IDG Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad

27/05/2026

Conocida popularmente en Nicaragua como el “viborazo”, es la célebre analogía que fue utilizada por el cardenal Miguel Obando y Bravo durante un sermón pronunciado en octubre de 1996, a pocos días de las elecciones presidenciales. El relato funcionó como una fuerte advertencia política para que los ciudadanos evitaran votar por Daniel Ortega, líder del FSLN.

La parábola cuenta la historia de dos hombres que caminaban y encontraron una víbora casi mu**ta de frío. Uno de ellos decidió recogerla y darle calor, ignorando la advertencia de su compañero sobre la naturaleza peligrosa del animal. Una vez recuperada gracias al calor humano, la víbora revivió y terminó matando a quien la había salvado.

En 1996, Daniel Ortega no volvió al poder, pero lo dejaron mantenerse vigente. En 2007 regresó a la presidencia tras ganar las elecciones de 2006, iniciando el largo ciclo autoritario que convirtió a Nicaragua en una de las dictaduras más duras de América Latina. Muchos analistas señalan a Arnoldo Alemán (Presidente 1997 – 2002) como pieza clave de ese retorno, al haber protegido políticamente a Ortega y facilitado pactos que le permitieron mantenerse en campaña permanente, financiado indirectamente por el Estado, mientras modificaba gradualmente las reglas del juego democrático a su favor.

¿Está pasando algo parecido en Bolivia? ¿Existió un pacto electoral formal entre Evo Morales y Rodrigo Paz?

En mi opinión, definitivamente no. El ascenso de Rodrigo Paz a la presidencia fue más bien una amalgama entre sus votos propios, provenientes de gremiales, comerciantes y sectores de la economía informal y los de Lara, que lograron atraer al voto popular de izquierda que quedó huérfano tras el derrumbe del MAS. A ello se sumó, en segunda vuelta, el voto anti-Tuto. Ese impulso habría sido articulado directamente por Evo Morales, amenazado por el discurso de Jorge Quiroga, quien prometía llevarlo a la cárcel. No necesariamente existió un acuerdo formal, sino más bien un cálculo pragmático de Evo Morales (y no de Rodrigo Paz) durante la campaña.

Nuevamente, como lo vengo mencionando desde hace tiempo, en política existe una máxima brutalmente cierta: si tardas demasiado en tomar una decisión, es que ya tomaste una.

No haber impulsado acciones legales inmediatas contra Evo Morales apenas asumido el gobierno, más que responder a un pacto, parece haber sido un acto de ingenuidad política: creer que la víbora, una vez despierta de su letargo, no morderá.

Los autoritarios no suelen ceder espacios de poder. Quienes sí lo hacen, muchas veces, son los demócratas, creyendo que retirarse, abstenerse o asumir solo una posición moral basta frente a la confrontación política. Aunque esas actitudes nacen de valores legítimos, frente a actores violentos suelen interpretarse como debilidad y terminan abriendo espacio para el avance sobre las instituciones y la ciudadanía. La democracia no solo debe practicarse: también debe defenderse con firmeza, decisión y dentro del marco de la ley.

Evo Morales no dudó en usar todo el poder autoritario. El operativo en el Hotel Las Américas, en 2009, dejó tres mu***os y fue denunciado como ejecución extrajudicial. Luego, el MAS utilizó la narrativa del “terrorismo” para perseguir y neutralizar a opositores y líderes cívicos.

No se pide nada parecido, no hace falta inventarse ningún proceso. Defender la democracia no significa convertirse en autoritario ni transgredir la ley contra los opositores. Al presidente Rodrigo Paz Pereira no se le demanda persecución política ni abuso de poder; se le exige, simplemente, hacer cumplir la ley con entereza, garantizar el orden democrático y asegurar que su gobierno, que es de transición hacia una democracia más fuerte, continúe dentro del marco constitucional.

