Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)

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Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) Matriz histórica del movimiento organizado de los trabajadores periodistas, fundada el 21 de julio de 1928.

Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). La Asociación Nacional de Periodistas del Perú es una organización gremial constituida por personas naturales que trabajan en prensa escrita, radial, televisiva y electrónica y en otros medios de comunicación social afines y conexos, así como por personas jurídicas representativas de los trabajadores de la prensa y similares. Su carné de

identidad profesional tiene fuerza legal por Ley Nº 6848, del 7 de abril de 1930. La sede central de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú está en la ciudad de Lima; cuenta con filiales con carácter de asociaciones distritales, asociaciones provinciales, asociaciones departamentales, asociaciones regionales y asociaciones especializadas. La sigla de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú es ANP y tiene como lema “La información es un derecho del pueblo”.

Tumbes: Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional amenaza de muerte a periodista local en su viviendaEl periodist...
19/06/2026

Tumbes: Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional amenaza de muerte a periodista local en su vivienda

El periodista José del Águila, director del portal informativo Camotillo Press, denunció haber sido víctima de graves amenazas en su vivienda, en la ciudad de Tumbes, por parte del gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional, Erick Baltodano Contreras, tras la difusión de reportajes sobre presuntos delitos de corrupción y procesos judiciales que involucran al funcionario.

En declaraciones brindadas a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Del Águila señaló que el hecho se registró la noche del jueves 18 de junio de 2026 alrededor de las 7:50 de la noche, cuando llegó el proveedor del GORE Tumbes, Fernando García Campaña.

Al momento que abrió la puerta para atenderlo, el gerente Baltodano Contreras -que se ubicó en una pared lateral externa- interpuso el cuerpo para ingresar de manera prepotente al inmueble.

Simultáneamente, dos sujetos identificados posteriormente como el ingeniero Wilmer Flores y el abogado Hildebrando Mariños, presuntos asesores de la Gerencia Regional de Infraestructura, se apostaron en la entrada en actitud hostil manifestando que permanecerían en el exterior "por si acaso".

Una vez dentro, García Campaña —quien según informaciones extraoficiales habría sido amenazado previamente por Baltodano bajo la sospecha de ser un informante— exigió al periodista aclarar si él era la fuente que filtró la información sobre el gerente.

Ante ello, Del Águila se negó rotundamente en salvaguarda del secreto profesional y la protección de sus fuentes. Horas antes, el portal Camotillo Press había publicado notas informativas detallando los procesos del funcionario ante el Ministerio Público y una denuncia contra el pudor en la Comisaría PNP de San José.

El altercado escaló cuando el gerente regional de Infraestructura cuestionó la labor periodística del medio e intentó cerrar a la fuerza la puerta de la oficina. Tras ser increpado por el comunicador para que no cerrara el acceso, Baltodano mostró un visible ofuscamiento, se acomodó la cintura del pantalón en un ademán de portar un arma y profirió amenazas explícitas contra el periodista y su entorno familiar exclamando: “Ahora conozco tu casa, co**ha tu madre... Me vas a conocer... Recuerda que tienes familia... Ahora vas a saber quien soy yo”.

El ataque verbal cesó luego de que el reportero le advirtiera que el inmueble contaba con cámaras de seguridad. Tras salir de la propiedad, la comitiva permaneció en exteriores por un lapso de 20 minutos a bordo de dos vehículos antes de retirarse.

Frente a esta grave situación de vulnerabilidad, el director de Camotillo Press alertó públicamente sobre el peligro que representa este amedrentamiento en el marco del inicio de la campaña electoral e hizo un llamado directo a la gobernadora regional de Tumbes, Rosario Palacios, por la permanencia de funcionarios que recurren a prácticas delictivas para amordazar las investigaciones periodísticas.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP expresa su enérgico rechazo a los actos de amedrentamiento por parte del gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, Erick Baltodano Contreras.

La ANP considera que el funcionario público debe recibir una sanción ejemplar ante la gravedad de los hechos denunciados. Asimismo, las autoridades competentes deben brindar las garantías y debida protección al periodista José del Águila frente a la flagrante amenaza.

