12/06/2026
El pasado 2 de junio participamos, a partir de la invitación del Área de Género de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNPSJB, de un “Taller” sobre líneas de atención ante situaciones de violencia de género. Escribimos con comillas porque no podemos dejar de señalar nuestro desconcierto ante una dinámica que fue meramente expositiva (de referentes de distintas instituciones estatales) sin que se abra ni unos pocos minutos la instancia de preguntas e intercambios. Quedamos con muchos interrogantes y continuamos con las mismas o más preocupaciones que tenemos desde hace años. Por ello queremos socializar un resumen de nuestra intervención ese día:
La Cátedra Abierta de Género se conformó en el 2012, a partir de la confluencia de personas con militancias en diferentes sectores dentro y fuera de la universidad. En ese momento, antes de la masividad del Ni una menos de 2015, nos empezamos a encontrar en las calles y comenzamos a formarnos y a construir colectivamente una perspectiva que luego devino feminista.
Los saberes, las discusiones que fuimos teniendo e incorporando junto a las experiencias organizativas que impulsamos, abrevan en la historia de los feminismos. Y decimos esto porque permanentemente escuchamos discursos que señalan al 2015 como el inicio de la lucha contra la violencia de género en Argentina, o de la lucha feminista. Pero los feminismos tienen muchos más años de historia en el mundo, y a su práctica política y teórica le debemos la formulación de muchos términos que hoy retomamos para disputar múltiples sentidos y le debemos también, la potencia en las calles.
Nosotrxs retomamos esa tradición política. Y si bien nos seguimos nombrando como “cátedra”, entendemos que el rol de los espacios como las cátedra abiertas no es la “curricularización”, sino es el de traspasar los muros de la institucionalidad, para sostener en la práctica la vinculación de la universidad con las demandas sociales.
Desde el espacio de la Cátedra Abierta de género, participamos en diferentes instancias de con organizaciones sociales y feministas locales, intervinimos en, por ejemplo, los juicios por el femicidio de Yanina Treuquil en Trelew, y el de Nilda Ávila. En ese momento entendimos que era necesario acompañar a sus familiares y amigxs, y lo hicimos también para dar una disputa dentro del poder judicial, para que se retome la tan mencionada perspectiva de género, que desde muchas instituciones se dice, pero luego en la práctica no siempre se sostiene.
Dentro de la universidad, antes de que se sancionara la Ley de identidad de género, impulsamos, junto a sectores estudiantiles, una resolución del Consejo Superior para que las personas trans fueran nombradas por su nombre autopercibido. Hoy, incluso con una Ley que tiene años de existencia, sabemos que hay docentes que siguen sin respetar ese derecho. Cuando hablamos de violencia de género, también hablamos de estas cosas. También redactamos en colaboración con compañerxs del colectivo transtravesti, la adhesión a la Ley del Cupo laboral para personas Travestis, Trans, Transexuales y Transgénero que establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos laborales. Dicha Resolución se aprobó en 2021 y todavía estamos esperando que nos convoquen para avanzar en su aplicación
Y por supuesto, llegamos a la instancia de sanción del Protocolo contra las violencias en la universidad, normativa que ayudamos a redactar en sendas reuniones que llevaron 6 años de discusión con todos los sectores. Pero que aún no fue reglamentada en lo particular desde el Consejo Superior, y cuya aplicación todavía encuentra muchas falencias. No hablamos solamente de falta de presupuesto (aunque sí, falta presupuesto), hablamos de falta de una perspectiva, que implique no revictimizar a quienes denuncian hechos de violencia.
El Programa aprobado en 2019 se propone no solamente un protocolo para “erradicar la violencia de género” tal como dice su artículo 2 en el que habla de los objetivos, sino que además se compromete a tener una política transversal de capacitación, docencia, investigación y comunicación institucional que sea realizado desde una perspectiva de derechos humanos de género. Sin embargo no se generó ninguna estructura con equipos especializados que elaboren un diseño y un plan de aplicación para esta tarea inmensa de incidir en todas las áreas de la institución para transformar la vida universitaria.
En relación a lo que refiere al Protocolo específicamente, tampoco se han cumplido las características en el abordaje y tratamiento de las denuncias que allí se especifican: abordaje integral e interdisciplinario, celeridad, respeto y confidencialidad y la no revictimización que ya mencionamos. Hay una denuncia colectiva que tiene 7 años sin resolverse, en otras facultades las denunciantes han quedado expuestas completamente en los Consejos Directivos, otras personas -docentes y estudiantes- han desestimado las denuncias ante la falta de definiciones claras. Por lo que está claro que más que revisar las normativas existentes se debe pensar en reclamar una verdadera aplicación, lo que implicaría equipos capacitados y en cantidad suficiente y en cada una de las sedes para que su realización se concrete de manera situada, tal y como se expresa en la misma Resolución.
