Sindicato De Empleados Del PANI

06/08/2026

*¡LA DEMOCRACIA SE DEFIENDE EN LAS CALLES!*

La Central General de Trabajadores (CGT) convoca a las personas trabajadoras, organizaciones sociales, estudiantiles, comunales y a toda la ciudadanía a concentrarse este jueves, a partir de las 4:00 p. m., frente a la Asamblea Legislativa, en el Parque de la Democracia y el Parque de la Abolición del Ejército.
Costa Rica atraviesa un momento en el que resulta indispensable alzar la voz en defensa del Estado Social de Derecho, de la independencia de los Poderes de la República y del respeto irrestricto a la Constitución Política.
No podemos permanecer indiferentes ante manifestaciones y actuaciones que pretenden desacreditar a las instituciones democráticas, debilitar los contrapesos republicanos y generar confrontación entre los poderes del Estado. La democracia se fortalece con instituciones sólidas, con respeto a la legalidad y con una ciudadanía activa y vigilante.
Hoy más que nunca es tiempo de unidad. Es tiempo de defender las conquistas democráticas, la paz social, la institucionalidad y el futuro de Costa Rica.
La CGT hace un llamado a participar de manera pacífica, firme y decidida en esta concentración cívica. Nuestra presencia será una muestra de que las personas trabajadoras y la ciudadanía no renuncian a la defensa de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho.
¡Este jueves, 4:00 p. m., frente a la Asamblea Legislativa!
Porque la democracia no se observa desde la distancia: se defiende con la participación de todas y todos.

Central General de Trabajadores (CGT).

01/08/2026

COMUNICADO DE LA CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
CGT RESPALDA LA CONTINUIDAD DE LA SALA CONSTITUCIONAL Y RECHAZA LOS ATAQUES CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

La Central General de Trabajadores (CGT) manifiesta su respaldo a la resolución de la Sala Constitucional que dispuso, de manera provisional y limitada, la continuidad de las magistraturas suplentes cuyos nombramientos vencieron, mientras la Asamblea Legislativa cumple con su obligación constitucional de designar a las nuevas personas que ocuparán dichos cargos.

La CGT considera indispensable garantizar la continuidad de las funciones de la Sala Constitucional, institución fundamental para la protección de los derechos y libertades de las personas, la defensa de la Constitución Política, el equilibrio entre los Poderes de la República y la preservación del Estado social y democrático de derecho que históricamente ha caracterizado a nuestro querido país, Costa Rica.

La resolución adoptada no implica una sustitución permanente de las competencias de la Asamblea Legislativa ni una prórroga irrestricta de los nombramientos. La medida se limita a los asuntos urgentes e indispensables en los que las magistraturas propietarias se encuentren inhibidas, recusadas o legalmente imposibilitadas para participar.

Esta decisión se produjo ante una situación excepcional, pues aproximadamente 123 expedientes no podían ser resueltos debido a la falta de magistraturas suplentes disponibles. Entre estos asuntos se encuentran casos relacionados con medicamentos, pensiones, becas, vivienda y otros derechos fundamentales que requieren una tutela judicial efectiva y oportuna.

La Sala Constitucional también dejó sin efecto los acuerdos legislativos mediante los cuales se pretendía devolver o archivar la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia y ordenó que esta fuera conocida nuevamente por el Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.

El artículo 164 de la Constitución Política establece que, cuando exista una vacante de magistratura suplente, corresponde a la Asamblea Legislativa efectuar el nombramiento después de recibir la comunicación correspondiente. La propia jurisprudencia constitucional ha señalado que el Congreso no puede negarse indefinidamente a realizar estas designaciones ni devolver la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Plena remitió desde el 15 de octubre de 2025 una nómina de dieciocho personas para llenar nueve plazas de magistraturas suplentes. Sin embargo, después de once rondas de votación, la Asamblea Legislativa no logró efectuar ninguno de los nombramientos. Posteriormente, se impulsó la devolución de la lista y el archivo del procedimiento, situación que amenazaba con prolongar indefinidamente la imposibilidad de integrar la Sala para resolver determinados expedientes.
DECLARACIONES GRAVES E INACEPTABLES
La Central General de Trabajadores considera profundamente graves, desafortunadas e impropias las declaraciones de la señora presidenta de la República, Laura Fernández, quien calificó la resolución de la Sala Constitucional como un supuesto “golpe de Estado” y denominó “golpistas” a los cuatro magistrados que integraron la mayoría del tribunal.