Huaraz: Superintendente de Migraciones restringe labor informativa de periodista local en espacio públicoLa periodista G...
16/06/2026

Huaraz: Superintendente de Migraciones restringe labor informativa de periodista local en espacio público

La periodista Gudelia Gálvez Tafur, directora del portal informativo Huaraz Noticias, fue víctima de una restricción a su labor periodística por parte del superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Gálvez señaló que el hecho se registró el jueves 11 de junio alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando el alto funcionario arribó a la ciudad con el objetivo de evaluar presencialmente las áreas asignadas dentro del Centro Cultural para la instalación de la futura oficina de su dependencia en Huaraz.

Durante el recorrido por el recinto municipal, el superintendente fue registrado por el equipo de Huaraz Noticias mientras manifestaba de forma directa su disconformidad con la distribución de los espacios expuestos. Al percatarse de que sus comentarios estaban siendo grabados, el funcionario interrumpió abruptamente la actividad para expresar su incomodidad y confrontar a la prensa.

En el video publicado por Gálvez, se ve a Alvarado Gómez increpando de manera prepotente a la comunicadora apuntándola con el dedo y afirmando textualmente: "Está prohibido grabar sin autorización. No le digo que no lo haga, pero acá, puede ser una institución pública, pero usted no puede grabar sin la autorización". Luego, el funcionario preguntó a su asistente de comunicaciones para confirmar si había dado alguna autorización.

Al ser confrontado por la reportera respecto al derecho constitucional de información en un espacio público, el superintendente mostró un visible ofuscamiento y replicó de forma restrictiva: "Usted tiene la libertad, pero no puede grabar sin la autorización ¿Qué información está cubriendo? No estamos en instalación de la oficina". Asimismo, instó a los periodistas a “revisar el código de los periodistas”, argumentando que la presencia de las cámaras vulneraba los protocolos de su sector.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP rechaza el trato abusivo del superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, hacia la periodista Gudelia Gálvez, quien cumplía con su trabajo de informar sobre un hecho de relevancia pública en un espacio público.

La ANP recuerda que los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio ciudadano, especialmente cuando desarrollan actividades vinculadas al ejercicio de sus cargos y a decisiones de interés público. Por ello, demandamos a los funcionarios abstenerse de adoptar conductas intimidatorias o limitantes que obstaculicen la cobertura de asuntos de evidente interés ciudadano.

Coronel Portillo: Intervienen de forma arbitraria y retienen a periodista durante cobertura de caso de homicidioEl perio...
16/06/2026

Coronel Portillo: Intervienen de forma arbitraria y retienen a periodista durante cobertura de caso de homicidio

El periodista Ceymor Rengifo Rengifo, director del portal informativo Pucallpa EsChoy Noticias, fue víctima de una intervención arbitraria, maltrato físico y retención por parte del teniente PNP Luis Miguel Pacheco Pillco en el Complejo Policial Artemio Paredes Sánchez, sede de la Divincri de Ucayali, en la provincia Coronel Portillo.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Rengifo señaló que el hecho se registró la medianoche del domingo 14 de junio, cuando se encontraba en los exteriores del complejo policial cubriendo el traslado de dos sujetos implicados en el homicidio de un joven de 24 años ocurrido en Neshuya.

Mientras grababa con su equipo, fue interceptado de forma prepotente por el teniente Pacheco Pillco, quien le exigió su identificación con la frase: "¿Está grabando usted? (...) A ver su DNI. ¿Quién es usted? (...) ¿Es prensa? Ah, ya. Bien, se identifica". Pese a la disposición del reportero, quien entregó su documento manifestando que "estoy haciendo mi chambita, jefe. También igual que usted", el oficial ordenó su ingreso a la dependencia policial.

Al notar que el periodista continuaba registrando las imágenes de los detenidos como parte de su cobertura, el teniente se ofuscó, lo empujó con el cuerpo y lo obligó a ingresar al recinto exclamando de manera agresiva: "No, no, no. A mí no me vas a hacer lo que tú quieres, ¿ya? Pase, pase. Le voy a hacer un control de identidad. Usted no va a venir a hacer lo que quiere ... Y sigue filmando. Está filmando dentro de las instalaciones policiales, ¿sabe, no?".

