22/04/2026
SIGUE EL ESCÁNDALO EN LA UPC: El Ministerio de Educación interviene tras denuncia de que el rector fue elegido con documentos irregulares y señalan que un voto del Consejo Superior costó millones el de Juliana Guerrero
Lo que debía ser un proceso democrático de renovación institucional en la Universidad Popular del Cesar se convirtió en uno de los escándalos más graves de la educación superior en el Caribe colombiano. El rector designado, Guillermo Andrés Echavarría Gil, enfrenta hoy una tormenta jurídica que sacude los cimientos del gobierno universitario: su inscripción fue declarada nula por el propio Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, y el Ministerio de Educación Nacional ya abrió una actuación de inspección y vigilancia, exigiendo pronunciamiento formal al rector encargado Rober Trinidad Romero Ramírez en apenas cinco (5) días hábiles.
Pero lo que más enciende el debate no está en los documentos oficiales. En los pasillos de la institución circula una denuncia que nadie quiere firmar abiertamente: que el voto de al menos una consejera del Consejo Superior Universitario para avalar la designación de Echavarría Gil habría sido adquirido por una cifra escandalosa de dinero. Una voz que prefiere el anonimato lo dice sin rodeos: “el voto de Juliana costó cotos de millones.”
El Tribunal de Garantías, con tres votos contra dos, declaró la nulidad del acto administrativo de inscripción del candidato, por incumplimiento de requisitos normativos. La decisión fue válida, legal y obligatoria desde su aprobación, según el acuerdo estatutario No. 032 de 1994 pero el Presidente y Secretario del Tribunal se negaron a firmar el acta. Una jugada que, para los denunciantes, huele a obstaculización de la función pública.
Mientras tanto, el ciudadano Wilmer Junior Rosado Florez radicó ante el MEN una petición exigiendo inspección inmediata y suspensión del proceso de posesión del rector. El ministerio respondió. Y esa respuesta, con radicado 2026-EE-128623, firmada por el Subdirector de Inspección y Vigilancia Harold Antonio Hernández Molina, es la prueba de que la alarma institucional ya sonó en Bogotá.
La otra cara del debate la representan quienes defienden a Echavarría Gil: argumentan que el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual fue designado rector, nunca ha sido anulado por autoridad judicial, y que la decisión del Tribunal de Garantías es un acto interno sin respaldo judicial definitivo. Para ellos, suspender la posesión sería un golpe antidemocrático y una manipulación de los procesos estatutarios.
Lo cierto es que el Consejo de Estado ha reiterado en múltiples sentencias que cuando el acto habilitante (la inscripción) cae, cae también el acto de designación. Y eso, jurídicamente, es dinamita pura.
¿Debe el Consejo Superior de la UPC abstenerse de dar posesión al rector designado mientras la justicia no zanje el debate o hacerlo sería rendirse ante una presunta maniobra de grupos con intereses económicos del “gobierno” hoy dentro de la universidad?
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Gustavo Petro Ministerio de Educación Nacional de Colombia Katia Ospino