Diálogo con los sectores vulnerables, como los maestros y el sector salud; atención efectiva y no discursiva a las necesidades ciudadanas. Pero mano dura contra el terrorismo y el crimen organizado internacional que administra la discordia, promueve el caos y le pone más leña al fuego, manipulando y capitalizando las reivindicaciones sociales. El artículo 133 del Código Penal boliviano es claro: terrorismo es “cometer delitos contra la seguridad común, la vida o la integridad para intimidar, mantener en estado de pánico a la población o subvertir el orden constitucional”. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo?

Al final de cuentas, el Estado tiene la obligación de preservar el monopolio legítimo de la fuerza, principio fundamental de la política moderna que reconoce al Estado como la única entidad autorizada para ejercer coerción física dentro de “todo su territorio”. Pero ese ejercicio solo es legítimo cuando se realiza dentro de las atribuciones constitucionales, con apego a la legalidad y pleno respeto a los derechos humanos.

Como lo menciona reiteradamente el periodista Carlos Valverde, Rodrigo Paz no tiene derecho a que le vaya mal. El presidente constitucional, como institución democrática, aún conserva capital político y legitimidad, respaldados por una inmensa mayoría de bolivianos que quiere seguir viviendo en democracia. Pocas veces en la historia contemporánea del país existió una identidad nacional tan clara alrededor de la defensa del orden democrático.
Y ahí vuelve la parábola del “viborazo”. El problema nunca fue únicamente la serpiente, sino el miedo paralizante que le permitió avanzar mientras todos dudaban, relativizaban o miraban hacia otro lado. Bolivia todavía está a tiempo de evitar que el veneno termine por intoxicar a toda la institucionalidad democrática. Pero para eso se necesita un gobierno que deje de administrar la crisis y empiece, de una vez, a gobernar.

19/05/2026

19/05/2026

La crónica de una ingobernabilidad anunciada
Miguel Hernández, consultor y analista político

Bolivia recuperó la democracia el 10 de octubre de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia tras casi dos décadas de dictaduras militares. Desde entonces, el país transitó lentamente hacia el fortalecimiento democrático, con avances imperfectos pero reales en institucionalidad, representación política y construcción de partidos.

Ese proceso quedó profundamente erosionado durante los años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). No solo se debilitaron las instituciones democráticas, también se destruyó lo que comenzaba a consolidarse como un sistema de partidos, persiguiendo, encarcelando y exiliando a los principales operadores políticos; los alfiles que tienden puentes, dialogan, negocian y pactan. Y ahí está, probablemente, el pecado original de la crisis de gobernabilidad que hoy vive Bolivia.

Porque una democracia no se sostiene únicamente en elecciones o libertades políticas. Su estabilidad depende, sobre todo, de partidos políticos sólidos, con ideología, visión de país, cuadros técnicos y capacidad de representación. Los partidos cumplen dos funciones esenciales: canalizar las demandas de la sociedad y competir para conquistar el poder y “gobernar”.

La primera función implica escuchar y transformar las necesidades ciudadanas en políticas públicas. La segunda exige organización, disciplina, liderazgo, formación de cuadros, construcción territorial y capacidad de gestión estatal. Gobernar no es solamente ganar elecciones, es tener un proyecto político capaz de sostener el poder y ejercerlo.

Pero en Bolivia ya casi no existen partidos políticos. Existen “taxi partidos”: vehículos electorales improvisados, sin estructura, sin ideología, sin planes de gobierno y menos con visión de país. Instrumentos temporales al servicio de caudillos o grupos de interés.

Cuando no existe una verdadera estructura partidaria, el financiamiento de campaña termina convirtiéndose en cuotas de poder. El gabinete deja de responder a una visión nacional y pasa a ser un reparto entre sectores, aliados circunstanciales y operadores corporativos. El presidente deja de gobernar con un equipo cohesionado y termina administrando un “Ejecutivo Frankenstein”, donde cada pieza responde a intereses distintos.

