23/05/2026
Pronunciamiento de la Comisión Interna del Fuero Civil frente al backlash y al proyecto de ley de modificación del código penal en
alusión a las “falsas denuncias”
Desde la Comisión Interna del Fuero Civil del Poder
Judicial de la Nación, desde una posición ética basada en el desarrollo del ejercicio profesional comprometido con los derechos humanos, expresamos nuestro enérgico repudio a la práctica conocida como
“backlash”, así como a toda iniciativa que, bajo el pretexto de
sancionar las “falsas denuncias”, contribuya a debilitar la protección de las poblaciones vulnerables víctimas de violencia.
El “backlash”, entendido como una reacción negativa organizada
frente a los avances en materia de derechos humanos, constituye un
contramovimiento social, es decir, que promueve retrocesos en la
protección de grupos históricamente vulnerados, en particular niñas, niños, mujeres y diversidades sexuales. Se trata de una práctica que
puede adoptar distintas formas de violencia tales como
desacreditaciones, descalificaciones, escraches, amenazas, denuncias y
hasta agresión física hacia profesionales y trabajadores/as en general.
El “backlash” no se limita a una opinión adversa, sino que implica el despliegue de estrategias que sistemáticamente buscan
desacreditar, perseguir y disciplinar a quienes intervienen en la
detección, y el abordaje de las violencias.
En el campo judicial civil, este proceso se traduce en críticas, amenazas y denuncias infundadas contra profesionales (de la psicología, trabajo
social, psiquiatría, abogacía) quienes, en sus diferentes cargos,
intervienen en el marco de los expedientes “de familia”. Estas acciones buscan socavar la legitimidad de las intervenciones periciales, desconociendo que las mismas se sustentan en un bagaje
teórico/metodológico científico y en marcos éticos concurrentes con la
defensa de los derechos humanos. En su lugar, intentan instalar falsos supuestos tendiendo a invertir víctimas por victimarias/as; generar desgastes procesales y amedrentar a los/as profesionales intervinientes, socavando su labor pericial
En el presente, al amparo de los discursos reaccionarios, el backlash judicial ha cobrado visibilidad, expresándose a través de múltiples mecanismos tales como:
- denuncias penales reiteradas por supuesta mala praxis o falso
testimonio dirigidas contra profesionales intervinientes
- exposición y difamación en medios y redes de trabajadores/as y
funcionarias/os
- utilización distorsionada o abusiva de herramientas procesales
con fines de hostigamiento o disciplinamiento
- y las amenazas explicitas y/o solapadas en los contextos de
intervención.
Estas prácticas no solo afectan a las y los profesionales que trabajan en la justicia generando temores, sobrecarga laboral y desgaste, también impacta directamente en la calidad del servicio de justicia, con riesgo a
deserción de profesionales en áreas críticas, hipervigilancia defensiva en las intervenciones y afectación de las relaciones entre profesionales y víctimas, condición indispensable para cualquier proceso de
reparación.
Frente a ello, advertimos la carencia de un respaldo institucional acorde que tienda a desplegar políticas de resguardo, dejando a quienes cumplen labores en este campo en un contexto de desprotección, debiendo afrontar individualmente los embates resultantes de estas
prácticas.
Por otra parte, el backlash se inscribe actualmente en un contexto sociopolítico más amplio de desfinanciamiento de políticas sociales; y retroceso en derechos conquistados en materia de niñez y género, todo lo cual agrava las condiciones de intervención y debilita los dispositivos de protección y promoción.
En ese contexto advertimos también una ofensiva convergente entre el backlash judicial y el impulso de proyectos de ley sobre “falsas denuncias”, que comparten un mismo objetivo: silenciar a las víctimas, desacreditar la prueba producida en los procesos judiciales y disciplinar a quienes sostienen prácticas profesionales comprometidas con la igualdad y la defensa de los derechos humanos.
La insistencia en instalar la idea de las “falsas denuncias” como
fenómeno extendido constituye un discurso falaz y peligroso (basta con decir que, de acuerdo con la ONU Mujeres, las falsas denuncias
representan un porcentaje menor al 1%). No obstante, su
sobredimensionamiento mediático funciona como una estrategia de descrédito que desplaza el foco desde la protección de las víctimas hacia la sospecha sobre ellas, generando un efecto inhibidor en el acceso a la justicia. En esta línea, es imprescindible señalar que el delito de falsa denuncia ya se encuentra tipificado en el Código Penal Argentino, y cuenta con las sanciones correspondientes, por lo que la promoción de nuevas figuras legales en este sentido carece de fundamento jurídico real y responde a una intencionalidad política de disciplinamiento.
Por todo lo expuesto, sostenemos con firmeza que:
● Repudiamos el backlash en todas sus formas, en tanto constituye
una estrategia de persecución y disciplinamiento profesional.
● Rechazamos los proyectos de ley que, bajo la consigna de
combatir las “falsas denuncias”, buscan instalar un manto de
sospecha sobre las víctimas y obstaculizar el acceso a la justicia.
● Defendemos el ejercicio profesional ético, fundamentado y
comprometido con la protección integral de niñas, niños y
adolescentes.
● Reafirmamos la necesidad de fortalecer —y no debilitar— las
políticas públicas de abordaje de las violencias.
● Solicitamos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que
se expida sobre la problemática del backlash y adopte
herramientas efectivas de protección de las/los trabajadores y
funcionarias/os del fuero.
Finalmente, recordamos que la verdadera problemática que debe interpelarnos es la persistencia cotidiana de situaciones de violencia, abuso y vulneración de derechos, muchas de las cuales permanecen invisibilizadas.
