27/11/2013
DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY NADA
Cuando hablamos de dignidad es siempre una pretensión lógica de la humanidad que exige - en cualquier contexto que fuere y sin distinción de ningún tipo - el derecho a satisfacer las necesidades básicas y elementales que posibiliten su existencia en un marco libre y apto para su desarrollo.
Las Normas de Convivencia, los Acuerdos, los Convenios, etcétera, que se dictan para que “el derecho de uno termine donde comienza el del otro” se instrumentan y regulan por ley dentro de ese marco y cuyos márgenes debemos respetar por el bien de todos. Quienes traspasan la línea y deciden vivir en la marginalidad no están respetando los Acuerdos pactados, es decir, infringen la Ley.
Pero cuando a un ser humano se lo margina contra su voluntad y no se le permite vivir dignamente; los Acuerdos, las Leyes, las Convenciones establecen también que es deber de todos (a través del Estado) el revertir la situación injusta. Así los marginados deberán ser incluidos en el marco de la ley para que una vida digna sea posible.
Las personas con discapacidad tenemos una ley, la 26.378/08, mediante la cual se aprueba lo pactado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención internacional de la cual la República Argentina es uno de los Estados Parte, eso significa que todos los argentinos convenimos en que lo que allí se pacta es ley para nuestro país y por lo tanto es deber del Estado cumplirla y hacerla cumplir en todo el territorio de la nación.
Para nuestra legislación los Tratados Internacionales adquieren rango constitucional y es por ello que la independencia y organización federal de las Provincias que componen el pueblo argentino representadas en el Congreso, deben sujetarse al Gobierno y la Constitución Nacional acatando las leyes federales que han sido sancionadas por sus propios representantes legislativos, leyes que todos debemos cumplir y cuya responsabilidad ejecutoria recae sobre el Poder Ejecutivo Nacional.
La Ley 26378/08 que aprueba lo pactado en la Convención no faculta en su texto a los Estados Federales (las Provincias) ni al GCBA para regular o reglamentar su implementación, lo que indica a las claras que se trata de una ley de cumplimiento obligatorio en la totalidad del ámbito territorial.
Por otra parte, siendo el Poder Ejecutivo Nacional el encargado de ejecutarla, es pues quien establece los mecanismos para su cumplimiento y quien tiene la obligación de exigir a las Provincias su observancia. Para ello cuenta con Organismos Nacionales a quienes le han sido asignadas Partidas Presupuestarias para su funcionamiento y con el objetivo obviamente de hacer cumplir la ley. Sin embargo dichos organismos carecen de poder sancionatorio y sus atribuciones se limitan al mero asesoramiento por lo que sus dictámenes no-vinculantes resultan de “cumplimiento opcional” contradiciendo el propio espíritu de la ley. En definitiva tenemos una ley nacional de cumplimiento obligatorio cuyo mandato no se cumple aún cuando posee rango constitucional.
Esa es la razón por la cual las personas afectadas frente al incumplimiento deben recurrir al Poder Judicial para exigir que se acate el mandato. Y otra vez la argumentación de que las Provincias son Estados Federales independientes obliga al damnificado a reclamar por ante la justicia del territorio provincial que infringe la ley, mientras los organismos nacionales encargados de hacerla cumplir, en tanto no se hallan facultados para intervenir, justifican su inacción, sus enormes estructuras y la utilización de los recursos, basándose en el único permiso del cual disponen: el asesoramiento.
A seis años de que en nuestro país entrara en vigencia la Convención, dados los resultados las políticas sobre discapacidad NO han demostrado que contribuyan eficazmente para mejorar la calidad de vida de las PCD de manera tal que se les posibilite vivir con dignidad y en igualdad de oportunidades respecto a los demás. Por el contrario vemos a diario que la CONADIS, el Observatorio de la Discapacidad y el Consejo Federal de la Discapacidad, son ampulosas Instituciones del Estado que a estas alturas debieran ser reemplazadas por un nuevo y único Organismo Nacional acorde con la realidad socioeconómica de nuestro país pero también en un plano de mayor acercamiento a la gente que no depende de una ONG o de una Fundación o de una Entidad de la Sociedad Civil que percibe significativos subsidios; sino que depende de sí misma para incorporarse a pesar del “refrigerio” (pensión por invalidez) que el Ministerio de Desarrollo Social le ofrece para que viva dignamente.
