05/04/2025
San José, 5 de Abril 2025
COMUNICADO PÚBLICO
Desde ADS ( Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI CR) declaramos como un paso peligroso para el retroceso de derechos humanos en materia Social, Económico y Ambiental Tras la eliminación de Financiamiento y la Declaratoria pública a la Agenda 2030 por parte del Gobierno Administrativo Chaves, genera incertidumbre en la generación de Políticas públicas a largo plazo, conlleva complejidad en la articulación para el seguimiento y monitoreo de recomendaciones que se le hace al país en materia de Desarrollo Social, Económico y Ambiental. Esto significa un gran retroceso que afectará este proceso y la implementación de políticas a largo plazo, sin duda genera debate y complicaciones al momento de proponer nuevas leyes o reformas, ya que deshabilita la búsqueda de alternativas de financiamiento para la creación de indicadores más ajustados a la realidad nacional.
Este gran retroceso nos pone en alerta a la falta de crear política pública más incluyente ya que sin financiamiento no se podrá medir el progreso hacia objetivos específicos y bloquean e impiden generar transparencia en el seguimiento de políticas a lo largo del tiempo. Eliminar el financiamiento y la Declaratoria de Interés Público a la Agenda 2030, se debilita significativamente el marco para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto traerá varias consecuencias negativas:
* Dificultad para medir el progreso: Sin financiamiento específico para el seguimiento, será más difícil recopilar y analizar los datos necesarios para determinar si Costa Rica está avanzando hacía el cumplimiento de los ODS.
* Falta de rendición de cuentas: La ausencia de un seguimiento formal y público dificulta la rendición de cuentas del Gobierno y otros actores en relación con sus compromisos con la Agenda 2030.
* Menor priorización de los ODS: Al retirar el carácter de Interés Público y el financiamiento, se envía un mensaje de que la Agenda 2030 ya no es una prioridad para el Gobierno, lo que podría llevar a una menor atención y recursos destinados a estos temas.
* Riesgo de retroceso: En áreas donde se habían logrado avances gracias a políticas alineadas con la Agenda 2030, la falta de seguimiento y financiamiento podría llevar a un estancamiento o incluso a un retroceso de los indicadores.
* Impacto en la Cooperación Internacional: La Agenda 2030 es un marco global, y la falta de compromiso de Costa Rica podría afectar su capacidad para colaborar y acceder a recursos de la comunidad internacional para el desarrollo sostenible.
En definitiva, la decisión del gobierno de eliminar el financiamiento y la Declaratoria de Interés Público de la Agenda 2030 podría obstaculizar seriamente la capacidad del país para dar seguimiento efectivo a sus políticas públicas en áreas cruciales para el desarrollo sostenible y el bienestar de la población.
Los indicadores, que son la base para diseñar y evaluar el proceso, podrían quedar sin el apoyo necesario para su monitoreo y análisis adecuado.
Costa Rica, si bien la Constitución Política es la norma fundamental, existen instrumentos internacionales de derechos humanos que, una vez ratificados y promulgados, tienen una jerarquía normativa superior a las leyes ordinarias e incluso se ha debatido su relación con la propia constitución.
En este contexto, la Agenda 2030, aunque no es un tratado vinculante en si misma, se fundamenta en gran medida en principios y objetivos relacionados con derechos humanos que si están consagrados en tratados internacionales ratificados por Costa Rica.
La eliminación del financiamiento y la Declaratoria de Interés Público a la Agenda 2030 podría generar tensiones y contradicciones con las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de Derechos Humanos por varias razones:
* Interconexión de objetivos: Muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están directamente relacionados con la realización de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación ( ODS 2), la Salud ( ODS3), la Educación (ODS4), la Igualdad de género (ODS5), el agua y el saneamiento (ODS6), la reducción de las desigualdades (ODS10), entre otros. Al debilitar el seguimiento y la implementación de la Agenda 2030, se podría obstaculizar el avance en la protección y garantía de esos derechos.
* Mecanismos de seguimiento internacional: Los tratados de derechos humanos cuentan con mecanismos de seguimiento a nivel internacional, como los comités de expertos de las Naciones Unidas, que evalúan periódicamente el cumplimiento de los Estados parte.
