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Compromiso Ambiental Cafayate, Güemes Norte 429, Cafayate (2026)

07/08/2026

"Cuando los sueños se convierten en pesadillas”
POR SI NO LO VISTE.

Sobrevolando viejas rememoranzas, encontré en mi gastada memoria, cuando conocí la costa rioplatense, recuerdo que el Abuelo me dijo "cepillo, el domingo veni temprano que vamos a la fiesta de la vendimia", se trataba de un corredor productivo que iba de Avellaneda a Quilmes.

Mucho después supe que más que gustarle ese vino de la costa, el Abuelo, visitaba paisanos venidos de Génova, que con sus manos Italianas, esculpidas por los cayos, construyeron un sueño, su paraíso, bajo la tutela de la Virgen de la guardia.

"Los terrenos cenagosos de la costa de la provincia de Buenos Aires de la ribera del Río de la Plata, merced al esfuerzo y la obra tesonera del Tano, del hombre; no solo dan uva para vinificar, sino que también siembran hortalizas; los mejores tomates; peras de la mejor calidad; ciruelas exquisitas que también se convierten en vino, se debe consumir rápidamente, ya que al poco tiempo se pica; además de gran cantidad de pomelos, manzanas, membrillos, etc., todo esto se consume en el Gran Buenos Aires. Se trata de una importante fuente de producción de alimentos de capital importancia y gravitación para la crecida y creciente, población de la zona.

La gente que ha transformado esa costa antes inútil en un verdadero vergel, un emporio frutícola y un vino valorado en vastas regiones del mundo. "Isabella" era la vid, traída en barco con sus esquejes metidos en papas para no secarse. Uva chinche le decíamos, a la menospreciada.

Jamás, esas tierras tuvieron títulos, ni siquiera precarios, solo promesas, limitándose a pagar arrendamiento a latifundistas que les “dejaron hacer”, algo esperable ante las mejoras.

Algunos decían en vos baja "estos tanos están locos" yo prefiero repetir lo que decía el Abuelo, "cuerdos son los que hablan y locos los que hacen". Luego zozobra, preocupación y final, fue muy rápido, al adquirir las tierras el Estado Nacional todo quedó en un mero recuerdo, hay un proyecto en esas tierras, "dijeron".

Todo llegó después de un 24 de marzo, "proceso de reorganización Nacional" dijeron, crearon el "cinturón ecológico sociedad del Estado", lo que otrora había sido un paraíso productivo, poco a poco se convirtió en un gran basural a cielo abierto contaminándolo todo, 550 hectáreas por más de 12 metros de altura, un gran basural que no solo fue borrando recuerdos, también mino muchos sueños...Pero esto es otra historia.

06/08/2026

“CUANDO HAY REGLAS CLARAS Y CONTROLES, EL ECOCIDIO PAGA”
Cuando la justicia no mira para otro lado y defiende con firmeza la naturaleza, la impunidad ambiental se derrumba ante el peso de la ley.

La explotación desmedida y la ambición agrícola acaban de chocar de frente contra un muro legal. En un fallo que sienta un precedente histórico para la conservación ambiental en Australia, el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur ha impuesto una condena contundente a los propietarios de una masiva explotación de arándanos. Harpreet Pannu y Satvinder Pannu deberán pagar una multa conjunta de 100.000 dólares australianos tras ser declarados culpables de destruir de forma ilegal un santuario natural protegido.

El origen de la negligencia La cadena de hechos comenzó a finales de 2022 en la localidad de Bucca, una región conocida por su alta biodiversidad al norte de Coffs Harbour. Tras un período de lluvias torrenciales, una represa autorizada dentro de la finca de los Pannu colapsó.

En lugar de seguir los canales institucionales y tramitar las licencias obligatorias para una reparación segura, los agricultores optaron por la vía de la impunidad. Contrataron de urgencia a una empresa de movimiento de tierras para levantar una represa completamente nueva y de gran envergadura. Todo esto se hizo en total clandestinidad, sin estudios de impacto ni aprobación estatal.

