29/04/2025
Hace dos años Ximena Montaña Velásquez –una de solo dos mujeres entre las 14 personas que integran el Consejo Regional de Magallanes– se atrevió a pedir que la Comisión Especial de Ética investigara faltas al reglamento, por prácticas que impedían el buen debate democrático dentro del CORE.
La respuesta fue una querella de difamación: la táctica de las SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública), usada para intimidar y agotar a quienes alzan la voz frente a abusos.
Estas acciones judiciales no buscan ganar en tribunales, sino desgastar y silenciar, especialmente a mujeres feministas.
Desde entonces, La Comisión Especial de Ética fue impugnada por un recurso que llegó hasta la Corte Suprema, y hoy Martes 29 de abril, Ximena enfrentará juicio simplemente por exigir respeto.
Este caso expone un problema estructural:
A nivel nacional, solo 32 % de las y los consejeros regionales y 16,5 % de las alcaldías están encabezadas por mujeres.
Aunque la Ley Karin obliga a órganos del Estado y empresas a tener protocolos contra el acoso, no necesariamente cubre a autoridades electas: ni consejeras ni concejalas pueden activar esos mecanismos porque no son funcionarias públicas ni trabajadoras regidas por el Código del Trabajo, quedando en un limbo de protección.
Cuando a una mujer se le intenta expulsar de los espacios de decisión, se pone en riesgo a todas. Si normalizamos el castigo judicial por denunciar violencia, retrocedemos décadas en participación política y en democracia.
Hoy no solo se juzga a Ximena: se pone a prueba el derecho de las mujeres a ocupar la palabra y los cargos públicos sin miedo.
Desde la Coordinadora Feminista Punta Arenas llamamos a estar atentas, solidarias y presentes –en redes, en tribunales, en cada espacio– para que ninguna quede sola.
Porque cuando una levanta la voz, respondemos todas.