La mandataria también anunció, junto con representantes de la bancada oficialista, la intención de promover una denuncia por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados que adoptaron la decisión.

Estas manifestaciones exceden los límites de una crítica jurídica o política legítima. Las resoluciones judiciales pueden ser analizadas, cuestionadas y debatidas dentro del marco democrático; sin embargo, calificar como golpistas a quienes ejercen una función jurisdiccional constituye un ataque directo contra la independencia judicial y contribuye peligrosamente a debilitar la confianza ciudadana en las instituciones de la República.

Un golpe de Estado supone la ruptura ilegítima y abrupta del orden constitucional, la sustitución de las autoridades legítimamente constituidas, la concentración del poder o el desconocimiento de la Constitución por medios contrarios al sistema democrático.

No resulta jurídica ni políticamente correcto equiparar ese concepto con una resolución emitida por la Sala Constitucional en el ejercicio de sus competencias, aunque dicha resolución pueda generar discrepancias, votos salvados o distintas interpretaciones jurídicas.

Por el contrario, la verdadera amenaza para el orden constitucional surgiría si desde algún Poder de la República se pretendiera paralizar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional, desconocer las resoluciones judiciales, impedir deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones constitucionales o promover ataques contra las personas juzgadoras por el contenido de sus decisiones.

También resultaría profundamente preocupante cualquier intento del Poder Ejecutivo de presionar, condicionar o influir indebidamente sobre las decisiones que constitucionalmente corresponden a otros Poderes de la República.

La división de poderes no significa que cada Poder pueda actuar sin límites ni controles. Significa que todos deben ejercer sus competencias dentro del marco de la Constitución Política, respetando las atribuciones de los demás órganos y los mecanismos de control propios de una democracia.

DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
La CGT sostiene que defender la independencia judicial y la continuidad de la Sala Constitucional no significa respaldar automáticamente todas sus resoluciones ni renunciar al derecho de criticarlas.
La CGT, como organización sindical y social, ha discrepado en distintas oportunidades de resoluciones judiciales que considera lesivas para los derechos laborales, sociales o sindicales. Sin embargo, esas diferencias deben expresarse mediante argumentos jurídicos, recursos, acciones institucionales y el debate democrático, nunca mediante descalificaciones que pretendan presentar a las personas juzgadoras como enemigas del Estado.

La Sala Constitucional ha desempeñado un papel esencial en la defensa de derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, el derecho de petición y pronta respuesta, el derecho a la salud, la protección de las personas menores de edad y el control de las actuaciones arbitrarias del poder público.

Debilitar o paralizar a la Sala Constitucional no afecta únicamente a las personas juzgadoras que la integran. Afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a quienes recurren a esa jurisdicción como último mecanismo para proteger sus derechos frente a actuaciones u omisiones de las autoridades públicas.

La CGT rechaza cualquier intento de utilizar el legítimo descontento social, las diferencias políticas o las mayorías parlamentarias para debilitar los controles constitucionales o concentrar el poder.

La democracia no consiste únicamente en obtener una mayoría electoral o legislativa. También exige respeto por la Constitución Política, por las minorías, por los derechos fundamentales, por la independencia judicial y por los límites impuestos al ejercicio del poder.

LLAMADO A LOS PODERES DE LA REPÚBLICA
La Central General de Trabajadores hace un llamado respetuoso, pero firme, a la Asamblea Legislativa para que cumpla sin más dilaciones con su responsabilidad constitucional de elegir a las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional a partir de la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que respete la independencia judicial, modere el lenguaje utilizado contra otros Poderes de la República y evite promover una confrontación institucional que únicamente debilita la democracia costarricense.
Las autoridades públicas tienen una responsabilidad especial en el uso de sus palabras. Cuando desde las más altas jerarquías del Estado se acusa de golpistas a integrantes de otro Poder, se genera polarización, se socava la confianza ciudadana y se crean condiciones peligrosas para el desconocimiento de los controles democráticos.

Costa Rica requiere diálogo, prudencia, responsabilidad institucional y respeto por el Estado de derecho.

La CGT reafirma su compromiso histórico con la defensa de la Constitución Política, la independencia de los Poderes de la República, las garantías sociales, los derechos humanos, las libertades públicas y el Estado social y democrático de derecho.
No se defiende la democracia atacando a las instituciones encargadas de protegerla.

No se fortalece la Constitución desconociendo los controles que ella misma establece.

La defensa del orden constitucional exige que todos los Poderes de la República cumplan sus obligaciones, respeten sus límites y actúen con responsabilidad ante el pueblo costarricense.