Y cuando el presidente no impone una agenda nacional clara, inevitablemente otros actores, con intenciones cuestionables como es el caso de Evo Morales, intentan gobernar desde fuera del sistema político: las calles, los bloqueos, la presión corporativa o el chantaje sectorial.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy.

Las elecciones presidenciales de 2025 estuvieron marcadas por una promesa transversal: reconstruir Bolivia mediante el diálogo y los consensos. Después de años de polarización, desgaste institucional y crisis económica heredada, la ciudadanía esperaba liderazgo y decisiones.

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira arrancó, de hecho, con una medida políticamente arriesgada pero necesaria: eliminar la subvención a los carburantes para acabar con las filas y el desabastecimiento de gasolina. En cualquier otro país de la región, una decisión de esa magnitud habría puesto al gobierno contra las cuerdas.

Sin embargo, Bolivia respondió con relativa madurez. La reducción del déficit fiscal, el acceso a financiamiento internacional y una narrativa inicial de estabilidad generaron una ventana de oportunidad política inédita. Había momentum. Había capital político. Había condiciones para impulsar reformas estructurales.
Pero el gobierno decidió no gobernar.

El diálogo prometido nunca llegó. Las reformas quedaron archivadas. La visión de país desapareció detrás de cálculos políticos y administración del corto plazo, esperando que pasen las elecciones subnacionales. Se optó por preservar el statu quo en lugar de aprovechar el momento para transformar el país.
Y en política, perder tiempo tiene costos enormes.
Porque el poder tiene ventanas muy cortas de legitimidad. Los primeros meses de un gobierno son los únicos donde las sociedades toleran sacrificios si perciben rumbo, liderazgo y propósito. Cuando ese tiempo se desperdicia, el vacío lo ocupan otros actores.

Hoy vemos nuevamente a grupos de presión intentando gobernar desde las calles. Bloqueos, amenazas y chantajes vuelven a marcar la agenda nacional. Y si el país entra en crisis por la abrogación de una ley, cabe preguntarse: ¿qué ocurrirá cuando lleguen las verdaderas reformas pendientes? ¿Qué pasará con las leyes económicas, tributarias, energéticas o de hidrocarburos que el propio gobierno afirma tener listas?

El momentum de noviembre de 2025 ya pasó.

Y en política existe una máxima brutalmente cierta, si tardas demasiado en tomar una decisión, es que ya tomaste una decisión.
Lo lamentable es que la historia boliviana vuelve a repetirse de manera casi cíclica. Gobiernos débiles, alianzas improvisadas, crisis de gobernabilidad y ausencia de partidos reales. Mientras Bolivia siga dependiendo de estructuras caudillistas y proyectos personales, seguiremos atrapados en la misma lógica de improvisación permanente.

No se trata de pedirle peras al olmo. Pero al menos sería deseable que los “dueños” de los partidos tradicionales entiendan que construir nación exige trascender el caudillismo y apostar por organizaciones políticas modernas, democráticas y programáticas.
Porque sin partidos políticos reales no hay gobernabilidad posible. Y sin gobernabilidad, la democracia termina convirtiéndose únicamente en administración de crisis.

17/04/2026

10/04/2026

Gracias, muy interesante la tendencia en America Latina hacia la 2da vuelta, la fragmentación y el pendulo que osila a la derecha, analisis de IDG: https://www.facebook.com/share/p/1Du3H4n5Wt/

Nuestros colegas del programa KAS Partidos y la revista Diálogo Político te invitan a una nueva Mesa de Análisis sobre el escenario electoral en la región.

Perú va a elecciones en medio de fragmentación política y desconfianza ciudadana.
¿Qué está en juego y qué escenarios se abren para el futuro político del país?

