo que rechazan políticas redistributivas y de justicia social.
Costa Rica se encuentra actualmente gobernada por Rodrigo Chaves Robles, economista y exfuncionario del Banco Mundial, quien fue ministro de Hacienda entre 2019 y 2020 y enfrentó procesos por acoso sexual en dicho organismo. Su liderazgo puede inscribirse en lo que cabe denominar un “trumpismo criollo”: un proyecto político que combina neoliberalismo económico, conservadurismo social y prácticas autoritarias, articuladas mediante un discurso de apariencia populista. Lejos de abordar las causas estructurales de la desigualdad, este tipo de liderazgo gestiona el malestar social mediante la simplificación del conflicto político, la polarización y la construcción de enemigos internos.
Las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollan en un escenario marcado por el desgaste del sistema político tradicional, la fragmentación partidaria y una creciente desafección ciudadana respecto de las instituciones democráticas. Más de veinte fuerzas políticas concurren a la contienda, lo que refleja tanto la crisis de representación como la dificultad para articular proyectos capaces de ofrecer respuestas estructurales a la desigualdad y la precarización de la vida.
El apoyo social a proyectos continuistas no puede interpretarse únicamente como adhesión ideológica, sino como expresión de un hartazgo profundo frente a la exclusión, la inseguridad y la ausencia de alternativas políticas percibidas como viables. De forma paradójica, algunos de los territorios más afectados por la desigualdad son también aquellos donde estos proyectos encuentran mayor respaldo.
El caso costarricense no constituye una excepción aislada, sino que se inscribe en una dinámica transnacional más amplia de erosión democrática, en la que distintos liderazgos comparten una misma racionalidad política: la subordinación de la justicia social a la lógica del mercado y la reducción de la democracia a su dimensión meramente electoral.
El desafío que plantean estas elecciones no se agota en el resultado del voto, sino que remite a una disputa más profunda por el significado mismo de la democracia. Se trata de decidir entre una concepción estrictamente procedimental y una democracia sustantiva, comprometida con la justicia social, la igualdad material y la efectividad de los derechos humanos, capaz de articular un proyecto político orientado a la vida digna y al bienestar colectivo, especialmente de los sectores históricamente excluidos.
Traducción del original publicado en Utrop - 🇳🇴
31/enero/2026
https://www.utrop.no/plenum/ytringer/377539/?fbclid=IwZnRzaAPq7kZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEe9hSc3oMXvTjgvEJVtZGOtqLtxjUJGevK_kZdaKT-C71S_kkOonK8HrArR6E_aem_dQSQN-70fFCxtguz7eegqQ
Costa Rica blir ofte omtalt som Mellom-Amerikas demokratiske unntak. Men framfor presidentvalet 1. februar 2026 veks det fram sprekkar i forteljinga om stabilitet, likskap og folkesuverenitet.