Demasiadas Leyes, demasiadas Reglamentaciones, demasiadas Instituciones, demasiadas Conferencias, Asambleas, Congresos, Simposios, Encuentros, Seminarios, Coloquios, Reuniones Internacionales.
Demasiados viajes:
“Reunión de Alto Nivel en Nueva York”
La titular de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Silvia Bersanelli, encabezó la delegación argentina que participó de la Reunión de Alto Nivel sobre Discapacidad y Desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
“Seminario de Formación sobre discapacidad en Haití”
La presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la integración de las Personas con Discapacidad, Silvia Bersanelli, participa en el Seminario de Formación sobre Discapacidad, que se lleva adelante en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití.
“El Gobierno Nacional participa en reunión de discapacidad de OEA en Costa Rica”
En representación del Gobierno Nacional, la presidenta de CONADIS, Silvia Bersanelli, participará ante en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad -CEDDIS-, junto al representante por Argentina Pablo Rosales, en la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, que se celebrará en la Ciudad de San José, Costa Rica, los días 21 y 22 de noviembre.
“Argentina participó de Reunión de MERCOSUR sobre Derechos Humanos y Discapacidad”
La presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Silvia Bersanelli, participó de la Vigésima tercera Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH), celebrada en Montevideo - Uruguay
Demasiados funcionarios, directores, subdirectores, comisiones, subcomisiones; programas, comités asesores, comités técnicos, Comité Coordinador de Programas de Ley de Cheques…demasiadas palabras…mucho ruido. Lo que no se sabe, lo que no queda claro es el “piripipí”, el “bla, bla, bla”, como por ejemplo: “el trabajo articulado de CONADIS con los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de transversalizar la perspectiva de la discapacidad en los distintos ámbitos” (¿?)
Decía en su discurso al retomar sus actividades la Sra. Presidenta “que un proyecto, que una idea para mejorar la calidad de vida, si no es acompañada por un plan de obtención de recursos para ponerla en práctica, habrá de ser sólo una idea”. Por supuesto, así es. No obstante en políticas sobre discapacidad muchas cosas podrían mejorar simplemente revisando la administración de los recursos existentes y hasta en muchos casos sin necesidad de echarle mano al erario público. Bastaría que los recursos humanos dispuestos a ese fin eleven la mirada por encima de las teorías y comprendan de una vez por todas de qué habla la Convención (ya que los viajes al Comité Internacional en Ginebra al parecer no han aportado suficiente luz).
Silvia Bersanelli, manifestó que “esta es una década ganada en la inclusión de las personas con discapacidad”. “Es una cuestión de derechos humanos y el Gobierno Nacional la asume como tal” y agrega que “El Consejo Federal de Discapacidad lleva adelante un trabajo continuo para materializar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todo el territorio nacional”. Por otra parte, si de acuerdo a las palabras de la sra. Presidenta “esta nueva Argentina es un ejemplo en políticas sobre Derechos Humanos”, es muy bueno recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es también una conquista de los Derechos Humanos; pero en la práctica lo único que se ha logrado es que la sociedad reemplace el término “lisiado o inválido o minusválido” por el de “discapacitado” y los eufemismos y la semántica y la estigmatización y los significados se baten en un cóctel difícil de digerir al considerar que si “discapacidad es un concepto que evoluciona” la tarea de concientizar a la sociedad en ese sentido le corresponde al Estado (art. 8° CDPD).
Discapacidad NO ES sinónimo de enfermedad.
Una persona con discapacidad es una persona en situación de desventaja en tanto y en cuanto no consiga apoyo para incorporarse. Vale decir que, sin obstáculos externos que le impidan evaluar por sí mismo sus propias capacidades o limitaciones, una persona con discapacidad puede desarrollarse y tomar sus decisiones independientemente del diagnóstico médico o patología y siempre que le sea posible acceder a la oportunidad sin poner en riesgo por ignorancia o desconocimiento su integridad física o psíquica. El derecho a intentarlo, el derecho a equivocarse, el derecho a la igualdad de oportunidades, es un derecho intransferible. De ahí que es la persona y no la discapacidad de la persona quien debe acreditar los límites. De ahí que se insista reiteradamente en la necesidad de evitar la estigmatización. De ahí que NO resulte apropiado considerar “discapacitado/a” a una Persona con Discapacidad.