Ante la respuesta del comunicador de que la grabación era su única evidencia de respaldo frente al maltrato, el efectivo replicó: "Yo le voy a enseñar a cómo se trabaja, ¿ya? Sigue grabando, señor. Le estoy explicando. Corte este video porque está dentro de las instalaciones policiales".

El periodista señala que fue retenido contra su voluntad dentro de la sede policial durante varios minutos bajo el pretexto de un control de identidad. En reiteradas oportunidades, y alzando la voz, tanto el teniente Pacheco Pillco como otro agente de la base policial le exigieron que apagara su cámara. El atropello motivó la inmediata intervención de la abogada de la familia de la víctima de homicidio, quien increpó públicamente a los policías señalando que el acto era un abuso de autoridad destinado a proteger a los delincuentes, sumando además su protesta debido a que los imputados eran trasladados sin marrocas, e intentando tapar sus rostros bajándoles los gorros.

Posteriormente, el periodista formalizó una denuncia ante Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el teniente Pacheco Pillco por el presunto delito de abuso de autoridad. El recurso detalla que, en la sección de observaciones del acta de control de identidad, firmada por el instructor policial, el oficial consignó falsamente que Rengifo se negó a identificarse.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advierte que ningún efectivo policial puede utilizar procedimientos de control de identidad como mecanismo de hostigamiento o represalia contra periodistas que realizan cobertura de hechos de interés público. La intervención, retención y exigencia reiterada de cesar las grabaciones al periodista Ceymor Rengifo constituyen actos incompatibles con los estándares democráticos de protección a la libertad de prensa y evidencian un abuso de autoridad. Resulta especialmente grave que se haya restringido la labor informativa de un comunicador que cubría un caso de alto interés ciudadano.

La ANP hace un llamado público a Inspectoría de la PNP para disponer sanciones ejemplares al teniente Pacheco Pillco; así como insta al Ministerio Público a obrar de oficio frente a un flagrante abuso de autoridad.

Maynas: Periodista de Iquitos recibe amenazas de muerte tras cuestionar obras públicasEl periodista Pauner Portal Talexi...
15/06/2026

Maynas: Periodista de Iquitos recibe amenazas de muerte tras cuestionar obras públicas

El periodista Pauner Portal Talexi, de Radio Astoria, denunció ser víctima de graves amenazas de muerte en su vivienda en Iquitos, provincia Maynas, región Loreto.

De acuerdo a la información brindada a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el hecho se registró el viernes 12 de junio, alrededor de las 6:00 de la mañana.

El comunicador abrió la puerta de su domicilio ubicado en el distrito de San Juan Bautista, y halló un sobre manila en cuyo interior se encontraban dos balas, cuatro hojas impresas con fotografías que evidencian reglaje contra él, su esposa y su menor hijo, y una carta manuscrita con insultos y amenazas explícitas.

La nota extorsiva le exige textualmente dejar de emitir cuestionamientos en sus espacios de difusión: “Deja de estar jodiendo en tu programa radial o televisivo, tú ya sabes a quienes atacas esto es una advertencia (...) cierra tu boca o te vas con San Pedro”. Añade que las municiones son una “muestra que no estamos jugando”.

El ataque intimidatorio se produjo tras difundir reportajes críticos sobre presuntos retrasos e irregularidades en obras públicas bajo la gestión del gobernador regional de Loreto y del exalcalde de Maynas, Vladimir Chong. Entre los cuestionamientos difundidos figuran la demora en la ampliación Javier Heraud, deficiencias en la losa deportiva de Micaela Bastidas y retrasos en la pavimentación de la calle Putumayo, en el sector de Calvo de Araujo, a cargo del consorcio Sinchicaris.

Frente a este atentado contra su seguridad, el periodista denunció el hecho ante la DEPINCRI Iquitos. El Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso a través de la fiscal adjunta provincial de la 1ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, Marjorie Villanueva Rojas, a fin de iniciar las investigaciones pertinentes y salvaguardar la vida del comunicador y su familia.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condena enérgicamente las amenazas de muerte contra el periodista y expresa su preocupación por la seguridad de él y su familia.