Máquinas contra el bosque nativo Las consecuencias sobre el terreno fueron devastadoras. Las excavadoras arrasaron sin piedad con casi dos hectáreas de bosque nativo subtropical, un ecosistema ribereño protegido que funciona como amortiguador ecológico y purificador del agua en la zona.

La gravedad del daño ambiental se ramifica en dos frentes críticos: Hogar de los koalas: El desmonte fulminante fragmentó y destruyó el hábitat directo de poblaciones locales de koalas, una especie ya declarada en peligro de extinción en la región.

Alerta química: Al remover la tierra de forma salvaje en las riberas del arroyo Bucca Bucca Creek, las obras expusieron subsuelos altamente ácidos. Esto generó un peligro inminente de contaminación química por lixiviación ácida hacia el flujo de agua dulce.

El veredicto: Una justicia que no cede
El caso llegó a los tribunales gracias a una rigurosa investigación del Regulador de Acceso a los Recursos Naturales (NRAR). Ante la contundencia de las pruebas aéreas y de campo, los productores de arándanos no tuvieron más opción que declararse culpables de infringir la Ley de Gestión del Agua.

Al dictar la sentencia, el juez Richard Beasley destruyó los argumentos de la defensa al calificar la acción de los acusados como "temeraria" e impulsiva. El magistrado enfatizó que el deseo de proteger el negocio comercial jamás puede pasar por encima de las leyes de protección de la Tierra.

Además del golpe económico de los 100.000 dólares, el tribunal obligó a los condenados a costear los gastos legales del Estado y a publicar el fallo judicial en un periódico agrícola local, exponiendo su negligencia ante sus propios pares. Por su parte, el contratista que operó las máquinas también recibió sanciones administrativas independientes.

Este fallo envía un mensaje inequívoco a la industria agroindustrial global: la naturaleza ya no está indefensa y, cuando las instituciones funcionan, destruir el planeta sale muy caro.

06/08/2026

“Las cicatrices invisibles del átomo”: Por qué el trauma ambiental de Japón nos exige memoria

A más de ocho décadas de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, el impacto ecológico y genético de las bombas atómicas sigue siendo un recordatorio brutal de que las armas nucleares no solo destruyen ciudades, sino que quiebran el futuro del planeta.

El 6 de agosto de 1945, el cielo de Hiroshima se partió en dos. Tres días después, el 9 de agosto, Nagasaki sufrió el mismo destino. La narrativa histórica tradicional suele cerrar este capítulo con la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, para la Tierra y para los sobrevivientes, ese fue solo el día cero de una catástrofe silenciosa que se prolongaría por generaciones. El estallido de las bombas Little Boy y Fat Man inauguró la era nuclear, pero también desató un ecocidio cuyas secuelas ambientales y biológicas transformaron por completo la relación entre el ser humano y la naturaleza.

El impacto inmediato sobre el entorno fue devastador. Las temperaturas en el epicentro de las explosiones alcanzaron los miles de grados Celsius, vaporizando instantáneamente la flora y la fauna local. Los ríos de ambas ciudades se llenaron de cenizas y lodo tóxico. Minutos después de las detonaciones, la atmósfera devolvió la destrucción en forma de la infame "lluvia negra".

Este fenómeno, una mezcla de partículas de carbón, polvo radiactivo y agua, cayó sobre la población sedienta y los campos de cultivo, contaminando los suministros de agua y los suelos a kilómetros a la redonda. Los ecosistemas locales, vitales para el sustento de las comunidades devastadas, quedaron envenenados de inmediato.

Con el paso de los meses y los años, la verdadera naturaleza del peligro atómico se hizo evidente a través de la radiación residual. El cesio-137 y el estrongio-90 se integraron en los ciclos ecológicos básicos. Las plantas absorbieron estos isótopos del suelo, introduciéndolos en la cadena alimenticia. Aunque la radiación directa disminuyó con el tiempo, la bioacumulación en especies vegetales y animales locales persistió durante décadas.

La afectación de la biodiversidad alteró los patrones de crecimiento de la flora, documentándose mutaciones celulares y deformaciones en árboles y plantas sobrevivientes cercanos a la zona cero.

