21/06/2026
La Red del tigre: Los Múltiples Vínculos del Precandidato Presidencial con Narcotraficantes, Paramilitares y Corruptos.
Abelardo De la Espriella, quien hoy se postula como precandidato presidencial para las elecciones de 2026, ha construido una larga y polémica carrera a la sombra del poder. Su nombre aparece recurrentemente vinculado a los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia: el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción de alto nivel. A través de su firma legal y fundaciones, ha tejido una red que conecta cárceles, salones del Congreso y despachos presidenciales. Este reportaje, basado en testimonios judiciales, sentencias y registros públicos, detalla esos vínculos.
I. El Abogado del Narcotráfico
Su historial de representación de figuras clave del narcotráfico es extenso y variado, yendo más allá de la defensa técnica para adentrarse en el lobby político y la gestión de patrimonios.
Entre sus clientes más notorios se encuentra:
Juan Carlos Sierra Ramírez, "El Tuso Sierra", del Cartel del Norte del Valle y las AUC, quien declaró que pagó millones del lavado de activos a De la Espriella, para acceder a la Ley de Justicia y Paz. Sierra testificó que el abogado recibía dinero de varios narcos para hacer lobby y modificar leyes de extradición.
Gilberto Molina Yepes, "El Mono Abello", del Cartel de la Costa, lo acusó de quedarse con sus propiedades (fincas en Córdoba) tras su extradición en 2013, al punto de amenazarlo de muerte en una entrevista radial en 2015 y llamarlo "ladrón".
También defendió a Héctor Alfonso Gamarra Zorro, "Ñeñe Hernández", vinculado al Cartel de Cali y al Clan del Golfo, y amigo del expresidente Iván Duque. Gamarra grabó audios donde exponen sobornos a congresistas gestionados por De la Espriella, actuando como enlace entre narcos y políticos.
Su relación con el Cartel de Medellín es profunda, habiendo sido el abogado familiar de los Ochoa por años. Representó a Jorge Luis Ochoa Vásquez para intentar frenar su extradición, viajando a Washington D.C. entre 2010 y 2011 para hacer lobby y "suavizar" las solicitudes de EE.UU. Defendió a Martha Nieves Ochoa en procesos de extinción de dominio y a varios hijos de Fabio Ochoa Vásquez, así como a la Familia Ochoa Tobón, en la defensa de bienes como un penthouse, haciendas y una isla en Barú, alegando prescripción.
II. El Facilitador del Paramilitarismo y la 'Parapolítica'
Abelardo De la Espriella tuvo un rol importante en las falsas desmovilizaciones de paramilitares. Se posicionó como facilitador por el gobierno de Álvaro Uribe Velez. Allí fue acusado de ser "el abogado del paramilitarismo" por el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño, y el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, lo que generó sospechas de ser "empleado" de los cabecillas de las AUC. De la Espriella fundó la ONG FIPAZ, financiada por paramilitares para foros de "reconciliación".
Entre sus clientes se encuentra:
Su amigo de la infancia, Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, lo describió como "cercano y solidario con la causa paramilitar" y reveló que De la Espriella organizó foros con él a través de la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), financiada con dineros paramilitares.
Iván Roberto Duque Gaviria (Alias "Ernesto Báez") Fundador de Acdegam (origen de AUC en Magdalena Medio), en la sentencia contra el congresista Juan Pablo Sánchez, testifico que Abelardo De la Espriella tenía vínculos muy cercanos con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Diego Fernando Murillo Bejarano (Alias “Don Berna”) ex guerrillero del EPL, narcotraficante, creador del bloque paramilitar Cacique Nutibara vincula a Abelardo De la Espriella con pagos por servicios legales opacos durante su proceso de desmovilización.
José Everth Veloza García (Alias HH") Excomandante Bloque Bananero y Calima (AUC), declaró en 2009 que De la Espriella lo estafó con su fundación FIPAZ.
La ex guerrillera de las FARC y ex paramilitar Eurídice Cortés (Alias "Diana") Declaró que De la Espriella la estafó con FIPAZ. Adicional a ello en 2018, fue contactada por el abogado Diego Cadena (por parte de De la Espriella) para buscar testigos que declararan a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Defensor de la 'Parapolítica':
Su bufete se convirtió en la defensa preferida de políticos condenados por sus vínculos con paramilitares. Defendió a:
Eleonora Pineda (concejal de la coalición uribista de la época, puesta por el Bloque Montes de María de las AUC, condenada a 8 años de carcel), señalo que Abelardo De la Espriella fue el promotor del Pacto de Ralito. El Acuerdo de Ralito se firmó en la finca de Salomón Feris Chadid, conocido como ‘08’, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba. Este pacto fue suscrito por líderes de grupos paramilitares, como Jorge 40, Don Berna, Salvatore Mancuso, y varios políticos de la región, incluyendo gobernadores, congresistas y alcaldes. El objetivo del acuerdo era crear un proyecto político que prometía "refundar al país" y "construir una nueva Colombia".
