18/06/2026
ATE demandó al Gobierno por utilizar fondos jubilatorios para financiar despidos empresariales
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de una parte de la Reforma Laboral sancionada recientemente, al considerar que desvía recursos de la seguridad social para financiar despidos empresariales a través del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
La acción judicial apunta específicamente contra el artículo 76 de la Ley N.º 27.802 y el artículo 24 del Decreto 408/2026, normas que habilitan un mecanismo mediante el cual las empresas pueden descontar de sus contribuciones previsionales los aportes destinados al FAL. Según denunció el sindicato, esta medida implica una transferencia de recursos del sistema jubilatorio hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la implementación de este esquema. “Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, sostuvo el dirigente, quien alertó que la iniciativa podría profundizar el deterioro financiero del sistema previsional argentino.
Desde el sindicato señalaron que el nuevo mecanismo modifica de manera sustancial la lógica de las indemnizaciones laborales. En lugar de que sean afrontadas directamente por los empleadores al momento de un despido, pasarían a ser cubiertas por un fondo alimentado con recursos que hoy integran el sistema de seguridad social.
ATE sostiene que esta medida representa un desfinanciamiento multimillonario para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), estimado en al menos 3.000 millones de dólares anuales. Según los cálculos difundidos por la organización, si los aportes al FAL alcanzan el porcentaje máximo previsto por la ley, el sistema previsional podría perder hasta un 16,5% de sus ingresos.
La Presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Noelia Guzmán, expresó su preocupación por el impacto que tendría la medida sobre los actuales y futuros beneficiarios del sistema. “Si no frenamos esto ahora, mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras. Es un ataque directo a la Seguridad Social”, afirmó.
La presentación judicial fue realizada como una acción colectiva en representación de jubilados, pensionados y trabajadores aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, ATE solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas cuestionadas mientras se resuelve el fondo de la causa.
Desde la organización sindical argumentan que la legislación vulnera derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección integral del trabajo y de la seguridad social, así como diversos tratados internacionales de derechos humanos vinculados a la protección de las personas mayores.
La demanda se suma a una serie de acciones impulsadas por organizaciones sindicales y de jubilados que vienen cuestionando distintos aspectos de la Reforma Laboral, advirtiendo sobre sus consecuencias en materia de empleo, derechos laborales y sustentabilidad previsional.
Para ATE, el debate trasciende el ámbito jurídico y pone en discusión el futuro del sistema de seguridad social argentino, en un contexto donde millones de jubilados continúan enfrentando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de sus haberes.
