03/11/2026
Autoridades ancestrales y líderes veredales analizan la situación de los programas sociales en el territorio Sek Sxab Kiwe Toribio.
La reducción de beneficiarios, los cambios en las políticas del Gobierno Nacional y la necesidad de garantizar una atención digna a las comunidades indígenas fueron algunos de los temas abordados durante el encuentro de coordinadores y enlaces de los programas sociales realizado en Toribío.
El pasado 30 de octubre, en las instalaciones del Kwekwe Neehnwe’sx de Toribío, se desarrolló el encuentro con coordinadores y enlaces de los programas sociales que tienen presencia en el territorio Sek Sxab Kiwe. En el espacio participaron autoridades ancestrales, delegados de diferentes veredas y personas que, desde su aporte voluntario y comunitario, acompañan la coordinación y el seguimiento de estas iniciativas en los territorios de Toribío, Tacueyó y San Francisco.
Esta jornada permitió poner sobre la mesa una preocupación que atraviesa a muchas familias del territorio: ¿qué está pasando con los programas sociales y hasta dónde están respondiendo a las necesidades reales de las comunidades? En medio de los cambios administrativos, presupuestales y operativos del Gobierno Nacional, los participantes conocieron el estado actual de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor, así como los procesos de focalización y ampliación de cobertura.
Durante la socialización, realizada por Rowinson Méndez, enlace Municipal de programas sociales de la Alcaldía de Toribio, indico que Renta Ciudadana, en su modalidad de valoración del cuidado, cuenta actualmente con 126 núcleos familiares activos en Toribío, un número que contrasta con los cerca de 2.900 núcleos familiares que se encontraban registrados en 2023. Según explicó, esta reducción obedece a procesos de depuración y actualización de las plataformas nacionales. Sin embargo, esta situación deja interrogantes sobre las familias que quedaron por fuera y las garantías para que puedan acceder nuevamente a estos beneficios.
En cuanto a Colombia Mayor, se presentó un incremento significativo en la cobertura, pasando de cerca de 100 beneficiarios en 2024 a 2.825 adultos mayores, quienes reciben un subsidio de 230.000 pesos, de acuerdo con los criterios de edad establecidos por el programa. Hasta el momento se han ejecutado siete ciclos de pago, con una inversión acumulada de 4.054 millones de pesos, y se inició la entrega del octavo ciclo.
Aunque estas cifras representan un avance en materia de cobertura, también plantean la necesidad de seguir discutiendo si los subsidios económicos responden verdaderamente a las condiciones de vida de los mayores en las comunidades indígenas, especialmente en territorios rurales donde persisten dificultades de movilidad, acceso a servicios y condiciones dignas para el cuidado.
Otro de los asuntos centrales que se abordó en este encuentro, fue el relacionado al proceso de caracterización poblacional adelantado mediante un convenio entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las autoridades ancestrales, iniciado el pasado 17 de noviembre de 2025. Este ejercicio se construyó a partir de acuerdos políticos y comunitarios, reconociendo que las autoridades ancestrales deben tener participación directa en la identificación y focalización de las familias que requieren atención.
En este proceso, las autoridades de los tres resguardos definieron sus propias metodologías de trabajo, con equipos conformados por personas de la misma comunidad. La información fue cargada a través de la plataforma Ritmo, buscando avanzar en la ampliación de cobertura de los programas sociales.
Este ejercicio también pone en discusión la autonomía de los pueblos indígenas frente a las decisiones institucionales que afectan la vida de sus comunidades. La caracterización no puede entenderse únicamente como un procedimiento para alimentar bases de datos nacionales, sino como un proceso que debe respetar las decisiones de las autoridades, las formas de organización propias y las realidades sociales, económicas y culturales de los territorios.
Otro de los aspectos relevantes fue la identificación de personas con discapacidad y de núcleos familiares que requieren atención permanente mediante la modalidad de cuidado. Esto permitió visibilizar situaciones que no estaban suficientemente reconocidas en los registros institucionales.
Durante la jornada también se informó que actualmente no se encuentran abiertas las inscripciones para Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor ni Devolución del IVA, debido a los procesos de transformación de las plataformas nacionales de información y focalización socioeconómica.
De igual manera, se explicó que la ampliación de cobertura proyectada para los nuevos beneficiarios de Renta Ciudadana está condicionada a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Nacional y que, por ahora, solo se encuentran garantizados los ciclos restantes del periodo 2026.
Desde esta perspectiva, el debate no debe limitarse a cuántas personas reciben un subsidio o cuánto dinero se entrega en cada ciclo. También debe abordar las causas estructurales, la desigualdad, el abandono institucional y las condiciones que obligan a muchas familias a depender de transferencias económicas para garantizar su subsistencia.
El encuentro permitió reafirmar la importancia de mantener la articulación entre las autoridades ancestrales, los líderes y lideresas veredales y los equipos de los programas sociales. Sin embargo, queda el reto de avanzar hacia una política social que no se limite a entregar ayudas económicas, sino que reconozca los derechos colectivos, fortalezca la autonomía de los pueblos indígenas y contribuya a transformar las condiciones de vida de las comunidades.
La discusión de fondo es cómo garantizar que la política social del Estado llegue efectivamente a los territorios, sin desconocer los procesos organizativos, las autoridades ancestrales y las decisiones propias de los pueblos indígenas. Porque la atención social no puede depender solamente de un registro en una plataforma: debe responder a las realidades y necesidades de la gente.
Finalmente, este encuentro permitió reflexionar entre todos sobre la verdadera necesidad de fortalecer la organización comunitaria y la articulación entre las autoridades ancestrales, los líderes veredales y las instituciones responsables de los programas sociales. El informe presentado representa avances significativos, pero así mismo no se puede ocultar las dificultades que siguen enfrentando muchas familias para acceder a estos beneficios. El reto político va más allá de garantizar subsidios, se debe seguir exigir al Gobierno Nacional políticas sociales estables, con presupuesto suficiente y construidas desde las realidades de las familias y sus territorios. Para las comunidades indígenas, la atención social debe reconocer la autonomía, las decisiones de las autoridades ancestrales y los procesos propios de organización, entendiendo que la verdadera transformación de las condiciones de vida no se logra únicamente con ayudas económicas, sino garantizando derechos, dignidad y bienestar colectivo.