El sufrimiento humano corrió en paralelo al deterioro ambiental, encarnado en la figura de los hibakusha, los sobrevivientes de las bombas. Quienes no murieron por la onda expansiva o las quemaduras térmicas iniciales tuvieron que pagar el costo de la exposición a la radiación.

Las tasas de leucemia se dispararon en los años posteriores, seguidas por un incremento sostenido de cánceres de pulmón, tiroides y mama. El daño celular no discriminó edades; las mujeres embarazadas expuestas durante las explosiones sufrieron tasas alarmantes de abortos espontáneos, y los niños nacidos de ellas presentaron microcefalia y discapacidades intelectuales y físicas severas.

El dolor de los hibakusha no fue únicamente físico, sino también hereditario y social. Durante décadas, el temor a las alteraciones genéticas persiguió a los hijos de los sobrevivientes, quienes enfrentaron la estigmatización y la discriminación laboral y matrimonial en su propio país.

Aunque los estudios científicos a largo plazo siguen debatiendo el alcance exacto de las mutaciones hereditarias en las siguientes generaciones, el trauma psicológico y el miedo a una "sangre contaminada" marcaron la identidad de miles de familias japonesas. El átomo no solo destruyó el presente de 1945, sino que hipotecó la paz mental del futuro.

Hoy, la vegetación ha vuelto a cubrir Hiroshima y Nagasaki, y los famosos árboles Hibakujumoku —aquellos que sobrevivieron al fuego atómico— se yerguen como monumentos vivos de resiliencia. Sin embargo, la cicatriz ecológica y humana sigue abierta. Recordar los efectos ecológicos y genéticos de estas armas no es un mero ejercicio de revisión histórica, sino una obligación moral para el presente.

En un mundo donde las tensiones geopolíticas amenazan nuevamente con el uso de arsenales nucleares, mantener viva la memoria de Hiroshima y Nagasaki es la única garantía para asegurar que la Tierra no vuelva a ser testigo de su propia destrucción deliberada.

06/08/2026

“El origen científico”: De un arpón letal a la medicina

Cómo los frágiles ecosistemas de los arrecifes de coral resguardan el secreto del analgésico más potente del mundo, un veneno marino mil veces más efectivo que la morfina.

La naturaleza es el laboratorio más antiguo y sofisticado del planeta. En las profundidades de las aguas tropicales, un depredador milenario y de movimientos pausados ha revolucionado la medicina moderna.

Se trata del caracol cono (Conidae), un molusco cuya letal estrategia de supervivencia se ha transformado en la mayor esperanza de la ciencia para combatir el dolor crónico severo. Este hallazgo no solo representa un hito para la salud humana, sino que abre un debate urgente sobre la necesidad de preservar los océanos: la cura a nuestros peores males podría estar extinguiéndose antes de ser descubierta.

El santuario sumergido: ¿Dónde habitan? El escenario de esta historia evolutiva son los ecosistemas marinos más biodiversos de la Tierra. Los caracoles cono habitan principalmente en las aguas cálidas y templadas de los océanos Índico y Pacífico (la región del Indo-Pacífico), así como en el Mar Caribe y las zonas tropicales del Océano Atlántico.

Estos moluscos dependen estrictamente de los arrecifes de coral, los manglares y los fondos de arena blanca y poco profunda. El arrecife les provee el camuflaje perfecto para enterrarse y acechar a sus presas. Sin embargo, este hogar está en peligro crítico.

El cambio climático, la acidificación de los océanos y la contaminación destruyen los corales a pasos agigantados. Al degradar estos hábitats, la humanidad no solo pierde biodiversidad, sino también una biblioteca farmacéutica natural insustituible.

Un arpón de alta precisión biológica A diferencia de otros cazadores marinos, el caracol cono no puede perseguir a sus presas. Para alimentarse de peces más veloces que él, la evolución lo dotó de un sistema de caza único: un diente radular modificado que funciona como un arpón hipodérmico.