Lo analizarán junto a:

🔹 Augusto Townsend () – Fundador de Comité de Lectura
🔹 Francisco Belaunde () – Analista político y académico
🔹 Annette Schwarzbauer () – Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Perú

🧭 Moderador: Daniel Supervielle ()

📅 14 de abril
🕐 15:00 hrs (Bolivia)
💻 Transmisión en vivo vía streaming

🔗 Regístrate aquí: https://forms.office.com/e/KugE2hwzM5

08/04/2026

PERU: La primera vuelta mide la fragmentación. La segunda, el rumbo.

Miguel Hernandez, publicado originalmente en Pendulo Politico

Este domingo 12 de abril, se celebran las elecciones presidenciales en Perú y hay algo que ya parece claro incluso antes de que se abran las urnas: nadie ganará en primera vuelta. Y más allá de nombres o porcentajes, ese dato, aparentemente técnico, revela una tendencia política más profunda que atraviesa hoy a América Latina: la segunda vuelta se ha convertido en la nueva normalidad de sistemas fragmentados y sociedades polarizadas.

Perú no es la excepción, sino la confirmación de una regla que ya vimos en Bolivia y Chile. En los tres casos, el electorado aparece disperso, desconfiado, y cada vez menos dispuesto a otorgar mayorías contundentes en una sola jornada. La política, como la conocemos, ha dejado de producir consensos amplios y ha pasado a organizarse en minorías intensas que obligan a definiciones en balotaje.

En el caso peruano, Keiko Fujimori lidera las encuestas con un 18,1%, una cifra que en otro contexto sería débil, pero que hoy alcanza para encabezar una carrera extremadamente fragmentada de 36 candidatos que compiten por la presidencia. Su fortaleza no radica tanto en el entusiasmo que genera, sino en la persistencia de un “voto duro” que el fujimorismo ha sabido mantener durante décadas. Ese núcleo de voto duro (estimado entre el 10% y el 12%) funciona como piso electoral en un país donde casi todo lo demás es volatilidad.

Sin embargo, el verdadero drama político no está en el primer lugar, sino en la disputa por el segundo. Carlos Álvarez con 12.1%, un outsider con fuerte presencia mediática como humorista, y Rafael López Aliaga con 10.9%, exalcalde de Lima apodado “Porky” y representante de un conservadurismo tradicional, compiten por ese espacio en un virtual empate técnico, siempre dentro del margen de error que reflejan las encuestas. Más atrás, una constelación de candidatos, que va del centro a la izquierda, completa un escenario fragmentado, donde nadie logra despegar con la suficiente claridad como para imponerse en primera vuelta.

La consecuencia es evidente: Perú se encamina a una segunda vuelta que, más que resolver la elección, la redefine. Porque en América Latina, el balotaje ya no es solo un mecanismo electoral; es el momento en que el sistema político se reconfigura, donde las alianzas se improvisan y los discursos se moderan o se radicalizan según la conveniencia y el puro marketing electoral.

Pero hay un elemento adicional que merece atención: el giro ideológico del continente. Si uno observa el mapa regional en perspectiva, empieza a percibirse un cambio de timón hacia posiciones más conservadoras o de derecha. No se trata de un fenómeno uniforme ni lineal, pero sí de una tendencia que gana terreno.

En Chile, tras el experimento progresista de Gabriel Boric, el debate público ha comenzado a girar hacia el orden, la seguridad y la estabilidad económica. En Bolivia, el desgaste del MAS, su corrupción y las tensiones internas han abierto espacio para discursos alternativos como el de Rodrigo Paz. Y ahora, en Perú, los principales contendores con opciones reales se ubican claramente en el espectro de la derecha o el conservadurismo.

¿Estamos ante un nuevo ciclo político en América Latina? Es pronto para afirmarlo con certeza, pero hay señales consistentes. Después de una ola progresista que dominó buena parte del siglo XXI, y de un péndulo posterior hacia liderazgos más duros, la región parece entrar en una fase de reajuste donde el electorado prioriza certezas sobre promesas.

