08/07/2026
📢 COMUNICADO PÚBLICO
A la ciudadanía colombiana, al Gobierno Nacional, al presidente de la República, Gustavo Petro, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio del Trabajo, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico —CRA— y a la opinión pública:
Los recicladores de oficio y las organizaciones de primer nivel manifestamos nuestra profunda preocupación frente a las nuevas obligaciones que se pretenden imponer al sector, especialmente aquellas relacionadas con la implementación del Decreto 271 y las responsabilidades en materia de seguridad social.
Las asociaciones de recicladores de base no somos grandes empresas. Somos organizaciones comunitarias que prestamos un servicio ambiental fundamental para el país, pero que enfrentamos enormes dificultades económicas.
En el caso de ARUPAF, contamos con 186 recicladores de oficio. Por eso preguntamos, con respeto y claridad:
¿De dónde pretende el Gobierno Nacional que una asociación de base obtenga los recursos para asumir el pago de seguridad social, afiliación a riesgos laborales —ARL— y ahorro pensional de todos los recicladores, cuando son trabajadores informales e independientes y no existe una relación laboral con la asociación?
Esta realidad no puede ignorarse. Imponer nuevas obligaciones sin garantizar una fuente real de financiación pone en riesgo la existencia de cientos de organizaciones de recicladores en todo el país.
Además, mientras la CRA no expida una reglamentación tarifaria clara, suficiente y sostenible, resulta imposible exigir el cumplimiento de cargas económicas que actualmente las organizaciones no estamos en capacidad de asumir.
También hacemos un llamado a los usuarios de los servicios públicos para que conozcan el posible impacto de estas decisiones. Si el Estado decide financiar estas nuevas obligaciones mediante la tarifa del servicio público, los valores reflejados en las facturas podrían verse afectados.
La ciudadanía tiene derecho a recibir información clara, transparente y oportuna sobre cualquier modificación tarifaria.
Los recicladores de oficio no nos oponemos a la protección social. Por el contrario, durante años hemos luchado por el reconocimiento de nuestros derechos. Lo que exigimos es que las políticas públicas sean viables, responsables y estén acompañadas de los recursos necesarios para hacerlas realidad, sin trasladar cargas imposibles a las organizaciones de base.
Señor presidente Gustavo Petro: muchos recicladores depositamos nuestra confianza en un proyecto de cambio, convencidos de que fortalecería a las organizaciones populares. Hoy solicitamos que nuestras voces sean escuchadas y que las decisiones se construyan de manera concertada con quienes conocemos de primera mano la realidad del reciclaje en Colombia.
Exigimos respeto, diálogo y garantías reales.
No queremos promesas. Queremos soluciones viables que dignifiquen el trabajo de los recicladores sin poner en riesgo la sostenibilidad de nuestras organizaciones.
Los recicladores somos parte de la solución ambiental de Colombia.
Merecemos políticas públicas construidas con nosotros, no simplemente para nosotros.
