02/06/2026
En Viena, una voz por la equidad: La apuesta por políticas públicas incluyentes en la prevención del delito
VIENA, Austria — Durante el desarrollo de la 35.ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), un encuentro global que reúne a las mentes más brillantes en materia de seguridad y justicia, la voz de Elton Salas Cuadrado, en representación de la Fundación Retorno a la Libertad, ha resonado con un llamado urgente: la transformación de los sistemas de prevención del delito hacia modelos profundamente inclusivos y adaptados a las poblaciones diferenciales.
El centro del debate: Las personas en el centro de la justicia
El trabajo de la Comisión, impulsado por organismos como la UNODC, y instituciones eficaces y transparentes que gocen de la confianza pública. En este contexto, Salas Cuadrado enfatiza que, si bien la seguridad ciudadana es un objetivo global, su implementación a menudo falla cuando ignora las particularidades de comunidades en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.
"No podemos hablar de prevención del delito efectiva si ignoramos las brechas estructurales que empujan a las poblaciones diferenciales hacia los márgenes", señala Salas. Su propuesta es clara: las políticas públicas incluyentes no son un complemento, sino el eje central para restaurar el tejido social.
¿Por qué la perspectiva de la Fundación Retorno a la Libertad es esencial?
La participación en la CCPCJ busca cerrar la brecha entre la normativa internacional y la realidad territorial. La importancia de la intervención de Salas Cuadrado radica en tres pilares:
Reconocimiento de la Diversidad: La prevención del delito debe dejar de ser una respuesta uniforme. Se requiere un enfoque que comprenda las realidades de minorías, grupos marginalizados y comunidades afectadas por la pobreza.
Enfoque Restaurativo: Siguiendo la línea de los compromisos globales de la Agenda 2030, la Fundación promueve que la justicia no se limite a la sanción, sino que facilite la reintegración social, protegiendo los derechos humanos de todas las partes involucradas, incluidas las familias de personas privadas de la libertad.