30/04/2026
COMUNICADO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL PANI
Compañeras y compañeros:
Desde el Sindicato mayoritario del PANI, SEPI queremos referirnos a una situación que durante demasiado tiempo ha venido afectando directamente a las personas trabajadoras de las oficinas locales del PANI: la imposición de una meta del 95% en la atención de denuncias, sin que existan condiciones reales para cumplirla.
Esta decisión no nació de un análisis serio de la capacidad institucional. No vino acompañada de más personal, mejores condiciones, apertura de oficinas, reducción de cargas o una reorganización responsable del trabajo. Simplemente se elevó una meta que antes rondaba el 75% y se llevó al 95%, como si bastara cambiar un número en un documento para resolver los problemas estructurales de la institución.
Lo más grave es que esto no lo dice únicamente el SEPI. La propia administración lo sabía. En el correo institucional dirigido a este sindicato del 26 de setiembre de 2022, conocido como Anexo 1, el equipo técnico advirtió que no existían criterios técnicos que justificaran ese aumento. Posteriormente, mediante el oficio PANI-GT-OF-01519-2022, la Gerencia Técnica fue clara en señalar que el incremento era significativo, que no respondía al crecimiento gradual que se había discutido y que no existía fundamento técnico para imponer una meta del 95%.
A pesar de esas advertencias, la decisión se mantuvo. En el oficio PANI-GT-OF-00953-2024, la propia Gerencia Técnica reconoció que no participó en la decisión tomada por la Presidencia Ejecutiva y la Oficina de Planificación, y que el equipo técnico no estuvo de acuerdo con la modificación. Es decir, la administración conocía el problema, conocía el riesgo y aun así permitió que esa meta siguiera pesando sobre las personas trabajadoras.
El SEPI también actuó. Mediante el oficio SEPI-038-2025 solicitamos información sobre los informes, acuerdos y justificaciones técnicas relacionadas con esa meta. En ese mismo oficio advertimos que se trataba de un porcentaje inalcanzable para muchas oficinas locales y que podía afectar directamente la evaluación del desempeño de las personas funcionarias.
La respuesta de Presidencia Ejecutiva, mediante el oficio PANI-PE-OF-1118-2025, fue que la Gerencia Técnica había solicitado plazo para presentar una propuesta de ajuste. Pero el tiempo pasó y no se resolvió nada. Por eso, mediante el oficio SEPI-035-2026, tuvimos que volver a solicitar información, porque más de un año después no existe una comunicación clara, no se ha informado si la meta se mantiene o se modifica, y las personas trabajadoras siguen expuestas a una exigencia que la misma institución no ha podido justificar.
Esto no es un simple debate administrativo. Esta meta afecta la evaluación del desempeño. Si una persona trabajadora es medida con parámetros irreales, la calificación también puede resultar injusta. Y cuando esa calificación incide en derechos o beneficios económicos, como puede ocurrir con la anualidad en los casos correspondientes, el daño deja de ser simbólico y se convierte en un perjuicio concreto.
En otras palabras, se evalúa las metas y por ende a las personas funcionarias como si trabajaran en condiciones ideales, cuando la realidad es otra: oficinas saturadas, falta de personal, aumento de denuncias, rezagos acumulados y una presión institucional que no resuelve el problema de fondo.
Más grave aún, en el oficio SEPI-035-2026 se dejó constancia de una denuncia recibida por este sindicato sobre posibles instrucciones para modificar denuncias no atendidas y registrarlas como atendidas con fines estadísticos. De confirmarse una práctica de esa naturaleza, estaríamos ante una situación de enorme gravedad, porque no solo se estaría alterando la información institucional, sino que se pondría en riesgo la atención efectiva de personas menores de edad.
Una denuncia no puede tratarse como un número incómodo que hay que desaparecer de una estadística. Detrás de cada denuncia puede haber una niña, un niño o una persona adolescente esperando una respuesta institucional seria. Cerrar o archivar asuntos sin cumplir el modelo de atención, sin visitas, sin entrevistas, sin verificación adecuada y sin análisis responsable, puede abrir la puerta a consecuencias lamentables.
Por eso el SEPI tiene solidaridad absoluta con las personas trabajadoras de las oficinas locales. Sabemos que no se puede exigir lo imposible y luego responsabilizar al personal por no alcanzar metas que carecen de sustento técnico, normativo y legal. Sabemos también que las cargas desproporcionadas terminan deteriorando la salud, la motivación y la dignidad laboral de quienes sostienen día a día la función sustantiva del PANI.
La Presidencia Ejecutiva tuvo conocimiento de esta situación gracias a las gestiones del SEPI. Las propias autoridades institucionales aceptaron que existían condiciones adversas, falta de fundamento técnico y riesgos reales. Aun así, la administración actual no fue capaz de enmendar el problema. Lo dejó avanzar. Lo sostuvo. Lo trasladó a las espaldas de las personas trabajadoras.
Y esto debe decirse con toda claridad: este es otro punto más en un larga lista de incumplimientos y fracasos de una administración saliente que pronto terminará su periodo. Una administración que, lejos de mejorar las condiciones laborales, permitió que se profundizara el malestar, la desconfianza y el disgusto de muchas personas funcionarias.
La actual Presidencia Ejecutiva no puede pretender cerrar su gestión dejando como herencia metas irreales, trabajadores presionados, oficinas sobrecargadas y problemas sin resolver. No basta con discursos sobre compromiso institucional cuando en la práctica se ha demostrado desidia frente a las condiciones dignas de trabajo.
Desde el SEPI exigimos que se revise de inmediato esta meta, que se comunique oficialmente el resultado del análisis técnico, que se garantice que ninguna evaluación de desempeño se base en parámetros imposibles y que se investigue cualquier práctica que pueda comprometer la transparencia institucional o la atención debida de la niñez y adolescencia.
Las personas trabajadoras no son responsables de la incapacidad administrativa de quienes toman decisiones sin sustento. Tampoco deben pagar, con su evaluación, su salario o su estabilidad, los errores de una administración que no supo corregir a tiempo una decisión evidentemente mal planteada.
Cordialmente
SINDICATO MAYORITARIO
DE EMPLEADOS DEL PANI
