31/07/2025
En un fallo histórico dado a conocer el 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al reconocerlo como autor intelectual de una estrategia de manipulación de testigos, conducida por su abogado Diego Cadena. Este es el primer caso en Colombia en que un exmandatario es condenado penalmente.
Los delitos por los que fue condenado el expresidente Uribe —soborno a testigos y fraude procesal— son formas de corrupción que afectan directamente la integridad del sistema judicial pues implican el uso indebido del poder para alterar la correcta administración de justicia.
El fallo apunta directamente a un entramado de corrupción judicial, donde actores con poder buscaron influir en decisiones judiciales clave —como la apertura de investigaciones o el cierre de procesos— y alterar versiones de testigos que vinculaban al expresidente con estructuras paramilitares. En particular, se ofrecieron beneficios económicos y jurídicos a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, con el propósito de que modificarán sus declaraciones o se retractarán de sus señalamientos.
Desde el Instituto Anticorrupción buscamos señalar cómo la corrupción y la impunidad afectan el funcionamiento del sistema judicial y debilitan el Estado de Derecho. Prácticas como las que se le comprobaron al ex presidente Uribe no sólo erosionan la confianza ciudadana y ponen en riesgo la independencia judicial, sino que comprometen directamente la posibilidad de alcanzar la justicia, al distorsionar el desarrollo de los procesos y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos. La lucha contra la corrupción también se libra en los estrados. Y allí, no puede haber intocables.
