13/05/2026
El Tribunal Administrativo de Santander ha tomado decisiones trascendentales para proteger la salud y los recursos de nuestro municipio. Mediante dos autos proferidos el 11 de mayo de 2026, el Magistrado Iván Fernando Prada Macías admitió formalmente una Acción Popular y dio inicio al trámite de medidas cautelares urgentes para salvaguardar la infraestructura de la E.S.E. Hospital San José.
La Justicia admite la Acción Popular
La demanda, interpuesta por el veedor Dayner Fabianni Alvarado Ojeda, fue aceptada al cumplir con todos los requisitos de ley. El Tribunal destacó que las entidades ya tenían conocimiento de las fallas en el Contrato de Obra No. 092 de 2023, pues el veedor había radicado múltiples peticiones previas sin obtener soluciones definitivas.
Esta acción popular tiene como objetivo principal proteger la moralidad administrativa, el patrimonio público, la seguridad, la salubridad y el acceso eficiente a los servicios de salud. El proceso se dirige contra el Ministerio de Salud, el Departamento de Santander, la E.S.E. Hospital San José, el contratista Carlos Manuel Olarte Martínez y la Interventoría Converdes, contando además con la vigilancia especial de la Contraloría General de la Nación, la Contraloría Departamental de Santander y la Procuraduría General de la Nación.
El Tribunal también ordenó correr traslado para decidir sobre seis medidas cautelares que buscan evitar que la obra se convierta en un "elefante blanco":
El Tribunal ha ordenado el trámite de medidas cautelares enfocadas en la protección financiera para evitar cobros coactivos del Ministerio de Salud contra el hospital hasta aclarar responsabilidades, el aseguramiento de recursos mediante la inmovilización de dineros no ejecutados y el mantenimiento de pólizas, la gestión del riesgo en los taludes de las instalaciones para prevenir desastres y la creación inmediata de una mesa técnica interinstitucional para resolver la crisis de la obra. El Tribunal advirtió que, aunque se alega urgencia, se debe cumplir con el trámite legal para que los demandados presenten sus argumentos antes de tomar una decisión de fondo sobre el congelamiento de los recursos.