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES — CGT
Costa Rica, 31 de julio de 2026
San José, Costa Rica

30/07/2026

30/07/2026

https://crhoy.com/nacionales/7-empleados-del-pani-llevan-2-anos-suspendidos-con-goce-de-salario/

26/07/2026

Celebramos un aniversario más de la Anexión del Partido de Nicoya, una fecha que recuerda la voluntad de un pueblo de construir su futuro con libertad y convicción.
Hoy también reafirmamos el valor de defender el Estado de derecho, la democracia, el respeto a las instituciones y los derechos de las personas trabajadoras. Son estos principios los que fortalecen a Costa Rica y permiten enfrentar cualquier intento de debilitar nuestras garantías democráticas.
¡Que viva Guanacaste y que viva Costa Rica!.

Sindicato Mayoritario de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia

16/07/2026

COMUNICADO A LAS PERSONAS AFILIADAS DEL SEPI
SEPI Y CGT PRESENTES EN LA DEFENSA DE LA
AUTONOMÍA DE LA CCSS Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGÍTIMA DE LA CLASE TRABAJADORA

El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia —SEPI— informa a sus personas afiliadas y a la comunidad laboral del PANI que, este miércoles 15 de julio de 2026, participó activamente, por medio de la Central General de Trabajadores —CGT—, en las actividades realizadas frente a Casa Presidencial en defensa de la autonomía de la sindical, de la Costarricense de Seguro Social —CCSS— y del derecho de la clase trabajadora a contar con una representación legítima ante su Junta Directiva.

La participación del SEPI y de la CGT, organizaciones en las que nuestro secretario general ejerce esa misma representación, responde al compromiso permanente de defender el Estado social de derecho, la institucionalidad democrática, la seguridad social y la autonomía de las organizaciones de las personas trabajadoras.

El representante del sector laboral ante la Junta Directiva de la CCSS fue escogido mediante el procedimiento y la asamblea establecidos por la normativa aplicable. Por ello, consideramos que el Poder Ejecutivo debe respetar la voluntad expresada legítimamente por las organizaciones de la clase trabajadora y proceder con el nombramiento y la juramentación correspondientes.

El Poder Ejecutivo no puede sustituir la voluntad del sector laboral, imponer perfiles distintos a los definidos por la normativa ni desestimar una designación válidamente realizada por las organizaciones legitimadas para representar a las personas trabajadoras.

La representación sectorial ante la Junta Directiva de la CCSS no constituye una concesión del Gobierno de turno. Es una garantía democrática destinada a asegurar que las decisiones de una institución esencial para el país cuenten con la participación efectiva de los diferentes sectores sociales.

Defender esta representación es también defender la autonomía de la CCSS, la seguridad social, el régimen de pensiones, los servicios de salud y el patrimonio construido durante décadas con el aporte de las personas trabajadoras y del pueblo costarricense.

Las personas afiliadas al SEPI pueden tener la certeza de que sus dirigentes se mantienen presentes en los espacios nacionales de defensa laboral y social, representando con dignidad, firmeza y responsabilidad los intereses de la clase trabajadora.

Desde el SEPI reiteramos nuestro respaldo a las acciones impulsadas por la CGT y por las organizaciones sindicales que exigen el respeto de la representación legítimamente escogida por el sector laboral.

La autonomía sindical se respeta.
La representación de la clase trabajadora no se negocia.
La Caja Costarricense de Seguro Social se defiende.
Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia —SEPI—

Central General de Trabajadores —CGT—
15 de julio de 2026

08/07/2026

El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia —SEPI—, sindicato mayoritario de las personas trabajadoras del PANI, informa a la base laboral institucional que participamos en el Taller de consulta: “Construyendo soluciones para el nuevo Marco de Cooperación”, convocado por el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica.

En esta importante actividad participaron representantes del SEPI, de la Central General de Trabajadores —CGT— y de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses —CMTC— y representantes de la —OIT— , como parte del proceso de diálogo social orientado a identificar prioridades estratégicas para el futuro del país y para la cooperación internacional hacia los próximos años.

Durante el taller se abordaron temas de gran relevancia nacional, entre ellos: desigualdad social, empleo decente, brechas territoriales, educación, envejecimiento poblacional, movilidad humana, migración, refugio, igualdad de género, violencia, seguridad ciudadana, situación fiscal, ambiente, confianza en la institucionalidad pública y construcción de alternativas para una Costa Rica más justa, solidaria e inclusiva.