En ese contexto, la segunda vuelta juega un rol clave. Obliga a elegir no entre múltiples opciones, sino entre dos proyectos definidos. Y en esa simplificación, muchas veces se impone el voto “en contra” antes que el voto “por”. Es decir, se vota menos por convicción y más por rechazo al adversario.

Ese fenómeno también explica la resiliencia de figuras como Keiko Fujimori. A pesar de sus derrotas previas en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021, su presencia constante en el escenario político le permite capitalizar un electorado que, aunque limitado, es disciplinado. La pregunta es si esta vez logrará romper el techo que históricamente le ha impedido llegar al poder.

Por otro lado, la irrupción de Carlos Álvarez (El humorista) revela otra tendencia contemporánea: la política como espectáculo. Su buen desempeño en debates y su capacidad comunicacional contrastan con perfiles más tradicionales, mostrando que, en contextos de alta fragmentación, la visibilidad puede ser tan decisiva como la estructura partidaria.

Mientras tanto, la izquierda peruana aparece rezagada, aunque no necesariamente fuera de juego. La posible subrepresentación de zonas rurales en las encuestas deja abierta una puerta de incertidumbre. Sin embargo, incluso en el mejor de los escenarios, su capacidad de disputar el poder parece hoy más limitada que en ciclos anteriores.

Así, Perú llega a estas elecciones no solo con incertidumbre sobre quién gobernará, sino con una certeza mayor: el sistema político ya no produce mayorías claras. Y en ese vacío, la segunda vuelta deja de ser una excepción para convertirse en regla.

Lo que está en juego este 12 de abril no es solo la presidencia peruana, sino una pieza más en el tablero latinoamericano. Un tablero donde el péndulo sigue moviéndose, donde las certezas ideológicas se diluyen y donde la política, cada vez más, se decide en dos tiempos.

La primera vuelta mide la fragmentación. La segunda, el rumbo.

Y todo indica que ese rumbo, al menos por ahora, apunta hacia la derecha.

06/04/2026

Artículo en la bio

06/04/2026

PERIODISMO DE INVESTIGACION YA!

Publicado originalmente en : https://correodelsur.com/pendulo-politico
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Miguel Hernandez
Consultor y analista político

Ustedes probablemente han escuchado alguna vez la parábola de la manada de elefantes. Tranquilos, felices, jugando con sus crías a orillas de una laguna, cuando de pronto una avioneta irrumpe en el cielo con el rugir de sus motores. El estruendo desata el caos, los elefantes corren, se dispersan, barritan con pánico. Pero apenas la avioneta desaparece en el horizonte, todo vuelve a la normalidad. La manada regresa al agua y continúa como si nada hubiera ocurrido.

¿Por qué? … es que en esa manada no había un elefante periodista. Nadie que preguntara qué era esa máquina, de dónde venía, si representaba una amenaza o una oportunidad. Nadie que investigara, que conectara los hechos, que advirtiera sobre posibles riesgos futuros. Sin memoria, sin análisis, sin cuestionamiento, el episodio se disuelve en el olvido.

Más allá de lo anecdótico, la parábola encierra una verdad incómoda, sin una sociedad civil activa y sin periodismo que investigue y cuestione, las democracias corren el riesgo de comportarse como esa manada. Reaccionan ante el sobresalto, pero no aprenden, no previenen, no mejoran.

En términos formales, los de los indicadores democráticos, sabemos que una democracia se mide por ciertos atributos básicos:

Elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, acceso a cargos públicos, libertad de expresión, diversidad de fuentes de información y autonomía asociativa. Es decir, no basta con votar; es indispensable que los ciudadanos puedan también oponerse, cuestionar y controlar a quienes ejercen el poder.

En ese marco, los cargos públicos por elección garantizan el carácter representativo del sistema. Permiten que cualquier ciudadano, bajo reglas claras, pueda aspirar al poder, y que los electores ejerzan control sobre las decisiones políticas. Pero este control no se agota en las urnas. La democracia no es un acto periódico; es un ejercicio cotidiano.

