28/08/2025
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ATENCIÓN BOLIVIA!
AUTOCONVOCAMOS EL DÍA DE MAÑANA VIERNES 29 DE AGOSTO A LA AUDIENCIA PÚBLICA EN DEFENSA DE LOS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AFECTADOS QUE SE LLEVARÁ A CABO A LAS 9:00 A.M EN SUCRE Y SERÁ TRANSMITIDA DE MANERA VIRTUAL.
EL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL DE BOLIVIA PUEDE UNA VEZ MÁS HACER HISTORIA Y FRENAR EL ECOCIDIO Y TERRICIDIO EN EL PAÍS DE APROBAR LA "ACCIÓN AMBIENTAL DIRECTA DE MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS Y PRECAUTORIAS SOBRE INCENDIOS FORESTALES. 6236/2025".
"Se espera que el Tribunal Agroambiental, actué en defensa de la Constitución y las leyes ambientales, admita esta demanda y ordene las medidas solicitadas para proteger de manera urgente y efectiva la Amazonía y el Chaco boliviano de la amenaza de los incendios forestales."
SI QUIERES ENTERARTE UN POCO MÁS SOBRE LA DEMANDA CIUDADANA. AQUÍ TE COMPARTIMOS EL RESUMEN. ¡SUMATE!
Demanda Ciudadana en Defensa de la Amazonía y el Chaco Boliviano Contra los Incendios Forestales: Un Resumen para la Ciudadanía
Este documento presenta un resumen de una demanda legal que un grupo de ciudadanos voluntarios está interponiendo ante el Tribunal Agroambiental de Bolivia. El objetivo principal de esta acción es buscar la protección urgente de la Amazonía y el Chaco boliviano frente a los devastadores incendios forestales que se repiten año tras año, causando graves daños al medio ambiente, la salud y la vida de todos.
I. ANTECEDENTES: La Urgente Necesidad de Proteger Nuestro Medio Ambiente
Bolivia es hogar de ecosistemas increíblemente valiosos como la Amazonía y el Chaco, que albergan una gran diversidad de plantas y animales, regulan el clima y son fundamentales para la vida de muchas comunidades, incluyendo pueblos indígenas. Sin embargo, estos territorios están siendo gravemente afectados por incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos.
Estos incendios no son solo accidentes; a menudo son provocados por actividades humanas como la expansión de la agricultura y la ganadería a través de quemas y desmontes (tala de bosques). Estas prácticas, en muchos casos incentivadas o permitidas por leyes y normativas, destruyen la vegetación, contaminan el aire con humo que causa enfermedades respiratorias, acaban con la vida silvestre, afectan las fuentes de agua y contribuyen al cambio climático a nivel global.
La situación es crítica y requiere una acción urgente. Si no se toman medidas efectivas para prevenir y controlar los incendios, y para restaurar las áreas dañadas, las consecuencias para el medio ambiente, la salud de las personas y la economía del país serán irreversibles. Esta demanda busca que el Tribunal Agroambiental, como máximo garante de la justicia en temas ambientales, ordene a las autoridades competentes tomar acciones concretas y efectivas para proteger estos valiosos ecosistemas.
II. ANTECEDENTES DE PROCESOS LEGALES ANTERIORES
Este grupo de ciudadanos voluntarios ya recurrió a la justicia en 2019, ante la devastadora situación de los incendios en la Chiquitanía. En aquella ocasión, se presentó una demanda ante el Juzgado Agroambiental de Roboré, solicitando medidas urgentes para proteger la zona, como la declaración de inmovilización forestal y agropecuaria, la prohibición de nuevas quemas y asentamientos, la exigencia de informes sobre autorizaciones ambientales y la implementación de acciones de restauración. Si bien se invocaron leyes y principios ambientales fundamentales, la acción no obtuvo una resolución definitiva en esa instancia.
Posteriormente, en el año 2020, se interpuso una nueva demanda ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental en Sucre. Esta demanda buscaba una protección a nivel nacional y solicitaba, además de medidas cautelares contra quemas y desmontes, la suspensión de leyes y decretos que se consideran perjudiciales para el medio ambiente, así como la activación de procesos penales por delitos ambientales. El Tribunal remitió esta demanda a un juzgado agroambiental en Santa Cruz, sin pronunciarse sobre las medidas urgentes solicitadas a nivel nacional. Estas experiencias previas demuestran la preocupación constante de la ciudadanía por esta problemática y la necesidad de una respuesta judicial efectiva.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Las Leyes que Nos Protegen
Esta nueva demanda se basa en varias leyes y principios fundamentales que protegen el medio ambiente en Bolivia. La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho de todos a un medio ambiente sano y obliga al Estado a protegerlo. También otorga a cualquier persona el derecho de presentar acciones legales en defensa del medio ambiente.