“Discapacitado” es un mote, una etiqueta, una marca, un adjetivo calificativo o descalificativo, como lo es el término “drogadicto” para referirse a las personas adictas a las dr**as o como lo es cualquier término que se aparte de lo conceptual para resaltar aspectos susceptibles de la persona humana.
El Observatorio de la Discapacidad dependiente de la CONADIS, debería al menos (ya que no puede hacer nada en los Estados Federales) procurar el recabar información de cómo cada Provincia implementa la legislación. De ese modo tendría más claro el descontrol que existe, el desorden y las incomodidades y malos tratos y molestias y discriminaciones a las que son sometidas muchas personas con discapacidad (léase en la Provincia de Córdoba a modo de ejemplo). Debería pues hacer un esfuerzo por - además de entregar subsidios a las ONGs - canalizar las demandas que reclaman UNIFORMIDAD DE CRITERIOS en todo el país a la hora de acceder a sus derechos, por cuanto los Estados burocráticos se empeñan en complicarlo todo, en hacer cada vez más difícil la "igualdad de oportunidades" contemplada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Es que ni el Observatorio de la Discapacidad, ni la CONADIS, ni el Consejo Federal de Discapacidad, ni tantas y tantas estructuras administrativas con amplios recursos distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, pueden verlo?. ¿Cómo es posible que nadie pueda hacer nada al respecto? Sí, es cierto que han hecho algunos avances implementando planes y promoviendo leyes, pero ¿no se enteran de los problemas que existen en torno a los certificados, al transporte, a los pases libres, a las pensiones, al mal uso de la terminología, a la educación inclusiva, al empleo, a la salud, a las familias, a la accesibilidad, a los negocios, al deporte y recreación, a la pobreza, a la igualdad de oportunidades, a la judicialización sistemática de los reclamos? ¿De qué sirve que sancionen leyes si después los órganos de aplicación no pueden intervenir en jurisdicciones provinciales so pretexto de que son autónomas? ¿De qué vale que te asista un derecho si no puedes ejercitarlo? En San Juan, Silvia Bersanelli sostuvo que “la inclusión de las personas con discapacidad se enmarca en las políticas que hace 10 años lleva adelante el Gobierno Nacional en todo el país”. Diez años de CONADIS subsidiando, beneficiando e incluyendo a Entidades de la Sociedad Civil como por ejemplo Agrupaciones de la Iglesia Católica (¡”Promoción del Discapacitado! Monseñor François”; Arquidiócesis de Buenos Aires ”; “Obra Don Orione” ), Sindicatos, ONGs, etcétera; mientras miles de personas con discapacidad son asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social a través de una Pensión por Invalidez que se adjudica si la persona con discapacidad es además una persona en situación de calle o de indigencia o vulnerabilidad. Una pensión de $ 1500 por mes.
Sitio web oficial: El Gobierno Nacional, a través del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad presidido por CONADIS, lleva entregados - en el transcurso de 2013 - la suma de 43.350.719 de pesos destinados para la inclusión de personas con discapacidad. Los destinatarios fueron personas físicas, organismos provinciales, municipales y de la sociedad civil de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires.
Ahora vaya una PCD a un Municipio a solicitar asistencia social o ayuda domiciliaria y pronto descubrirá cuánto “asesoramiento” le ofrece el Estado y cuántas tramitaciones, idas y venidas deberá realizar para que la empatía o la condescendencia del funcionario de turno resuelva en su favor para brindarle al fin y al cabo el verdadero y necesario apoyo que requiere conforme a derecho.
¿No es hora ya de proceder a una reestructuración general de la CONADIS. ¿Acaso no resulta necesario propiciar metas de gestión más eficientes que prioricen la realidad cotidiana de las Personas por sobre las Organizaciones. Diez años, seis años, es mucho tiempo para que la calidad de vida individual continúe siendo postergada bajo la promesa de “estamos trabajando por la inclusión”. Articular mecanismos tendientes a mejorar la calidad de vida de los individuos con discapacidad antes que a mejorar la calidad de vida de las autoridades institucionales, sean públicas o privadas; requiere un uso más racional de los recursos, mayor compromiso en torno al respeto por la ley, y por supuesto, un alto sentido vocacional para el servicio público. Menos viajes, menos gastos superfluos, menos erogaciones inútiles, menos discursos, menos palabras y más hechos concretos. Yo voto para que así sea.
26/11/13. Eduardo Oscar Novoa - 1544159574