Exigimos una investigación diligente que permita identificar y sancionar a los responsables, así como la adopción inmediata de medidas de protección que garanticen su vida e integridad.

Las amenazas contra periodistas constituyen un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.

Arequipa: Atacan con explosivos vivienda de periodista tras denunciar presuntos actos de corrupción policialEl periodist...
12/06/2026

Arequipa: Atacan con explosivos vivienda de periodista tras denunciar presuntos actos de corrupción policial

El periodista Julio Aquise Uscamayta, del portal informativo En Directo JA, fue víctima de un atentado con artefactos explosivos y amenazas contra su integridad en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. El ataque se produjo pocos días después de que el comunicador presentara ante el Ministerio Público una denuncia sobre presuntos actos de corrupción que involucrarían a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informó el periodista a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los hechos ocurrieron la noche del sábado 6 de junio. Aproximadamente a las 10:50 de la noche, mientras descansaba junto a su familia en su vivienda ubicada en el sector José Santos Atahualpa, dos sujetos llegaron hasta el frontis del inmueble, encendieron y lanzaron artefactos explosivos antes de darse a la fuga.

Las detonaciones generaron momentos de zozobra entre los ocupantes de la vivienda y ocasionaron daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los presuntos autores del ataque. De acuerdo con las imágenes, uno de ellos vestía short negro, polo blanco y chaleco, mientras que el segundo llevaba jean azul, polera negra y gorra.

De acuerdo con el testimonio de Aquise, el atentado estaría relacionado a su labor periodística. Horas antes del ataque, alrededor de las 3:00 de la tarde del mismo día, cuando retornaba de su centro de trabajo a su domicilio, fue interceptado por un desconocido que lo amenazó con la frase: “Te gusta denunciar, ¿no? Ahora te va a ir peor”. El periodista señaló que estos actos de intimidación comenzaron aproximadamente una semana y media después de que presentara una denuncia por presunta corrupción policial ante la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.

Como antecedente de esta situación, su abogado, Santiago Mendoza, informó que el comunicador viene siendo objeto de seguimiento y hostigamiento desde julio de 2025. El 14 de julio de ese año fue detenido tras ser acusado de una presunta extorsión contra agentes policiales.

Sin embargo, dicha investigación fue archivada de manera definitiva en abril de 2026 al no encontrarse elementos que sustentaran la imputación. La defensa precisó además que, durante aquella intervención, se produjeron agresiones físicas contra el periodista por parte de efectivos policiales.

Posteriormente, Aquise acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos para denunciar a los agentes involucrados en esos hechos por uso arbitrario de la fuerza.

Frente a este nuevo episodio de violencia, la defensa legal del periodista informó que el atentado ha sido denunciado ante la Comisaría de Mariscal Castilla para el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, debido al riesgo existente y al temor por la seguridad de su familia, el comunicador ha solicitado garantías personales para proteger su vida e integridad.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación por este grave atentado y demanda a las autoridades competentes la adopción inmediata de medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de Julio Aquise Uscamayta y de su entorno familiar. Asimismo, considerando que el periodista había denunciado presuntos actos de corrupción que involucrarían a miembros de la Policía Nacional del Perú y que previamente reportó hostigamientos y amenazas, la ANP exige se pueda garantizar la independencia en la investigación de lo sucedido.

La Convención: Dirigentes de mercado de abastos impiden labor de periodista local durante cobertura informativaLa period...
10/06/2026

La Convención: Dirigentes de mercado de abastos impiden labor de periodista local durante cobertura informativa