Desde nuestra representación sindical dejamos planteada la visión de las personas trabajadoras: Costa Rica no puede ser vista únicamente como un país de ingreso alto en las estadísticas, cuando en la realidad persisten profundas desigualdades, debilitamiento de servicios públicos, desempleo, inseguridad, exclusión territorial y deterioro de las condiciones laborales y sociales.

En ese marco, el SEPI destacó de forma particular la importancia del Patronato Nacional de la Infancia como institución garante de los derechos de las personas menores de edad, quienes representan el presente y el futuro de Costa Rica. Señalamos con claridad que hablar de desarrollo, cooperación internacional, derechos humanos y futuro del país exige reconocer el papel esencial del PANI y la necesidad urgente de fortalecerlo de manera real, no solo en el discurso.

El fortalecimiento del PANI debe traducirse en más personal, mejores condiciones laborales, infraestructura adecuada, recursos suficientes, salud ocupacional, estabilidad institucional, capacidad de respuesta y respeto a la dignidad de quienes sostienen todos los días la atención de la niñez, la adolescencia y las familias en situaciones de alta complejidad.

Para el SEPI, ningún marco de cooperación serio puede dejar de lado la protección integral de la niñez y la adolescencia. Tampoco puede ignorar que quienes trabajan en el PANI requieren condiciones dignas para cumplir adecuadamente con una labor que es profundamente humana, técnica y estratégica para el país.
Reiteramos que el SEPI continuará participando en todos los espacios nacionales e internacionales donde sea necesario defender los derechos de las personas trabajadoras, los servicios públicos, la institucionalidad social y el mandato constitucional y legal del Patronato Nacional de la Infancia.

Desde el sindicalismo afirmamos que la Costa Rica del futuro debe construirse con trabajo decente, justicia social, servicios públicos fuertes, igualdad territorial y protección efectiva de los derechos humanos.

El futuro de Costa Rica también se defiende fortaleciendo al PANI.

CON EL SEPI... ¡AVCANZAMOS!

SINDICATO MAYORITARIO
DE EMPLEADOS DEL PANI

08/07/2026

OFICIO DE PRESIDENCIA ADJUNTO

COMUNICADO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL PANI
SEPI continúa exigiendo medidas reales frente a la violencia externa y los riesgos que enfrenta el personal institucional
El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia —SEPI— informa a las personas trabajadoras del PANI que hemos venido dando seguimiento sostenido al tema de la violencia externa, la seguridad institucional y los riesgos que enfrentan compañeras y compañeros en el ejercicio de sus funciones.

Este no es un tema nuevo para nuestra organización sindical. Desde tiempo atrás, el SEPI ha venido planteando ante la Administración Superior la necesidad de adoptar medidas serias, verificables y efectivas para proteger al personal institucional frente a situaciones de amenaza, agresión, inseguridad, criminalidad, narcotráfico, presencia de armas, crimen organizado y otros escenarios de riesgo que lamentablemente hoy forman parte de la realidad que enfrentan muchas personas trabajadoras del PANI.

En ese marco, el SEPI presentó el oficio SEPI-144-2026, mediante el cual solicitamos información y valoración institucional sobre las condiciones de seguridad, violencia externa y consolidación de los Departamentos de Atención y Respuesta Inmediata —DARI—. En dicho oficio señalamos nuestra preocupación por las condiciones bajo las cuales el personal de atención inmediata desarrolla sus funciones, especialmente en zonas donde existe una creciente incidencia de violencia asociada al crimen organizado, narcotráfico, uso de armas de fuego, sicariato y otras manifestaciones de violencia que involucran directa o indirectamente a personas menores de edad.

La Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica respondieron mediante el oficio PANI-PE-OF-1606-2026. De esa respuesta se desprenden varios elementos que el SEPI considera de suma importancia para conocimiento de todo el personal.

Primero, la propia Administración reconoce que existen riesgos asociados a la violencia externa que enfrentan las personas funcionarias durante la atención de denuncias e intervenciones en campo, particularmente en territorios con alta incidencia de criminalidad, narcotráfico, crimen organizado y otras manifestaciones de violencia.

Segundo, la Administración informa que elaboró un “Protocolo de Seguridad para Atención de Denuncias y Emergencias en Zonas de Alta Peligrosidad”. Sin embargo, también reconoce expresamente que dicho protocolo no se encuentra vigente, pues está pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva.

