Las Abuelas de Plaza de Mayo nacimos trágicamente en 1977 sin saber que esta lucha iba a ser para siempre. Por entonces, buscábamos a nuestros nietos mirando las caritas, hasta que nos preguntamos: cuando ya encontramos a un chico, ¿cómo hacemos para identificarlo, cómo hacemos para saber a qué familia pertenece? A todo esto se sumaba otro problema: ¿Cómo hacer para identificar a los bebés que habían nacido en los campos de concentración? Si queríamos encontrar a nuestros nietos, debíamos contar con un parámetro preciso. Entonces recorrimos el mundo preguntando si nuestra sangre y la de nuestros familiares podrían servir para identificarlos. A fines de 1982, nos reunimos con Víctor Penchaszadeh, un médico argentino exiliado que vivía en Nueva York, y le preguntamos si esto era posible. Nos explicó que se podía y nos contactó con importantes especialistas. Unos en Nueva York, otros en Washington, California, París y en la Argentina, formaron un grupo de estudio a distancia cuando todavía no existía Internet. Después de un año de trabajo, en octubre de 1983, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia nos informaba que el trabajo había llegado a buen puerto: a través del análisis de distintos marcadores genéticos, era posible establecer el parentesco que nos unía a nuestros nietos. Lo siguiente fue encontrar el lugar y los profesionales idóneos para realizar estos análisis de filiación en el país. En esa época, el único que podía hacerlo era la unidad de Inmunología del Hospital Durand de Buenos Aires, algo que, desde luego, ya no es así puesto que hoy existen muchos laboratorios que efectúan este tipo de exámenes. Pusimos en contacto a los científicos que nos habían ayudado en los Estados Unidos con los profesionales argentinos y comenzamos a trabajar en una ley para que se creara un banco de datos genéticos. Junto con una serie de organismos gubernamentales y el Servicio de Inmunología del hospital, redactamos un proyecto que fue unánimemente convertido en ley por el Congreso en mayo de 1987. Por esta ley, la Nº 23.511, se creaba un banco de datos para resolver los casos de los niños desaparecidos. Esta ley garantizó que nuestras muestras de sangre serían conservadas aunque nosotras ya no estuviéramos. Y en este marco fuimos acompañando el desarrollo y el equipamiento del banco de datos genéticos, a la par que íbamos recibiendo muestras de más familiares para conservar en el banco. La genética fue avanzando y pronto tuvimos disponibles los métodos para analizar el ADN, lo cual hizo infalibles los exámenes de identificación. Más tarde también se supo que se podía extraer material genético de objetos personales. Todos estos avances fuimos impulsándolos a la par de la legislación. Por eso, en 2009, más de 20 años después de la creación del Banco, llevamos al Parlamento un proyecto de ley para adecuar los progresos de la ciencia en la materia y precisar claramente su función: identificar a los niños desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Esta ley, la N° 26.548, mantiene la dependencia original del Banco del Poder Ejecutivo Nacional, pero lo transfiere a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, otorgándole autonomía y autarquía. La nueva norma también sumó transparencia a la elección de las autoridades del Banco, ya que ahora son elegidas por un concurso público. La semana pasada, finalmente, se conocieron los ganadores de este concurso. A esta instancia se podían presentar todos, incluso quienes ya se desempeñaban en el Banco. Las Abuelas somos las principales interesadas en que el traspaso físico del Banco a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología se concrete lo antes posible y así la ley entre plenamente en vigencia. Por todo esto, convocamos a todos los involucrados directa e indirectamente con esta tarea, a que se comprometan con nuestra urgencia. El Banco fue, es y será el instrumento vital para el hallazgo de nuestros nietos.