La periodista Karina García Cashiri, de Quillabamba TV - Canal 13, fue víctima de agresión, amedrentamiento y de una restricción arbitraria al libre ejercicio de su labor informativa por parte de dirigentes del Mercado de Productores Virgen del Carmen, en la ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, Cusco.
En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), García Cashiri señaló que el hecho ocurrió el martes 9 de junio de 2026, alrededor de las 11:00 de la mañana.
La reportera acudió a las instalaciones de la Feria de Productores Virgen del Carmen tras recibir denuncias de un grupo de productoras locales respecto a que habían sido desalojadas del recinto comercial, bajo administración municipal.
El video, transmitido en vivo, muestra que mientras la periodista se aproximaba para entrevistar al presidente de la asociación de productores, Carlos Radovich, otro comerciante, identificado como Elio Mariaca, acompañado por dos mujeres, irrumpió de manera agresiva para amedrentar al equipo periodístico.
Cuando la comunicadora intentó conversar con Radovich, el sujeto comenzó a empujarla físicamente hacia la salida exclamando frases como "afuera, afuera entrevistas, estamos en una reunión", mientras las otras personas, en complicidad, continuaban con los empujones para retirarla a la fuerza.
Finalmente, la periodista tuvo que abandonar el centro de abastos, teniendo que cumplir su labor únicamente desde exteriores, donde conversó con personas afectadas por las disposiciones del mercado.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP expresa su solidaridad con la periodista Karina García Cashiri, así como su rechazo frente a este incidente, ocurrido en un espacio público bajo administración municipal, configurando un atentado contra las libertades de expresión e información.

¡Atención periodista!Si hoy 7 de junio eres víctima de algún ataque, agresión o vulneración a tus derechos durante la co...
07/06/2026

¡Atención periodista!

Si hoy 7 de junio eres víctima de algún ataque, agresión o vulneración a tus derechos durante la cobertura esta jornada electoral comunícate con nuestro Observatorio Electoral para recibir ayuda y orientación legal.

El equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú se encuentra activo y vigilante durante esta fecha histórica para el país.

Lima: Fotoperiodista independiente Juan Mandamiento fue agredido y detenido arbitrariamenteEl fotoperiodista independien...
05/06/2026

Lima: Fotoperiodista independiente Juan Mandamiento fue agredido y detenido arbitrariamente

El fotoperiodista independiente Juan Mandamiento fue víctima de una detención arbitraria y agresión física por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de La Victoria, Lima.
El ataque contra el comunicador, que incluyó afectación de su herramienta de trabajo, se produjo mientras registraba el uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos en un espacio público.
En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Mandamiento señaló que el hecho ocurrió la noche del reciente 3 de junio. Mandamiento acudió a cubrir una nueva edición de los “miércoles de freestyle” (actividad cultural de arte urbano) que se realiza semanalmente desde hace más de un año en la vía pública del distrito.
Según relató, al poco tiempo de iniciado el evento, contingentes de la policía y del Serenazgo de Municipalidad La Victoria irrumpieron de manera amenazante con el fin de cancelar la actividad, lo que generó una confrontación verbal con los participantes.
Al percatarse de que el fotoperiodista registraba con su cámara el accionar de las fuerzas del orden y las amenazas de arresto contra los jóvenes, un efectivo policial se colocó delante de Mandamiento para bloquear deliberadamente la toma.
Pese a que el reportero intentó moverse para continuar con su cobertura, el agente persistió en la obstrucción y el hostigamiento hasta que, sin mediar justificación legal alguna, procedió a detenerlo de forma violenta para subirlo a un patrullero.
Durante la intervención, y pese a que el comunicador no opuso resistencia para salvaguardar sus equipos, los efectivos lo empujaron agresivamente contra la unidad vehicular, causándole golpes y raspaduras en el pecho y las piernas. Asimismo, en el forcejeo, los agentes dañaron severamente su herramienta de trabajo, rompiendo el flex de la pantalla retráctil de su cámara fotográfica.
Mandamiento relató que fue conducido a la Comisaría PNP de 28 de Julio, donde, un oficial de alto rango lo amenazó inicialmente con dejarlo formalmente detenido si continuaba comunicándose por teléfono con sus colegas.
Sin embargo, tras revisar su mochila de cobertura y corroborar que se trataba de un trabajador de prensa que portaba sus equipos de trabajo, las autoridades policiales cambiaron bruscamente su postura, pretendiendo justificar la agresión bajo el argumento de que acudieron al lugar por llamadas de los vecinos.
El fotoperiodista señaló que finalmente los agentes policiales le ofrecieron firmar un acta de control de identidad para que lo liberen sin presentar mayores cargos, a lo que accedió a fin de superar el momento.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su protesta por la agresión y detención arbitraria a la que fue sometido el fotoperiodista independiente Juan Mandamiento, y exhorta a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú a actuar de oficio frente a estos hechos.

