25/09/2025
¡Cuidado habitantes de La Paz Bolivia! En Bolivia, un estudio piloto realizado entre noviembre y diciembre de 2023 por la Universidad de Cartagena (Colombia), el Instituto Seladis y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), reveló que al menos nueve de cada diez mujeres indígenas que habitan comunidades amazónicas cercanas a los ríos Beni y Madre de Dios presentan niveles de mercurio en el cabello superiores a los máximos recomendados para la protección de la salud. Esta intoxicación está directamente relacionada con el consumo de pescado contaminado, ya que el mercurio utilizado en la minería aurífera ilegal se libera en los ríos, circula con facilidad por la composición química de sus aguas y termina afectando a las poblaciones ribereñas que dependen de estos ecosistemas para alimentarse y sobrevivir.
El experto colombiano Jesús Olivero-Verbel explicó que el mercurio es un disruptor endocrino, lo que significa que altera el sistema hormonal, especialmente peligroso durante la gestación. Por ello, el estudio se centró en mujeres indígenas, una población particularmente vulnerable. El mercurio compromete el desarrollo neurológico, afecta el sistema nervioso central y puede agravar condiciones preexistentes. Además de las muestras de cabello, se tomaron muestras de sangre para evaluar el funcionamiento de riñones, hígado y tiroides, encontrando daños significativos.
Las mujeres evaluadas viven en condiciones de extrema pobreza, lo que agrava su exposición y limita sus opciones alimentarias. “Es fácil decirnos que no comamos pescado, pero ¿qué alternativa nos dan para sobrevivir?”, cuestionó Noé Macuapa, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), quien denunció que las comunidades indígenas son objeto de estudio, pero no de atención efectiva por parte del Estado. A pesar de más de dos décadas de reclamos, las autoridades como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no han implementado medidas concretas para fiscalizar ni detener la expansión de la minería ilegal. “No ha cambiado nada en lo absoluto”, afirmó Macuapa, señalando que operadores extranjeros "principalmente chinos y colombianos" continúan contaminando desde las cabeceras de los ríos en zonas como Mayaya, Guanay y Teoponte y en las faldas del Illimani.
El impacto no se limita a quienes participan en la minería. Las comunidades que no trabajan con oro también están expuestas, ya que el mercurio fluye río abajo y contamina todo a su paso. Incluso animales domésticos han mostrado signos de intoxicación. Frente a la crisis económica y el encarecimiento de la canasta familiar, algunas comunidades se han visto obligadas a involucrarse en la minería en condiciones marginales, trabajando con “cachaza residual”, es decir, el material descartado por las operaciones de mayor escala.
Pero el riesgo no termina en las zonas rurales. Dado que los ríos Beni y Madre de Dios forman parte de una red hídrica que conecta con el sistema fluvial del departamento de La Paz, existe una preocupación creciente de que la contaminación por mercurio pueda alcanzar también a zonas urbanas, incluyendo la ciudad de La Paz. Si el mercurio continúa desplazándose río arriba o si se comercializa pescado contaminado en mercados urbanos, la población paceña podría estar expuesta sin saberlo. Esta amenaza silenciosa exige una vigilancia urgente, ya que los efectos del mercurio no distinguen entre comunidades rurales e instituciones urbanas. La salud pública de toda la región está en juego.
En paralelo, Bolivia atraviesa una fiebre del oro impulsada por el alto valor del mineral. Según el CEDIB, existen más de 3.000 cooperativas mineras en el país, de las cuales más de 2.000 se dedican a la explotación aurífera. Entre 2015 y 2023, Bolivia se convirtió en el principal importador de mercurio del mundo, con unas 1.200 toneladas ingresadas. Aunque desde 2023 rige una prohibición, la sustancia sigue ingresando de forma ilegal.
En respuesta a esta crisis, el gobierno boliviano, junto con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), presentó un Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera. Sin embargo, seis pueblos indígenas amazónicos denunciaron haber sido excluidos del proceso de diseño del plan, lo que vulnera el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exigen consulta previa, libre e informada en políticas públicas que afecten directamente a los pueblos indígenas. Más de 20 organizaciones respaldaron esta denuncia, señalando que el plan fue articulado exclusivamente con cooperativas mineras y actores estatales, sin incluir a las comunidades afectadas.
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), cuestionó: “¿Cómo puede diseñarse un plan para proteger la salud y el medioambiente sin contar con quienes están siendo envenenados?”. La ONUDI respondió que el plan “no está hecho en piedra” y que se abrirán espacios para incluir a los pueblos indígenas, aunque hasta la fecha no se han concretado mecanismos efectivos de participación.
El estudio recomienda implementar educación ambiental para evitar la exposición al mercurio, promover prácticas seguras de consumo de pescado que permitan identificar las especies menos contaminadas, establecer un monitoreo continuo de los niveles de mercurio en los habitantes de estas regiones, mejorar el acceso a agua potable y saneamiento, y fortalecer los sistemas de salud locales. Pero también urge ampliar el monitoreo hacia centros urbanos como La Paz, donde el riesgo podría estar latente y aún no ha sido evaluado con la rigurosidad que merece.
🔗 Enlaces clave para profundizar:
- Estudio sobre mercurio en mujeres indígenas – El Deber
- Denuncia de exclusión del PAN – Mongabay
- Testimonio de Noé Macuapa – ANF
- Alerta por minería ilegal – Instantáneas TIC
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