Cuando un pez se acerca, el caracol extiende un órgano flexible llamado probóscide y dispara este arpón a una velocidad imperceptible para el ojo humano. El proyectil inyecta instantáneamente un cóctel de toxinas (conotoxinas) que paraliza el sistema nervioso de la presa en milésimas de segundo. Es una de las armas biológicas más rápidas y letales del reino animal.

Del océano al quirófano: Un hito para la salud humana Lo que para un pez es una muerte inmediata, para la medicina se convirtió en una bendición. Los científicos descubrieron que una de las toxinas aisladas del caracol Conus magus bloquea de manera selectiva los canales de calcio en las neuronas de la médula espinal. Al hacerlo, actúa como un "interruptor" que apaga las señales de dolor antes de que logren llegar al cerebro.

Este descubrimiento dio vida a la ziconotida (conocida comercialmente como Prialt), un fármaco sintético que es 1.000 veces más potente que la morfina. Su impacto en la salud de las personas es revolucionario por tres razones fundamentales:

Cero adicción: A diferencia de los opioides tradicionales, no genera dependencia física ni crisis de abstinencia, un problema grave de salud pública global.

Sin tolerancia: El cuerpo del paciente no se acostumbra al medicamento, por lo que no requiere dosis cada vez más elevadas.
Casos críticos: Está destinado a personas que sufren de dolor crónico intratable, como pacientes con cáncer avanzado, VIH o cirugías de columna fallidas.

Debido a su complejidad estructural, se administra mediante una bomba de infusión implantada quirúrgicamente que libera el medicamento directamente en el espacio intratecal (alrededor de la médula espinal).

Conclusión: Proteger el mar para salvar vidas
La historia del caracol cono es el vivo recordatorio de que la salud humana está intrínsecamente ligada a la salud ambiental. Cada especie que desaparece en un arrecife de coral dañado se lleva consigo millones de años de respuestas evolutivas que podrían resolver las enfermedades del mañana.

Cuidar los mares de la contaminación y el calentamiento global ya no es solo una causa ambientalista; es, literalmente, una estrategia de supervivencia para la medicina del futuro.

05/08/2026

LA TRAGEDIA DE RIVADAVIA BANDA SUR: CUANDO LA DESIDIA POLÍTICA SE RECOGE EN CADÁVERES Y LA JUSTICIA SORDOMUDA MIRA HACIA OTRO LADO

Hay dolores que no se archivan con el paso de los meses, por más que el poder intente taparlos con el manto del olvido y la burocracia institucional. Pasaron exactamente tres meses desde aquel fatídico 5 de mayo de 2026, el día en que la desidia estructural de la empresa estatal Aguas del Norte firmó la sentencia de muerte de dos jóvenes obreros, Raúl Torres y Emanuel Aguirre, en Rivadavia Banda Sur.

Tres meses en los que las familias de las víctimas no solo cargan con la ausencia, sino con el peso asfixiante de una pregunta que todavía no encuentra eco en los despachos oficiales: ¿Dónde está la Justicia cuando los mu***os son del pueblo y los responsables visten de traje?

El hecho, que la retórica oficialista intentó maquillar bajo el rótulo de "accidente laboral", fue en realidad una ejecución por omisión. Raúl y Emanuel descendieron a siete metros de profundidad en una cámara cloacal sin máscaras de oxígeno, sin arneses de protección, sin líneas de vida y sin detectores de gases. Bajaron a ciegas a una trampa mortal saturada de sulfuro de hidrógeno, un gas letal que les arrebató el aire en segundos.

Un tercer compañero salvó su vida de milagro, arrastrando hoy secuelas físicas y psicológicas de una escena de terror que ningún trabajador debería presenciar. No falló la suerte; falló el Estado. La fiscalía penal lo confirmó con una crudeza que estremece: los operarios jamás recibieron la capacitación obligatoria para ingresar a espacios confinados de alto riesgo. Los mandaron a la fosa con las manos vacías.

Detrás de los tubos de oxígeno que faltaron y de los protocolos que nunca se aplicaron, emerge la verdadera raíz de la tragedia: la descomposición de la gestión pública. Aguas del Norte opera bajo una lógica donde el mérito técnico fue desplazado por el favor político. Mientras los obreros en el interior provincial mendigan herramientas básicas para no morir en una cloaca, las máximas autoridades de la empresa exhiben un escandaloso festival de acumulación de funciones.

