02/03/2026
La situación nacional es crítica. El gobierno de Javier Milei viene descargando un brutal ajuste sobre la educación pública: recorte de fondos, abandono de la paritaria nacional docente, desfinanciamiento de programas socioeducativos, ataque a la universidad pública y pérdida acelerada del poder adquisitivo de nuestros salarios frente a la inflación. Se gobierna para el mercado mientras se desmantelan derechos conquistados durante décadas.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof administra la crisis sin medidas de fondo en favor de las y los trabajadores. Las paritarias corren por detrás de los precios, la sobrecarga laboral se profundiza y las condiciones edilicias siguen siendo una deuda en muchas escuelas. No alcanza con el discurso de “resistir” el ajuste nacional si en la provincia no se toman decisiones políticas que prioricen verdaderamente a la educación pública y a quienes la sostenemos todos los días.
Además, si realmente se pretende enfrentar el ajuste con una orientación distinta, es necesario avanzar en políticas estructurales que modifiquen la matriz de financiamiento provincial. La provincia más rica del país no puede seguir descargando el peso de la crisis sobre salarios y servicios públicos mientras los grandes grupos económicos, el sector financiero y los principales terratenientes mantienen niveles de rentabilidad elevados. Se necesitan medidas concretas: una reforma impositiva progresiva y permanente, gravámenes efectivos a las grandes fortunas radicadas en la provincia y mayores cargas a la especulación inmobiliaria y financiera. Que la crisis la paguen quienes se han beneficiado durante años del modelo de concentración y no quienes vivimos de nuestro trabajo. Sin tocar esos intereses concentrados, cualquier discurso en defensa de la educación queda limitado a la administración de la escasez.
Al mismo tiempo, la conducción celeste/violeta del SUTEBA actúa como sostén del gobierno provincial, funcionando de los dos lados del mostrador: como sindicato y como garante de la gobernabilidad del ajuste. Necesitamos una representación sindical que esté del lado de las bases, que consulte y organice, no que firme a la baja y desmovilice.
Paramos porque defendemos la escuela pública. Paramos por salario digno, por condiciones de trabajo y estudio, por presupuesto educativo y por el derecho social a la educación.
Convocamos a la comunidad educativa y a las familias a acompañar esta medida de fuerza. Cuando las y los docentes luchamos, no es solo por nuestro salario: es por la educación de nuestros pibes y pibas, por una provincia y un país donde la escuela pública sea prioridad real y no variable de ajuste.
La salida no es individual. Es colectiva, organizada y en las calles.