23/05/2026
"El eco de 1810: el derecho a saber y el deber de involucrarse.”
Por Javier L. Manzo - Fundación para el Desarrollo Entrerriano (FUNDER)
Si miramos de cerca los hechos de 1810, la Revolución de Mayo no fue un evento romántico y estático, se trató de un acto de gran audacia ciudadana. Fue el momento exacto en que un grupo de personas decidió dejar de ser espectadores de su propio destino para convertirse en protagonistas del inicio de nuestra independencia.
Para estas fechas suele repetirse la frase que se supo utilizar en aquellos tiempos: "El pueblo quiere saber de qué se trata". Desde siempre nos imaginamos a la multitud bajo la lluvia esperando un anuncio desde el Cabildo, pero en realidad, esa frase expone un derecho fundamental: el derecho a saber. Aquellos criollos entendieron que, para decidir, primero hay que estar informados. Entendieron que el secreto y las decisiones tomadas a puertas cerradas por unos pocos solo benefician a los que ya tienen el poder.
Hoy, a más de dos siglos de aquella gesta, esa premisa sigue más viva que nunca. "Meterse" en los asuntos públicos no es una opción para unos pocos apasionados de la política, es una necesidad vital para la supervivencia de cualquier comunidad. Cuando elegimos la indiferencia, cuando nos encogemos de hombros y decimos "que decidan ellos" o simplemente “no me interesa”, estamos entregando a otros nuestra cuota de soberanía. Y la historia nos demuestra que cuando el ciudadano retrocede, el espacio público lo ocupan los intereses de unos pocos.
Desde la Fundación para el Desarrollo Entrerriano estamos convencidos de que el desarrollo de una región no se mide solo en obras de infraestructura o índices económicos, sino en la calidad de su tejido social. Y ese tejido se teje participando.
Participar no es solo afiliarse a un partido político. La ciudadanía se ejerce en un entramado social mucho más amplio y diverso: desde la gestión de un club de barrio, la participación en organizaciones intermedias, en una cooperadora escolar o con la participación activa de los estudiantes en sus actividades educativas. Estos ámbitos constituyen el corazón de nuestra democracia. Son los espacios fundamentales donde aprendemos a dialogar en la diferencia, a coordinar esfuerzos, a practicar la empatía y a comprender que el bienestar común se construye transformando las dificultades del vecino en una causa compartida.
Nuestro país necesita, nuevamente, una sociedad activa, despierta e involucrada en el mundo que la rodea. Tenemos que “rebelarnos” contra esa cultura de la queja pasiva que espera que todas las soluciones bajen mágicamente desde los escritorios de un gobierno. Ningún gobernante, por más iluminado o de buenas intenciones que sea, puede resolver los desafíos de una comunidad si esta decide cruzarse de brazos.
Hoy vemos cómo las gestiones de gobierno suelen quedar atrapadas en la coyuntura, desbordadas por urgencias. Es la ciudadanía organizada la que debe acompañar para establecer las verdaderas prioridades y señalar las necesidades concretas de nuestro territorio. El Estado tiene la obligación de gestionar el presente, pero también de mirar al futuro, y para que esa mirada sea acertada, la participación comunitaria es la única garantía de éxito.
Desde las instituciones intermedias y la sociedad civil tenemos la capacidad de generar esos espacios de participación. La participación efectiva no requiere burocracia, requiere la decisión de las instituciones de abrir canales y la voluntad de los ciudadanos de ocuparlos con propuestas serias.
Este 25 de mayo, el mejor homenaje que podemos hacerle a aquellos hombres y mujeres que en 1810 se juntaron en la plaza a exigir respuestas, es volver a involucrarnos. Participar es el derecho que nos hace libres, pero también la responsabilidad que nos hace ciudadanos. No dejemos que otros decidan por nosotros el futuro y, por sobre todas las cosas, el presente que nos merecemos vivir.