Rocío Arias (representante la cámara de la coalición uribista de la época, puesta por el Bloque Héroes de Montes de María de las AUC) Promovió una reforma escrita por Abelardo De la Espriella para evitar extradiciones. Fue condenada a 8 años y 4 meses por sus vínculos con las AUC.
Dieb Maloof senador del partido liberal fue acusado de recibir financiación paramilitar para sus campañas. Abelardo De la Espriella fue su abogado enviado por el Bloque Norte de las AUC; sin embargo, fue condenado en 2011 a 8 años y 4 meses por concierto para delinquir agravado.
Oneida Pinto exgobernadora de la guajira por cambio radical, fue acusada de corrupción por defraudar $18.600 millones de pesos en recursos del "Programa Contra la Mortalidad Infantil en La Guajira". También fue señalada por hechos ocurridos durante su tenuria de la alcaldía de Albania, donde incurrió en los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. El Bloque Fronteras de las AUC de la mano del Clan Char, contrato a Abelardo De la Espriella para su defensa. Durante una audiencia judicial en Bogotá, Pinto solicito un receso alegando que tenía una cita médica y de esta manera se fugó.
III. Lobby Irregular, Corrupción y Crecimiento Patrimonial Explosivo
Más allá del narcotráfico y el paramilitarismo, su nombre está ligado a emblemáticos casos de corrupción y tráfico de influencias:
En el caso de la pirámide DMG, de David Murcia Guzmán, De la Espriella actuó como lobbyista, cobrando $760 millones de pesos por intentar influir en el Congreso para legalizar el esquema. Abelardo Es acusado de haberse quedado con viene y dineros de la empresa tras su quiebra.
Abelardo De la Espriella fue el abogado defensor principal del empresario Alex Saab, testaferro del chavismo sancionado por EE.UU., recibiendo millones de dólares en honorarios hasta 2019, cuando traspasó la defensa a su amigo Daniel Peñarredonda.
Entre otros de sus socios cercanos está el exmagistrado de la corte constitucional Jorge Pretelt, condenado a seis años y seis meses de prisión por el delito de concusión (exigir o solicitar sumas de dinero o dádivas abusando de un cargo público) en el marco del caso Fidupetrol.
Su firma De La Espriella Lawyers, también defendió con éxito a los primos Miguel y Guillermo Nule (condenados por el Carrusel de la Contratación y Odebrecht), logrando sentencias menores considerando la magnitud del daño que realizaron.
Abelardo De la Espriella cuenta con una fundación de Becas Educativas para evadir ciertos impuestos; se constituyó en 2019, con sede en Barranquilla y Bogotá de la mano de la Universidad Sergio Arboleda, para financiar la carrera de jóvenes que quieran estudiar derecho y posteriormente ser parte de su firma de abogados y de los partidos políticos a fines al uribismo. La fundación la dirige el exgobernador Juan Carlos Gossaín destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por avalar y permitir el desembolso de más de $16.019 millones de pesos a dos Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) por procedimientos médicos destinados a pacientes hemofílicos, sin que existiera un contrato formal o relación contractual vigente con dichas entidades. Estos pagos no cumplían con los parámetros establecidos por el Consejo de Estado para la prestación de servicios de salud, lo que implicó un manejo inadecuado de fondos públicos.
adicional a todo; De la Espriella ha sido señalado como presunto financiador y organizador del esquema de soborno a testigos y las interceptaciones ilegales del DAS para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Velez, operando a través de su socio Diego Cadena (ya condenado por manipulación de testigos).
Este vasto portafolio de clientes cuestionados se refleja en el patrimonio de su firma. De la Espriella Lawyers pasó de un capital de $500,000 pesos en 2003 a $39,000 millones de pesos en 2025.
IV. La Justicia Frente a las Acusaciones y el Salto a la Política
A pesar del cúmulo de acusaciones de narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, De la Espriella ha logrado eludir sistemáticamente la acción de la justicia colombiana.
• En junio de 2009 y abril de 2012, la Fiscalía precluyó investigaciones argumentando que supuestamente los excomandantes lo conocieron en los diálogos de paz.
• Las denuncias por el manejo de fondos en FIPAZ no han generado una investigación formal conocida.
• Las investigaciones por su presunto rol en las chuzadas del DAS y sobornos también han sido precluidas, en un caso notable por su amigo personal, el entonces fiscal general Mario Iguarán.
