07/08/2026
🔵 MILEI CONTRA EL PUEBLO: HAMBRE, AJUSTE, ODIO, REPRESIÓN Y ENTREGA...
Desde la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy expresamos nuestro más enérgico repudio a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, a la violencia ejercida ayer contra quienes se manifestaban frente al Congreso de la Nación y al rumbo de un proyecto político que, bajo el discurso de la libertad, viene profundizando la desigualdad, la precarización y el deterioro de las condiciones de vida de millones de argentinos.
Ayer, mientras el Senado debatía una ley que modifica aspectos centrales vinculados con la propiedad privada, miles de personas se movilizaron para expresar su rechazo. Y frente a una sociedad que ejercía su derecho constitucional a manifestarse, la respuesta volvió a ser la represión.
No podemos naturalizarlo.
No podemos aceptar que reclamar por la soberanía, por la tierra, por la vivienda y por los derechos sociales sea respondido con palos, gases, violencia y persecución.
Una democracia no puede tener como respuesta frente al reclamo popular la represión.
La protesta social es un derecho. Y cuando un pueblo sale a la calle porque siente que sus derechos están siendo vulnerados, el Estado tiene la obligación de escuchar, no de atacar.
Lo ocurrido ayer resulta todavía más grave porque sucedía mientras el Congreso debatía un proyecto que forma parte de una orientación política que nos preocupa profundamente.
El Senado dio media sanción a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica mecanismos vinculados con las expropiaciones y los desalojos. Aunque durante el debate fueron retirados los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, esos intentos no pueden ser ignorados.
Porque no se trata solamente de discutir una norma.
Se trata de discutir qué país queremos.
Se trata de preguntarnos quiénes podrán acceder a la tierra, quiénes podrán conservarla, quiénes tendrán posibilidades reales de acceder a una vivienda y qué herramientas tendrá el Estado para defender el interés colectivo frente a los grandes intereses económicos.
Cuando se habla de acelerar desalojos, detrás de una palabra jurídica hay una familia.
Hay trabajadores que alquilan.
Hay jubilados.
Hay jóvenes.
Hay niños.
Hay personas que todos los meses hacen cuentas para llegar a fin de mes y que, en una economía marcada por la pérdida del poder adquisitivo, pueden quedar cada vez más expuestas a perder su vivienda.
Por eso, desde nuestra perspectiva de derechos humanos, no podemos mirar la propiedad privada de manera aislada. El derecho a la propiedad debe convivir con el derecho a una vivienda digna, con el derecho al trabajo, con el derecho a la alimentación y con el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales.
Tampoco podemos permanecer indiferentes frente al intento de flexibilizar las restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras.
Aunque ese capítulo fue retirado del proyecto durante la sesión, el intento existió. Y cuando se habla de tierras rurales, de territorios estratégicos y de recursos naturales, no estamos hablando simplemente de una operación comercial.
Estamos hablando de soberanía.
Argentina no puede convertirse en una enorme superficie disponible para que capitales extranjeros compren territorios estratégicos mientras millones de argentinos tienen dificultades para acceder a una vivienda, a un empleo digno o incluso a una alimentación adecuada.
La tierra no puede ser pensada únicamente como una mercancía.
Es territorio.
Es producción.
Es identidad.
Es soberanía.
Es patrimonio de las generaciones presentes y futuras.
Y en provincias como Jujuy, donde las comunidades indígenas y campesinas llevan generaciones defendiendo sus territorios, esta discusión adquiere una dimensión todavía más profunda.
Pero el problema no termina allí.
Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, la palabra "ajuste" se convirtió en una realidad cotidiana para amplios sectores de nuestra sociedad. La educación, la salud, las universidades, los trabajadores, los jubilados y las políticas públicas destinadas a garantizar derechos han sido colocados permanentemente bajo la lógica del recorte.
Los docentes salieron recientemente a las calles para reclamar salarios dignos y la recuperación de derechos, en un conflicto que expresa una crisis que atraviesa a todo el sistema educativo.
Y mientras el pueblo reclama, el Gobierno insiste en pedir sacrificios.
Siempre sacrificios para los mismos.
Que el trabajador espere.
Que el jubilado espere.
Que el docente espere.
Que el estudiante espere.
Que quien alquila espere.
Que quien necesita atención médica espere.