El director de la compañía no solo digita los hilos de la desastrosa red sanitaria de la provincia, sino que además retiene simultáneamente altos cargos en la estructura directa del Gobierno provincial y en otros organismos públicos.

Esta obscena acumulación de hasta tres cargos jerárquicos no es solo una falta de ética; es la prueba irrefutable de que la vida de los salteños está en manos de funcionarios de "medio tiempo". ¿Cómo puede una misma persona garantizar la seguridad e higiene de miles de trabajadores si su agenda está dividida entre ministerios, secretarías y directorios cruzados?

La respuesta quedó flotando en el aire tóxico de Rivadavia Banda Sur. La acumulación de sueldos y poder político cotiza al alza, mientras la vida del laburante cotiza a la baja. La política del "multicargo" deshumaniza la gestión y diluye las responsabilidades al punto de la impunidad. Quien debe ser controlado, tiene en sus manos, todas las herramientas sobre el control.

Ante este panorama, la reacción de la empresa estatal rozó el cinismo. En lugar de asumir la culpa de manera institucional, la defensa de la cúpula corporativa ensayó una maniobra miserable: culpar a las víctimas.

Argumentaron ante los expedientes que el descenso profundo "no estaba previsto en la orden de trabajo original" y deslizaron que los elementos de seguridad "estaban guardados en la base operativa". La vieja y gastada estrategia de la desidia: sugerir que el operario se murió por su propia negligencia para salvarle el pellejo a los jefes que cobran fortunas desde sus escritorios con aire acondicionado en la capital.

Los familiares lo gritaron con el alma rota frente a las luces de las cámaras en su momento, denunciando la precariedad absoluta en la que trabajaban sus hijos, pero sus voces parecen rebotar contra un muro de silencio planificado.

¿Y dónde está la Justicia en todo esto? Esa Justicia provincial que debería ser un faro de reparación aparece hoy pisoteada por los tiempos de la política. Si bien existen cuatro supervisores de rango medio imputados provisionalmente por homicidio culposo, la causa avanza a un ritmo de tortuga que exaspera. Los hilos de la investigación parecen detenerse justo antes de tocar la puerta de los despachos de los intocables. La lentitud judicial en Salta es una forma sutil de complicidad. Saben perfectamente que el tiempo anestesia la indignación popular y que las noticias de hoy serán sepultadas por los escándalos de mañana.

Una justicia que tarda meses en peritar, que ampara los fueros informales del poder y que no se atreve a mirar hacia la cima de la pirámide es una justicia vencida, una cáscara vacía que solo sirve para castigar al eslabón más débil.

La tragedia de Rivadavia Banda Sur no puede quedar reducida a un número de expediente penal (el cual la opinión pública vigila de cerca a través de los despachos de Pichanal). Debe ser el espejo incómodo donde la sociedad mire la degradación de un sistema político que canjea vidas por lealtades partidarias y acumulación de cargos.

Raúl Torres y Emanuel Aguirre salieron a ganarse el pan y regresaron en un ataúd porque el Estado que debía cuidarlos estaba demasiado ocupado repartiendo privilegios en los pasillos del poder.

Mientras la impunidad siga paseándose en camionetas oficiales, la memoria de estos dos jóvenes exigirá que no callemos. La Justicia salteña tiene una deuda de sangre; es hora de que empiece a pagarla.

05/08/2026

“CADENAS DEL ECOCIDIO” El desmonte que desgarra al norte de Salta ante el silencio político y judicial

Mientras los discursos oficiales hablan de desarrollo sostenible, las topadoras avanzan borrando del mapa el bosque nativo y el hogar ancestral de las comunidades wichí a metros de Tartagal. Una enorme cadena naval expone la impunidad de un sistema donde las leyes ambientales parecen no aplicar para los poderosos.