Aquí entra en juego la libertad de expresión, uno de los pilares más sensibles y determinantes. No se trata únicamente del derecho a hablar, sino de la posibilidad real de pensar de manera autónoma, de criticar, de exigir explicaciones. Es el derecho a “dar cuenta” y, sobre todo, a “pedir cuentas”.

A su vez, el acceso a fuentes alternativas de información evita los monopolios ideológicos, políticos o económicos. Cuando la información se concentra, la democracia se debilita. La pluralidad informativa, en cambio, abre el espacio para una opinión pública más consciente, más exigente y, en definitiva, más libre.

Sin embargo, estos elementos no operan por sí solos. Requieren actores que los encarnen y los ejerzan. Y ahí es donde la sociedad civil, y particularmente el periodismo, cumplen un rol insustituible.
Pero conviene hacer una distinción crucial. No estamos hablando únicamente de denuncias coyunturales o de la noticia inmediata, la corrupción del día, la crisis puntual, el escándalo pasajero, la gasolina en mal estado, el caso maletas, el avión siniestrado, o la anulación de las elecciones en San Ignacio. Estamos hablando de periodismo de investigación: ese trabajo profundo, sistemático, muchas veces silencioso, que no solo revela hechos, sino que construye contexto, identifica patrones y desnudas estructuras de poder corrupto.

La diferencia no es menor. Las denuncias informan, la investigación transforma. Los titulares impactan, las investigaciones incomodan y en ocasiones, cambian el rumbo de países enteros. Basta recordar los Panama Papers o el entramado de corrupción continental de Odebrecht, que no solo expusieron irregularidades, sino que reconfiguraron agendas políticas y judiciales en múltiples naciones.

En contraste, Bolivia ha desarrollado de manera limitada este tipo de periodismo. Y no necesariamente por falta de talento o vocación, sino por un conjunto de restricciones estructurales que lo dificultaron por 20 años, pero que aún no se diluyen. Medios de comunicación condicionados por intereses políticos o económicos, presiones indirectas a través de la pauta publicitaria, amenazas, persecuciones judiciales, asfixia tributaria. A ello se suma una realidad incómoda, el periodismo de investigación no siempre “vende” como lo hace la noticia sensacionalista o el espectáculo.

Sin embargo, lo que no siempre genera rentabilidad inmediata, sí construye prestigio, credibilidad y, sobre todo, institucionalidad democrática. El periodismo de investigación eleva el estándar del debate público, obliga a los gobernantes a rendir cuentas y fortalece los mecanismos de control social.

También es cierto que este tipo de periodismo implica riesgos. No solo económicos, sino personales. La seguridad de quienes investigan, de sus fuentes y de sus entornos, suele estar en juego. Por eso, su desarrollo no depende únicamente de la voluntad de periodistas valientes, sino de un ecosistema que lo proteja y lo valore.

Si queremos avanzar hacia una democracia de mayor calidad, no basta con garantizar elecciones periódicas. Es imprescindible fortalecer las instituciones que permiten el control de la acción pública y la libertad de expresión en su sentido más profundo. Esto implica un Estado que no solo tolere, sino que promueva el escrutinio, que entienda que la crítica no debilita, sino que corrige y fortalece al gobernante.

La vara, en este sentido, debe ser alta. La experiencia reciente, en la era del MAS ha demostrado que cuando estos mecanismos se debilitan, el poder tiende a concentrarse y a volverse menos eficiente, menos transparente y menos responsable.

¿Queremos seguir reaccionando como una manada que olvida, o aspiramos a construir una comunidad que entiende, cuestiona y mejora?

Avanzar en democracia, el elefante que falta, ese que pregunta, investiga, pide cuentas y conecta los puntos, no es un lujo. Es una necesidad.