Para el SEPI, esto es sumamente grave: no basta con decir que existe un protocolo si en la práctica no está aprobado, no está vigente, no se aplica de forma general y no protege efectivamente a las personas trabajadoras que hoy salen al campo a intervenir situaciones de alto riesgo.

Tercero, la Administración enumera medidas que estarían contempladas en ese protocolo, tales como valoración previa del riesgo, identificación de zonas de alto riesgo, coordinación con cuerpos policiales, planes de ruta, monitoreo, listas de verificación, registro de incidentes y coordinación con Salud Ocupacional.

No obstante, dichas medidas aparecen vinculadas a un documento que la misma Administración admite que todavía no está vigente. En consecuencia, para el SEPI, existe una diferencia evidente entre tener medidas redactadas en un documento pendiente y contar con medidas reales, obligatorias, aplicadas y verificables en cada centro de trabajo y en cada intervención de campo.

Cuarto, la Administración reconoce que el Área de Salud Ocupacional no cuenta con estadísticas sobre eventos de violencia externa sufridos por personal de atención inmediata durante los años 2024, 2025 y 2026, señalando que dichos eventos no son comunicados al Área, y que solo se tiene conocimiento formal de dos eventos puntuales durante el año 2025.

Este reconocimiento preocupa profundamente al SEPI, porque la Directriz N.° CSO-004-2018 del Consejo de Salud Ocupacional establece que su aplicación es obligatoria para el sector público y dispone la necesidad de registrar, analizar y reportar los eventos de violencia externa, así como adoptar medidas de prevención, control y seguimiento.

Dicho de forma clara: si no existen estadísticas institucionales suficientes, si los eventos no se reportan adecuadamente, si no hay análisis periódico y si no hay información consolidada, entonces no se está cumpliendo cabalmente con el deber de prevenir, minimizar y controlar la violencia externa en la ejecución del trabajo.

Quinto, el SEPI también observa con preocupación la situación real de los llamados DARI. La Administración habla de Departamentos de Atención y Respuesta Inmediata; sin embargo, en la práctica, la mayoría de las regiones continúan funcionando como URAI, sin contar con la estructura completa que debería tener un verdadero DARI.

Debe recordarse que un DARI debidamente consolidado requiere coordinación propia y plazas de conductor asistente. Actualmente, únicamente una región cuenta con una estructura más cercana a ese modelo: San José Central y aun así enfrenta limitaciones operativas por falta de personal suficiente para cubrir los tres turnos.

La propia respuesta institucional reconoce que las plazas de coordinación o jefatura no están totalmente implementadas, y que dependen de la aprobación de manuales de puestos en estudio en MIDEPLAN. También reconoce que las plazas de conductor asistente no están totalmente implementadas y que su trámite depende de decisiones futuras de la Junta Directiva.

Para el SEPI, esto confirma que la estructura DARI no se encuentra consolidada a nivel nacional. La falta de coordinadores y conductores no es un detalle menor: afecta directamente la seguridad, la capacidad de respuesta, la organización de turnos, los traslados, la atención de emergencias y la protección del personal que interviene en zonas de alta peligrosidad.

Sexto, la Administración tampoco brindó un cronograma claro, con fechas, responsables, etapas y metas verificables para concluir la implementación integral de la estructura DARI. Lo que se indica es que para el año 2027 se solicitarían plazas de reforzamiento, sujetas a recursos de FODESAF.

Para el SEPI, eso no constituye una ruta clara de cumplimiento. Las personas trabajadoras no pueden seguir esperando indefinidamente mientras los riesgos ya existen, las intervenciones continúan y las condiciones de seguridad siguen siendo insuficientes.

El SEPI reconoce y valora profundamente el compromiso, la valentía y la entrega del personal del PANI que todos los días atiende situaciones altamente complejas. Sabemos que muchas compañeras y compañeros han asumido intervenciones difíciles, incluso en horarios nocturnos, en comunidades de alto riesgo, con presencia de armas, dr**as, homicidios, sicariato, femicidios, trata, violencia extrema y afectación directa a personas menores de edad.
Precisamente por respeto a ese compromiso, el SEPI no puede guardar silencio.

Nuestra posición es clara: la protección de las personas menores de edad no puede descansar sobre la exposición desprotegida de las personas trabajadoras. El PANI tiene la obligación de proteger a la niñez y adolescencia, pero también tiene la obligación legal, patronal y ética de proteger a su personal.