Una cadena pesada, de acero naval, arrastrada por dos imponentes topadoras que avanzan en paralelo. El método es tan rudimentario como letal: en pocas horas, todo lo que tenga raíces —árboles centenarios, arbustos, nidos, biodiversidad completa— queda reducido a astillas y tierra arada. Esa es la postal de espanto que los habitantes originarios de la zona colindante a Tartagal lograron fotografiar y viralizar en un grito desesperado de auxilio.
Apenas 18 kilómetros separan el rugido de estas máquinas del centro urbano, pero la distancia parece kilométrica para los despachos oficiales donde se debería controlar el ecocidio.

Las comunidades originarias, principalmente del pueblo Wichí, observan con impotencia cómo caen ejemplares históricos de algarrobo, mistol, chañar y cebil. No es solo la pérdida de árboles; para estas familias, representa la destrucción lisa y llana de su supermercado natural, su farmacia ancestral, su memoria histórica y su fuente de materia prima para la subsistencia artesanal.

El marco legal: Una ley nacional que en Salta se dobla Desde el punto de vista puramente normativo, la actividad en la zona camina por la cornisa de la ilegalidad o se ampara en dudosas "excepciones". La Ley Nacional de Bosques Nativos (N° 26.331) establece un ordenamiento territorial mediante un sistema de semáforo (Rojo, Amarillo y Verde) para determinar qué se puede tocar y qué no.

Sin embargo, en la provincia de Salta, el mecanismo de las "recategorizaciones de fincas" ha sido históricamente el talón de Aquiles de la normativa. Mediante decretos y autorizaciones express, terrenos originalmente catalogados en Amarillo (donde está estrictamente prohibido el desmonte) terminan siendo "pintados de verde" para favorecer la frontera agrícola-ganadera y el negocio inmobiliario de grandes terratenientes. Las comunidades locales denuncian que en este caso ni siquiera se ha garantizado el derecho constitucional a la Consulta Popular Previa, Libre e Informada, un requisito obligatorio antes de mover un solo metro de tierra en suelo ancestral.

Políticos que miran a otro lado y una Justicia anestesiada La pregunta que resuena entre los algarrobos caídos es evidente: ¿Cómo es posible trasladar maquinaria pesada de ese calibre y operar a la vista de todos sin que ningún inspector actúe? La respuesta incomoda al poder político local y provincial. Existe una red de complicidades por omisión, donde las carteras ambientales operan con presupuestos desmantelados o, directamente, con una lentitud burocrática que siempre favorece el hecho consumado. Para cuando un expediente administrativo se mueve, el bosque ya es un desierto de soja o pastizales.

Por el lado del Poder Judicial, el panorama no es más alentador. La Justicia salteña ha demostrado reiteradamente una alarmante anestesia ante los delitos ambientales. Los amparos presentados por organizaciones civiles y comunidades indígenas suelen dormir el sueño de los justos en los escritorios de los magistrados, o son rechazados por tecnicismos de forma. Mientras los jueces deliberan o "estudian el caso", las topadoras no frenan. La sanción penal para los desmontes ilegales en Argentina sigue siendo irrisoria: multas económicas que los empresarios desmontadores ya tienen calculadas de antemano como un simple "costo de producción".

El peso de la historia: Antecedentes de una herida abierta Este nuevo atropello cerca de Tartagal no es un hecho aislado; es el enésimo capítulo de una larga historia de despojo territorial en el Chaco Salteño. Las comunidades locales cargan con el precedente del histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Lhaka Honhat contra el Estado Argentino, el cual dictaminó de forma tajante la obligación de otorgar títulos de propiedad comunitaria y frenar la degradación ambiental en los lotes fiscales del norte de Salta.

Pese a las sentencias internacionales y a las marchas históricas que los pueblos originarios han realizado a lo largo de las décadas hacia los centros de poder, la realidad en territorio sigue respondiendo a la ley del más fuerte. Los reclamos por la regularización de las tierras chocan constantemente contra alambrados nuevos, guardias privados y la inacción de un Estado que prefiere recaudar divisas antes que proteger sus bienes comunes y a sus ciudadanos más vulnerables.