Pero mientras tanto, se promueven reformas destinadas a desregular, flexibilizar y garantizar mayores condiciones de libertad para el capital.
Entonces cabe preguntarse: ¿quién es realmente la casta que tanto se prometió combatir?
Porque el Gobierno llegó al poder denunciando a la "casta" y prometiendo que el ajuste lo pagarían quienes tenían privilegios.
Sin embargo, hoy son los trabajadores, los jubilados, los docentes, los estudiantes, las familias que alquilan y los sectores populares quienes sienten con mayor intensidad el peso de las políticas económicas.
Y cuando quienes gobiernan dicen que el sacrificio es inevitable, pero el sacrificio siempre recae sobre los mismos sectores, la pregunta deja de ser política y pasa a ser profundamente humana.
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo se puede exigir más esfuerzo a quienes ya no tienen más para entregar?
¿Hasta cuándo se puede justificar el hambre, la precariedad y la pérdida de derechos en nombre de una supuesta libertad?
¿Hasta cuándo se puede convertir al que reclama en enemigo?
Desde la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy también repudiamos el discurso de odio que atraviesa buena parte de la comunicación oficial.
No creemos que quien piensa diferente sea un enemigo.
No creemos que un trabajador que reclama un salario digno sea un privilegiado.
No creemos que un jubilado que pide una jubilación que le permita vivir sea un obstáculo para el desarrollo.
No creemos que una organización social que reclama alimentos sea una amenaza.
No creemos que un ciudadano que se manifiesta frente al Congreso deba ser reprimido.
Una sociedad democrática se construye con diferencias, con discusión, con participación y con respeto.
No con odio.
No con violencia.
No con persecución.
No con miedo.
Y tampoco podemos permanecer indiferentes ante una política exterior y económica que coloca cada vez más el destino de nuestros recursos y sectores estratégicos bajo la mirada de grandes capitales internacionales.
La apertura indiscriminada, la desregulación y la búsqueda permanente de inversiones sin una política firme de defensa de los intereses nacionales pueden terminar convirtiendo nuestros recursos estratégicos en negocios para unos pocos.
El país no puede ser administrado como si fuera una empresa privada.
Argentina tiene trabajadores, tiene comunidades, tiene historia, tiene territorio, tiene recursos naturales y tiene una soberanía que debe ser defendida.
La patria no es una mercancía.
Desde Jujuy, una provincia que conoce demasiado bien las consecuencias de los modelos de concentración, de entrega y de exclusión, levantamos nuestra voz.
Repudiamos la represión de ayer.
Repudiamos las políticas que profundizan el hambre y la desigualdad.
Repudiamos el discurso de odio.
Repudiamos todo intento de convertir los derechos sociales en privilegios.
Repudiamos cualquier proyecto que ponga nuestros territorios y recursos estratégicos al servicio de intereses ajenos al pueblo argentino.
Y repudiamos una concepción del Estado que parece encontrar siempre recursos para garantizar las condiciones del mercado, pero que encuentra excusas cuando se trata de garantizar derechos.
No queremos un país donde unos pocos puedan acumular cada vez más mientras millones deben resignar cada vez más.
Queremos un país donde trabajar alcance para vivir.
Donde jubilarse no signifique caer en la pobreza.
Donde estudiar sea un derecho y no un privilegio.
Donde la salud no dependa del bolsillo.
Donde tener una vivienda sea una posibilidad real.
Donde la tierra y los recursos naturales sean defendidos como patrimonio nacional.
Y donde manifestarse no sea motivo de represión.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy sostenemos que no hay libertad verdadera cuando existe hambre; no hay igualdad cuando unos pocos concentran mientras la mayoría pierde derechos; y no hay democracia plena cuando la protesta popular es respondida con violencia.
El pueblo argentino ya hizo demasiados sacrificios.
Ya no se puede seguir pidiendo paciencia a quienes tienen hambre, mientras se les ofrece libertad económica a quienes concentran riqueza.
La dignidad no se negocia.
Los derechos no se recortan.
La soberanía no se entrega.
Y la protesta no se reprime.
LA PATRIA NO SE VENDE.
LOS DERECHOS DEL PUEBLO NO SE NEGOCIAN.
BASTA DE AJUSTE, HAMBRE, ODIO Y REPRESIÓN.
