25/03/2026
En la Corporación Municipal de Pudahuel se ha ido configurando un escenario marcado por denuncias de vulneraciones laborales, irregularidades y decisiones administrativas cuestionadas. Este reportaje reúne algunos casos que dan cuenta de un problema mayor, que sigue sumando nuevos antecedentes.
Trabajadoras del Centro de la Mujer realizaron un paro para exigir condiciones dignas —filtraciones, hongos y plagas— y una mejor atención para sus usuarias. No pedían aumento salarial. La respuesta fue el despido masivo, comunicado por el entonces DIDECO Felipe Morales, bajo el argumento de “mal desempeño político”.
En la Radio TV Comunitaria, una trabajadora denunció acoso laboral. Su jefe, Adrián Leal, le advirtió que si denunciaba sería despedida. Así ocurrió. La sanción para él se limitó a un curso de liderazgo.
Otro caso involucra a Leandro Valencia, ex administrador de la piscina municipal, quien utilizó una camioneta institucional para viajes personales, con TAG y combustible financiados con recursos públicos. No fue desvinculado por probidad, recibió finiquito y posteriormente fue recontratado.
También se han levantado cuestionamientos hacia el secretario general Carlos Maureira, acusado de desvincular mujeres en cargos directivos. A esto se suma el caso de la Biblioteca de Av. San Pablo, donde funcionarias denunciaron exigencias irregulares y jornadas extensas antes de ser despedidas.
Otros testimonios acusan acoso sistemático, filtración de datos sensibles y desvinculación de denunciantes y testigos sin resolución clara.
Las salidas suelen justificarse como “reorganización”, pero tras los despidos surgen nuevos cargos con altos sueldos.
El patrón se repite: quienes denuncian —especialmente mujeres— son apartados, mientras otras faltas reciben sanciones menores. Esto ha impactado la salud mental de trabajadores.
En el marco de la Ley Karin, queda una pregunta abierta: si el progreso se construye así, ¿Buen vivir para quién?
