23/06/2026
El Gobierno nacional expidió un decreto con el que busca fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre los contratos sindicales, con el objetivo de evitar su uso indebido como mecanismo de intermediación laboral o evasión de obligaciones en materia de seguridad social y derechos laborales.
La medida, liderada por el Ministerio del Trabajo, hace parte de la estrategia de formalización laboral y trabajo digno, y establece criterios más claros para diferenciar el uso legítimo de esta figura sindical frente a posibles prácticas irregulares.
El nuevo marco normativo incluye herramientas para identificar casos de intermediación laboral ilegal, especialmente cuando se evidencie suministro de personal o condiciones de subordinación directa en actividades permanentes. También refuerza controles sobre aportes a seguridad social, condiciones de compensación y participación democrática de los afiliados.
Uno de los sectores con mayor atención será el de la salud, donde el Gobierno impulsará procesos de transición hacia la formalización laboral para evitar la utilización prolongada de este tipo de contratos en funciones esenciales.
Entre las principales disposiciones se contempla la prohibición del uso de contratos sindicales para intermediación ilegal, la creación de un sistema de registro, el fortalecimiento de la inspección laboral y la promoción de acuerdos de formalización cuando se detecten vulneraciones.
Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar hacia relaciones laborales más transparentes y alineadas con los estándares de trabajo decente promovidos por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).