20/09/2026
“Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”
Virginia Aparicio lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Balcarce del INTA. Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del organismo y del Conicet, desarrolló buena parte de su carrera científica en el estudio de la presencia de agroquímicos en distintas matrices ambientales y biológicas.
Su situación laboral, sin embargo, atraviesa actualmente un escenario de incertidumbre. Desde comienzos de 2025 enfrenta un sumario administrativo vinculado con su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que buscó determinar la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas.
Según explicó su abogado, Mario Bolla, la propuesta de sanción contempla la exoneración, la medida disciplinaria más grave dentro de la administración pública nacional. De concretarse, Aparicio no solo perdería su puesto en el INTA, sino que además quedaría inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado nacional. La decisión, de acuerdo con el material, todavía no había sido formalmente notificada.
El proyecto SPRINT comenzó a gestarse en 2018 y fue aprobado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Argentina fue el único país extracomunitario que participó de la investigación. La primera etapa incluyó la búsqueda de 209 plaguicidas en diferentes matrices ambientales, animales, vegetales y humanas. En el país participaron 73 personas de ciudades, localidades y establecimientos agropecuarios.
El vínculo entre el INTA y el proyecto comenzó a deteriorarse cuando estuvieron disponibles los primeros resultados, durante 2023. Finalmente, el organismo decidió discontinuar su participación en SPRINT en diciembre de ese año.
Aparicio sostiene que las mediciones detectaron determinados plaguicidas en distintas matrices, entre ellas suelo, sangre, materia f***l, o***a e hisopos nasales. Al mismo tiempo, remarca que detectar la presencia de una sustancia no implica automáticamente demostrar un daño sobre la salud, sino que permite conocer la exposición y evaluar riesgos.
La defensa de la investigadora rechaza las acusaciones formuladas en el sumario. Entre los ocho hechos que se le imputan figura un supuesto “grave perjuicio material” para la administración pública, planteo que su abogado cuestiona, entre otros motivos porque el financiamiento del proyecto provenía de Europa.
Mientras espera una definición, Aparicio asegura que su situación ya tuvo consecuencias en el ámbito laboral y afirma que varios de sus colegas dejaron de acercarse por temor a sufrir una situación similar.
La investigadora sostiene que no quiere abandonar el organismo en el que se formó profesionalmente y donde desarrolló más de veinte años de trabajo. Pero también lamenta el tiempo que, según afirma, debió destinar a defenderse y que le impidió continuar con el trabajo iniciado junto a productores a partir de los resultados de SPRINT.
Para Aparicio, el objetivo de investigar la presencia de agroquímicos debería ser, antes que construir posiciones a favor o en contra, obtener información que permita conocer los riesgos y eventualmente mejorar las prácticas productivas. “Corregir eso es fundamental y no lo podés corregir si no lo medís”, sostuvo.