La Propuesta Presidencial:
En su actual carrera a la Presidencia, su principal propuesta es: legalizar el 10% del patrimonio de narcotraficantes, que entreguen el 90% restante y cumplan condena en Colombia, evitando así la extradición.
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Fotografía: Abelardo de la Espriella (de pie) junto a el narcotraficante convicto Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche” (camisa rosada y primo hermano de Ñeñe Hernández).
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La trayectoria de Abelardo De la Espriella es un mapa de las zonas grises donde se cruzan el derecho, la política, el crimen organizado y la justicia en Colombia. Su carrera, marcada por expedientes judiciales, testimonios de exparamilitares y alianzas con figuras del poder, muestra a un abogado que aprendió a moverse con soltura en la intersección de esos mundos. Mientras consolidaba un imperio legal y político, las investigaciones en su contra se cerraban sistemáticamente. Hoy, con ese mismo pasado a cuestas, aspira a la presidencia, desatando un debate sobre los límites éticos de la representación legal, el peso de la memoria y la idoneidad para gobernar.
Uno de los elementos más persistentes en su biografía pública es su simultánea cercanía con narcotraficantes y con líderes de la derecha política. Durante las negociaciones del gobierno de Álvaro Uribe con las AUC (2005-2006), De la Espriella actuó como asesor y creó la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), que según registros judiciales recibió más de 1.300 millones de pesos provenientes de las autodefensas. Exjefes paramilitares declararon que FIPAZ era “afín a la causa paramilitar” y que difundía el relato favorable a su desmovilización.
En paralelo, De la Espriella ejerció como mentor y enlace del hoy condenado abogado Diego Cadena —acusado de manipulación de testigos— con el expresidente Uribe. Cadena, por su parte, había representado a capos como ‘Don Diego’, ‘Don Berna’ y ‘Otoniel’, consolidando una red jurídica que operaba en los márgenes más sensibles del conflicto armado y el narcotráfico.
En los casos relacionados con paramilitares, su estrategia combinó dos frentes. En los estrados, se concentró en desacreditar testimonios de desmovilizados y en cuestionar formalidades procesales. Fuera de ellos, FIPAZ organizaba foros, publicaciones y ejercicios de cabildeo que promovían la narrativa política de las AUC y atacaban a quienes la contradecían. Esta mezcla de litigio y activismo produjo una plataforma de influencia jurídica y mediática sin precedentes para un abogado privado.
Pese a la gravedad de los señalamientos, las investigaciones formales contra De la Espriella no avanzaron. En junio de 2009, la Fiscalía precluyó un expediente por supuestos nexos con paramilitares, señalando falta de pruebas. En abril de 2012 reiteró la decisión, destacando que los excomandantes lo conocieron únicamente a partir del proceso de paz. Otras denuncias, incluidas las de figuras como “HH” o “Diana”, sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de FIPAZ, nunca derivaron en nuevas imputaciones conocidas.
Este patrón —acusaciones complejas, investigaciones iniciales y posterior archivo— ha alimentado la percepción de que el abogado goza de respaldo en altas esferas del poder judicial. El caso más citado es la preclusión otorgada por su amigo personal, el entonces fiscal general Mario Iguarán.
Otro patrón recurrente que señalan expedientes y testimonios es su modelo de relación con clientes de alto perfil. En casos como DMG o el del narcotraficante “El Mono Abello”, se repite el mismo guion: una intervención intensa durante las primeras etapas —incluido cabildeo costoso para influir en decisiones legislativas o judiciales— seguida de un distanciamiento cuando surge presión institucional o internacional. Varias denuncias coinciden en acusarlo de apropiarse de bienes o recursos de clientes una vez estos son capturados o pierden su influencia, aunque ninguno de estos señalamientos ha culminado en sanciones penales en su contra.
También se ha identificado un círculo estable de colaboradores —entre ellos Diego Cadena y Daniel Peñarredonda— que ejercen tareas de mayor riesgo. Incluso su obra social, una fundación de becas, ha sido vinculada públicamente con personas condenadas por corrupción, como el exgobernador Juan Carlos Gossaín.
Como precandidato presidencial, De la Espriella reivindica su papel en la desmovilización paramilitar y niega haber actuado fuera de la ley. Propone, entre otras ideas, que narcotraficantes y criminales puedan legalizar el 10% de su patrimonio si entregan el 90% restante al Estado, cumplen condenas en Colombia y evitan la extradición. La iniciativa ha provocado rechazo; figuras como el exalcalde Daniel Quintero lo han señalado públicamente como “candidato de los narcos”.