El norte salteño sangra por sus raíces. La causa histórica de esta tragedia ambiental y humanitaria no es un accidente, sino el reflejo de un férreo feudo político y económico que siempre se manejó con las mismas reglas de sumisión: en estas tierras hay que trabajar para el feudo, hay que recaudar para el feudo y, sobre todo, hay que mirar para otro lado para no incomodar al feudo.

Mientras las comunidades intentan juntar firmas y visibilizar su agonía en las redes sociales, el desmonte masivo continúa su marcha implacable, dejando una certeza alarmante: en Salta, el verde de los bosques se entrega al mejor postor bajo el amparo de un sistema patronal donde los derechos humanos y la ley ceden ante los caprichos del poder de turno.

05/08/2026

Retorno tras el despojo: el pueblo “Mbya Guaraní” resiste en tierras ancestrales

Tras sufrir un violento desalojo judicial que destruyó sus viviendas y cultivos en Misiones, las familias de Puente Quemado II regresaron a su territorio. El Ministerio Público Fiscal dictaminó la ilegalidad de la medida ejecutada por el juez Roberto Sena, desnudando las severas irregularidades y el constante asedio del poder forestal.

El paraje Cañafístola, en el municipio misionero de Garuhapé, se convirtió en el epicentro de una disputa que excede los límites de la propiedad privada para transformarse en una cuestión de derechos humanos fundamentales. El pasado 28 de julio, un descomunal operativo compuesto por medio centenar de efectivos de la Policía de Misiones irrumpió en la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II. La orden, emanada del Juzgado de Instrucción 2 de Jardín América a cargo del juez Roberto Antonio Sena, ejecutó el desalojo inmediato de siete familias originarias, forzándolas a abandonar las tierras que habitan ancestralmente.

El desalojo se impulsó a raíz de una causa penal por presunta usurpación iniciada por el empresario forestal Alfredo Ruff. Sin embargo, el procedimiento se consumó con una flagrante irregularidad jurídica: la defensa de la comunidad, bajo el acompañamiento legal de la abogada Roxana Rivas y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), había interpuesto previamente un recurso de apelación que suspendía la ejecución de la medida. Ignorando este amparo procesal, las topadoras y las fuerzas de seguridad avanzaron destruyendo las precarias viviendas y arrasando los cultivos de sustento de la aldea.

La reacción institucional no tardó en evidenciar la gravedad de lo acontecido. Pocas horas después de la expulsión, el titular de la Fiscalía de Instrucción 1 de la ciudad de Puerto Rico, el fiscal Héctor Simón, calificó el operativo como un acto de "extrema gravedad institucional". Simón dictaminó que debía dejarse sin efecto el desalojo, advirtiendo que la orden del juez Sena carecía de vigencia legal al haberse ejecutado mientras la apelación continuaba pendiente en la Cámara de Apelaciones.

Respaldados por el dictamen fiscal y la solidaridad social, los integrantes de Puente Quemado II retornaron pacíficamente a sus lotes el domingo 2 de agosto. No obstante, el retorno no trajo paz. Las familias denuncian un escenario de hostigamiento y acoso permanente en los alrededores, bajo amenazas explícitas de nuevos despojos mediante el uso de maquinarias pesadas y presiones policiales y civiles, hombres armados y con rostro tapado, se muestran permanentemente, el objetivo está dirigido a amedrentar y aislar a la comunidad.

El conflicto de fondo expone la histórica superposición entre los títulos registrales de la industria forestal —dedicada al monocultivo de pino y eucalipto— y la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Los derechos de Puente Quemado II se encuentran plenamente resguardados por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Resolución 514/2015 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que reconoció formalmente su ocupación territorial.

En este contexto, la plena vigencia de la Ley Nacional 26.160 prohíbe de manera taxativa cualquier tipo de lanzamiento o desalojo forzoso contra las comunidades originarias. Mientras el gobierno provincial intenta convocar a mesas de diálogo urgentes, la comunidad permanece en estado de alerta, resistiendo en el territorio para resguardar la selva nativa y su propia supervivencia.

Compromiso Ambiental Cafayate

07/08/2026

06/08/2026

06/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

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