01/01/2026
NOTA DE PRENSA
01 de enero de 2026
FUNPAZ denuncia avances judiciales en EE.UU. contra el exmilitar venezolano Rafael Quero Silva por torturas y crímenes de lesa humanidad
La Asociación Civil Fuerza Unión Justicia Solidaridad y Paz (FUNPAZ) informa a la opinión pública nacional e internacional sobre la evolución del caso del ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Rafael José Quero Silva, señalado por múltiples víctimas como responsable directo y jerárquico de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles cometidos durante las protestas ciudadanas de los años 2013 y 2014 en el estado Lara, Venezuela.
FUNPAZ confirma que un grupo de víctimas ha interpuesto formalmente una denuncia civil ante una Corte Federal en el Distrito Sur de Florida (Miami), amparándose en la legislación estadounidense que permite juzgar civilmente actos de tortura y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos fuera del territorio de los Estados Unidos.
Esta acción legal representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad, al trasladar el reclamo de justicia a una jurisdicción independiente y con garantías efectivas para las víctimas.
De acuerdo con la información judicial disponible, la demanda civil fue debidamente admitida, y el proceso se encuentra en fase inicial de sustanciación, mientras Rafael Quero Silva permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, tras haberle sido negada la libertad bajo fianza.
Paralelamente, existen investigaciones federales en curso que incluyen testimonios de víctimas, documentación médica, peritajes psicológicos y registros audiovisuales.
FUNPAZ destaca que la ausencia de avances judiciales reales en Venezuela, así como la falta de independencia del sistema de justicia bajo el régimen de Nicolás Maduro, obligó a las víctimas a recurrir a instancias internacionales y extranjeras, como mecanismo legítimo para la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La organización advierte, además, que existen indicios públicos de presiones políticas y contactos del entorno familiar del acusado con estructuras del poder venezolano, lo que refuerza la necesidad de máxima vigilancia internacional para evitar maniobras destinadas a obstaculizar el proceso judicial, favorecer la impunidad o facilitar un eventual retorno del acusado a Venezuela sin rendición de cuentas.
FUNPAZ reitera que los crímenes de tortura y lesa humanidad no prescriben, y que los responsables —independientemente de su rango, cargo o tiempo transcurrido— pueden y deben ser juzgados allí donde exista un sistema judicial dispuesto a hacerlo conforme al derecho internacional.
Finalmente, FUNPAZ hace un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, a los relatores especiales de Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional y a la comunidad democrática internacional, a seguir de cerca este caso, brindar protección a las víctimas y respaldar todas las iniciativas orientadas a combatir la impunidad de los responsables de la represión en Venezuela.
FUNPAZ continuará informando oportunamente sobre cualquier nueva actualización relevante de este proceso judicial.