La Directriz N.° CSO-004-2018 no es decorativa ni opcional. Es una directriz de acatamiento obligatorio para el sector público, y el PANI debe cumplirla a cabalidad. Esto implica contar con protocolos vigentes, registros confiables, estadísticas reales, análisis de riesgo, mapas de zonas vulnerables, puntos seguros, coordinación interinstitucional, capacitación, mecanismos de comunicación, prevención del trabajo en solitario, equipo adecuado, personal suficiente, conductores, coordinadores y medidas efectivas de protección.

El SEPI continuará realizando las gestiones pertinentes ante la Administración Superior, la Junta Directiva, Salud Ocupacional y las instancias que correspondan, a fin de que el PANI cumpla plenamente con lo establecido por el Consejo de Salud Ocupacional y adopte medidas reales en resguardo de las personas trabajadoras.

El Sindicato Mayoritario de Empleados del PANI —SEPI— invita a toda persona funcionaria que esté enfrentando situaciones de violencia externa, amenazas, agresiones, intimidaciones o cualquier otro riesgo relacionado con el ejercicio de sus funciones, a comunicarse con esta organización sindical.

El SEPI se encuentra en la mejor disposición de orientar, acompañar y apoyar a las personas trabajadoras en la atención de estas situaciones, en defensa de su salud, integridad y seguridad laboral.
No aceptaremos que la seguridad del personal quede reducida a documentos pendientes, trámites inconclusos o promesas futuras.
El SEPI seguirá vigilante, firme y activo en defensa de la salud, la integridad y la vida de las personas trabajadoras del PANI.

Sindicato de Empleados del PANI —SEPI—
Sindicato Mayoritario
CON EL SEPI... ¡AVANZAMOS!

07/07/2026

COMUNICADO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL PANI
SEPI retoma el tema de las vacaciones psicoprofilácticas establecidas en el Reglamento Autónomo de Servicio del PANI
El Sindicato Mayoritario de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia —SEPI— informa a las personas trabajadoras del PANI que esta organización sindical retoma formalmente el tema de las vacaciones psicoprofilácticas, derecho que ya se encuentra incorporado en el Reglamento Autónomo de Servicio del PANI, pero que aún requiere la emisión de la normativa interna que permita regular su aplicación práctica.

Para el SEPI, no es aceptable que una disposición contenida en el Reglamento Autónomo de Servicio permanezca sin desarrollo, sin procedimiento claro y sin posibilidad real de aplicación para las personas trabajadoras. Cuando una norma se incorpora en un reglamento institucional, no puede quedar como un simple enunciado decorativo u ornamental. Por el contrario, genera para la Administración el deber de realizar las acciones necesarias para ponerla en vigencia efectiva.

Las vacaciones psicoprofilácticas responden a una necesidad real dentro de una institución como el PANI, donde muchas personas trabajadoras enfrentan diariamente cargas emocionales, sociales y laborales de alta complejidad, vinculadas con la atención de personas menores de edad, familias en situación de vulnerabilidad, crisis institucionales y condiciones de trabajo que demandan un fuerte desgaste físico, mental y emocional.

Desde esta organización sindical consideramos que la Administración tiene la obligación de avanzar en la elaboración de la normativa correspondiente, definiendo con claridad los requisitos, procedimientos, criterios técnicos, población funcionaria beneficiaria, mecanismos de solicitud y demás aspectos necesarios para que este derecho pueda aplicarse de forma objetiva, transparente y efectiva.

El SEPI no comparte que los derechos reconocidos en el Reglamento Autónomo de Servicio queden sujetos a la inacción administrativa. Si el propio reglamento institucional contempla esta figura, corresponde a las autoridades competentes desarrollar los instrumentos necesarios para hacerla operativa y garantizar que no permanezca únicamente escrita en el papel.

Por ello, estaremos realizando las gestiones correspondientes ante la Administración del PANI, a fin de solicitar información clara sobre el estado actual de este tema, las acciones realizadas, los pendientes existentes y los plazos reales para la emisión de la normativa que permita la aplicación de las vacaciones psicoprofilácticas.

El SEPI reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la salud ocupacional, la dignidad de las personas trabajadoras y la necesidad de que el PANI cuente con condiciones institucionales acordes con la naturaleza sensible y compleja de las funciones que desempeña su personal.

Los derechos laborales no deben ser simbólicos. Deben ser respetados, regulados y aplicados.

Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia —SEPI—
CON EL SEPI... ¡¡AVANZAMOS!!

SINDICATO MAYORITARIO
DE EMPLEADOS DEL PANI

06/07/2026

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