04/08/2026
Lo que hoy está pasando en Costa Rica va mucho más allá del nombramiento de unos magistrados suplentes.
La Constitución Política le asigna a la "Asamblea Legislativa" la responsabilidad de realizar esos nombramientos los cuales por caprichos o intereses políticos NO se hacen.
No trata de una facultad opcional ni de un simple asunto político; es una competencia constitucional indispensable para que el Poder Judicial pueda funcionar correctamente.
Ante la falta prolongada de esos nombramientos, la Sala Constitucional resolvió que debía garantizarse la continuidad del servicio de justicia mientras la Asamblea Legislativa cumplía con su obligación constitucional de los nombramientos.
Esa resolución, nos guste o no, tiene carácter obligatorio, porque precisamente esa es la función que la Constitución le confiere a la Sala Constitucional de interpretar la Constitución y velar por su cumplimiento.
En un Estado de Derecho, ninguna autoridad puede decidir cuáles sentencias judiciales acata y cuáles NO.
Si una resolución se considera equivocada, existen mecanismos legales para cuestionarla, pero nunca el desconocimiento unilateral de sus efectos.
Lo preocupante es que ahora se pretende llevar acciones contra los magistrados que dictaron esa resolución, mientras continúa sin resolverse el problema de fondo osea la falta de nombramiento de los magistrados suplentes que la propia Asamblea Legislativa debe designar.
Esto genera un evidente riesgo institucional. Si quienes deben integrar los órganos encargados de conocer esos procedimientos no han sido nombrados oportunamente, el funcionamiento normal de la justicia puede verse comprometida.
Aquí no se trata de defender a un gobierno, una oposición, o un grupo de magistrados.
Se trata de defender un principio fundamental de toda democracia que cada poder del Estado cumpla las obligaciones que la Constitución le impone y que las resoluciones judiciales sean respetadas mientras se encuentren vigentes.
Cada costarricense puede tener su propia opinión política.
Lo que no debería ser motivo de discusión gritos y bochinche casado, es que el Estado de Derecho solo puede sobrevivir cuando la Constitución se cumple por igual para todos.
Porque cuando una institución deja de cumplir deliberadamente sus obligaciones constitucionales y además, se cuestiona la obligatoriedad de las resoluciones del máximo tribunal constitucional, lo que comienza a debilitarse no es una sala, ni una corte, ni una asamblea es la seguridad jurídica sobre la que descansa nuestra democracia.
Ojo Costa Rica, un gobierno que quiera liderar los 3 poderes de la república está muy estraño eso se llama dictadura que nos silencie sin saber o informarse bien de lo que está pasando en nuestro país así se empieza se aplaude lo bueno del gobierno pero también se debe denunciar lo ocurrido en nuestro país.
