25/09/2026
🚨 ¡La paz no se borra, la memoria no se negocia!
Desde la ACEU vemos con profunda preocupación las recientes decisiones y propuestas impulsadas por el Gobierno y por el partido Salvación Nacional frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y, particularmente, frente al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, radicó un proyecto de acto legislativo que busca establecer un periodo de funcionamiento de diez años, sin posibilidad de prórroga, lo que llevaría al cierre de la JEP en marzo de 2028. Esta iniciativa se suma a su propuesta anterior de reducir en $100.000 millones los recursos destinados al funcionamiento de esta jurisdicción.
La JEP nació como uno de los componentes fundamentales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo de Paz. Su propósito no se limita al castigo: busca esclarecer responsabilidades, garantizar los derechos de las víctimas y desarrollar mecanismos de justicia transicional con un componente restaurativo.
Nos preocupa que, en nombre de una concepción exclusivamente punitiva de la justicia, se pretenda debilitar una institucionalidad construida para enfrentar las consecuencias de décadas de conflicto armado.
En Colombia necesitamos una justicia que permita conocer la verdad, reparar a las víctimas, garantizar derechos y contribuir a que la violencia no vuelva a repetirse. La paz no puede reducirse a castigo; también implica verdad, reparación, garantías de no repetición y construcción de garantías para las víctimas.
Desde la ACEU hacemos un llamado a defender la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la autonomía de las instituciones de justicia transicional y, sobre todo, los derechos de las víctimas.