Estos comités suelen tomar en cuenta los esfuerzos de los países para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 como indicador de su compromiso con los derechos humanos. La falta de apoyo a la Agenda podría ser interpretada negativamente por estos mecanismos.
* Obligación de progresividad: Muchos tratados de derechos humanos establecen una obligación de progresividad, lo que significa que los Estados deben adoptar medidas para lograr de manera gradual la plena efectividad de los derechos reconocidos. La falta de inversión y compromiso con la Agenda 2030 podría ser vista cómo un retroceso o una falta de voluntad para avanzar en esta dirección.
* Principios transversales: La Agenda 2030 incorpora principios transversales como la no discriminación, la Igualdad y la participación, qué son también pilares fundamentales de DDHH, Al restar importancia a la Agenda, se podría debilitar de estos principios en las políticas públicas.
En resumen, aunque la Agendav2030 en si no es un tratado de derechos humanos, su estrecha vinculación con los principios y objetivos consagrados en estos instrumentos, que tienen una jerarquía normativa especial en Costa Rica, implica que la decisión del Gobierno podría tener implicaciones significativas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de Derechos Humanos y ser objeto de escrutinio por parte de los mecanismos internacionales correspondientes.
Al eliminar el financiamiento y la Declaratoria de Interés Público a la Agenda 2030 también significa que las instituciones públicas del sector de Gobernanza no puedan o quieran seguir operando mecanismos actuales como el Comité de alto nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible generando los siguientes aspectos:
* Desactivación de mecanismos de Gobernanza: Es muy factible que, sin financiamiento asignado y sin respaldo político de la Declaratoria de Interés Público a la Agenda, las instituciones del Sector público y de Gobernanza no tengan recursos ni la motivación para mantener operativos mecanismos de la Agenda 2030 y la comisión creada para su seguimiento requieran recursos humanos, logísticas y financiamiento para coordinar acciones, recopilar información, analizar datos y generar informes. Si estos recursos desaparecen, es natural que su funcionamiento se vea gravemente comprometido o cese por completo.
* Impacto en Organizaciones de la Sociedad Civil: Las Organizaciones de la Sociedad Civil como la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil, Las Organizaciones basadas en la fe ( OBF ), Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI CR (ADS) que han estado activamente involucradas en el seguimiento de la Agenda 2030 a través de la participación en dichas comisiones enfrenten dificultades en el monitoreo, incidencia y colaboración con el sector público se verá obstaculizado por:
* Pérdida de espacios de participación formal: Si los comités de seguimiento se desmantelan o dejan de funcionar, las OSC perderán canales institucionales a través de los cuales podrían aportar sus perspectivas, compartir información desde la sociedad civil y participar en la definición y evaluación de políticas.
* Dificultad para acceder a información oficial: Sin mecanismos de seguimiento activos por parte del gobierno, es probable que las OSC tengan mayores dificultades para acceder a datos relevantes y actualizados sobre el progreso en los diferentes ODS.
* Menor influencia en la toma de decisiones: La ausencia de un marco formal de seguimiento de la Agenda 2030 podría reducir la capacidad de las OSC para influir en las decisiones políticas y asegurar que se tomen en cuenta las necesidades y demandas de la Sociedad Civil en relación con el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos.
* Posible redirección de recursos: Las OSC a menudo dependen de fondos públicas o de cooperación internacional que puedan estar vinculados a la implementación y seguimiento de agendas de desarrollo como la 2030.La decisión del gobierno podría llevar reasignación de estos recursos, afectando la capacidad operativa de algunas organizaciones de la Sociedad Civil.
Las OSC que trabajan fuertemente en la interseccionalidad de Derechos a la falta de un marco de seguimiento podría invisibilizar o restar importancia a las problemática de las diferentes poblaciones y necesidades específicas en relación a los ODS. Su capacidad para abogar por políticas públicas inclusivas y para monitorear el progreso en consecución de la igualdad y la no discriminación se vería considerablemente debilitada.
La Eliminación de Financiamiento y Declaratoria de Interés Público a la Agenda pone en riesgo el seguimiento a nivel gubernamental, sino también desarticula los espacios de colaboración y participación de la Sociedad Civil, afectando directamente la capacidad para continuar su incidencia y promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo en Costa Rica. Es un escenario que podría llevar a una perdida de la visión integral y participativa que la Agenda 2030 promueve.
Temístocles Guerra Vargas
Director ADS