La Ley de la Madre Tierra (Ley N° 071) reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, que deben ser respetados y protegidos. La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley N° 300) establece la obligación de prevenir y reparar los daños ambientales. La Ley Forestal (Ley N° 1700) y sus reglamentos regulan el uso de los bosques y las quemas.
Además, se invoca el principio precautorio, que establece que, ante la duda de un posible daño grave al medio ambiente, se deben tomar medidas para prevenirlo, incluso si no se tiene certeza científica absoluta del daño. También se aplica el principio pro natura (a favor de la naturaleza), que indica que, en caso de duda, se debe fallar a favor de la protección ambiental. El principio de informalismo busca que los procesos judiciales ambientales no sean demasiado estrictos en las formas, permitiendo que se resuelva el problema de fondo. El principio pro actione garantiza un amplio acceso a la justicia en temas ambientales.
Se argumenta que las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad de proteger el medio ambiente y que su inacción o la emisión de normas que permiten o facilitan las quemas y los desmontes incumplen estos deberes legales. Se señala la importancia de la función social de la propiedad privada, que implica que el derecho a la propiedad debe ejercerse de manera responsable, considerando el impacto en la sociedad y el medio ambiente.
Como antecedente jurídico relevante para la presente demanda, se destaca la "demanda del jaguar" (SP-TAA 001/2025 del 17 de marzo de 2025), una acción ambiental directa que solicitó medidas cautelares preventivas y de reparación integral por el daño a la biodiversidad, específicamente para la protección del Jaguar (Panthera onca) y su hábitat. Esta acción legal previa, interpuesta en Bolivia, constituye un precedente significativo al buscar la protección judicial de una especie emblemática y su entorno frente a las amenazas, lo cual inspira y fundamenta la presente demanda, que aspira a una protección ecosistémica más amplia para el Chaco y la Amazonía, reconociendo la interconexión de la vida y la urgencia de evitar daños irreparables causados por los incendios forestales.
IV. PETITORIO: Lo que se Solicita al Tribunal
Ante la grave situación de los incendios forestales y la necesidad de una acción urgente, en esta demanda se solicita al Tribunal Agroambiental que ordene las siguientes medidas:
1. Declarar la responsabilidad histórica por el daño ambiental causado al sistema ecológico y la biodiversidad en la Amazonía y el Chaco boliviano.
2. Ordenar una auditoría detallada de todas las autorizaciones de desmonte otorgadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde su creación.
3. Solicitar al Tribunal Agroambiental que presente una Acción de Inconstitucionalidad Concreta (un pedido formal al Tribunal Constitucional para que revise si ciertas leyes son contrarias a la Constitución) contra varias leyes y decretos supremos que se consideran perjudiciales para el medio ambiente (Ley 337, Ley 741, Ley 1098, Ley 1171, DS 26075, DS 3973, DS 2366 y DS 2400).
4. Ordenar que se active la instancia penal para investigar y sancionar los delitos ambientales relacionados con los incendios, de acuerdo con la Ley del Medio Ambiente (Ley N° 1333).
5. Convocar a Amicus curiae (amigos del tribunal), que son expertos y organizaciones con conocimiento en temas ambientales, para que presenten sus opiniones y ayuden al Tribunal a tomar una decisión informada.
6. Ordenar la Reparación In Natura (restauración del medio ambiente) de las áreas afectadas por los incendios, incluyendo la reforestación con especies nativas, la recuperación de suelos y fuentes de agua, y medidas para que la fauna silvestre regrese a su hábitat. Se pide que se elabore un plan integral con la participación de comunidades locales y expertos.
7. Declarar zona de inmovilización forestal y agropecuaria las áreas afectadas por los incendios en la Chiquitanía, previa inspección judicial y técnica para delimitar la zona.
8. Ordenar la prohibición de nuevas quemas por parte de la ABT y de nuevos asentamientos humanos en las zonas afectadas que puedan dañar el ecosistema o impedir su recuperación.
9. Solicitar a los gobiernos municipales de las áreas afectadas que presenten un informe detallado sobre las acciones de control y prevención de incendios y sobre las autorizaciones ambientales otorgadas.
10. Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y al Gobierno Departamental de Santa Cruz que envíen copias legalizadas de todos los estudios e instrumentos de control ambiental otorgados en los últimos 10 años en las zonas afectadas.
11. Se declare probada la demanda preventiva y se dispongan todas las medidas cautelares necesarias para evitar que el ecosistema, la vida silvestre, la flora, la fauna, los derechos de la Madre Tierra, el derecho a la vida, los recursos hídricos, el aire y la biodiversidad sigan deteriorándose.