Tumbes: Conductora involucrada en accidente de tránsito interpone demanda de amparo contra periodistasLos periodistas Zu...
28/05/2026

Tumbes: Conductora involucrada en accidente de tránsito interpone demanda de amparo contra periodistas

Los periodistas Zulmi Gastelo Heredia de Corporación Hechicera, Gilberto Céspedes Estrada de Tumbes de Miércoles y El Cazador Tumbesino, Lucy Peña López de Noticias con Lucy Peña y Anderson Martín Yacila Silva afrontan una demanda de amparo en su contra, interpuesta por la ciudadana Marisol Gladys Pérez Ortega, quien exige el retiro de publicaciones que informaron sobre un accidente vial.

En declaraciones a la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zulmi Gástelo señaló que el hecho que originó las coberturas informativas ocurrió la noche del domingo 29 de marzo de 2026, alrededor de las 10:10 de la noche, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Canoas de Punta Sal, Contralmirante Villar.

Según las actas policiales, Pérez Ortega impactó su camioneta contra un motocar en el que viajaba una familia, incluyendo a dos menores, quienes resultaron heridos. La conductora fue detenida en flagrancia debido a que el dosaje etílico arrojó 1.40 g/l de alcohol en la sangre, abriéndosele una investigación por peligro común y lesiones culposas graves.

La argumentación de la acción constitucional sostiene que los hombres y mujeres de prensa -y sus plataformas digitales- difundieron de manera concertada material audiovisual lesivo dieciocho días después del suceso.

La demandante alega una presunta vulneración a sus derechos a la presunción de inocencia, al honor, a la buena reputación y a la dignidad humana. El recurso cuestiona la propalación de videos donde se la expone en la vía pública, esposada con grilletes y custodiada por efectivos policiales, acompañados de “titulares condenatorios anticipados”.

Asimismo, comprende a los familiares de las víctimas por suministrar información a los medios y publicar comentarios en Facebook para “ejercer presión mediática”.

Pérez Ortega argumenta que las publicaciones no responden a un criterio de flagrancia, sino a una supuesta estrategia de coacción económica orquestada por la defensa de las víctimas para obligarla a ceder a sus pretensiones financieras.

El juzgado a cargo del caso notificó a los comunicadores emplazados y ha convocado a las partes a una audiencia única virtual para el próximo miércoles 26 de agosto de 2026.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP expresa su rechazo este nuevo caso de instrumentalización judicial en contra de periodistas locales que han difundido información de relevancia pública, más cuando existen evidencias concretas que respaldan la información difundida.

Andahuaylas: Primer Juzgado Civil ordena a periodistas eliminar publicaciones sobre presunta corrupción de magistradoLos...
26/05/2026

Andahuaylas: Primer Juzgado Civil ordena a periodistas eliminar publicaciones sobre presunta corrupción de magistrado

Los periodistas Analí Andrade Pareja, de Fuerza Informativa Apurímac, y Edwin Ramírez Delgado, del portal Portada.pe, recibieron un fallo en primera instancia que les ordena retirar sus publicaciones, en el marco del proceso constitucional de amparo interpuesto por el juez superior Wilmar De La Cruz Gutiérrez. El Primer Juzgado Civil de Andahuaylas declaró fundada la demanda del letrado y ordenó la eliminación definitiva de sus investigaciones periodísticas, así como la prohibición de nuevas publicaciones.

De acuerdo a la información recabada por la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en la resolución emitida el 18 de mayo de 2026, el juez César Germán Almanza Barazorda determinó que los comunicadores vulneraron los derechos al honor, a la buena reputación, a la imagen propia y a la presunción de inocencia del demandante Wilmar De La Cruz Gutiérrez. El fallo impone a los periodistas la obligación de borrar de sus cuentas de Facebook los enlaces, videos y transmisiones en vivo de los días 11, 18 y 19 de noviembre de 2025, bajo apercibimiento de aplicárseles multas acumulativas y remitir copias al Ministerio Público en caso de resistencia.

Asimismo, la sentencia les prohíbe realizar en el futuro nuevas publicaciones o comentarios que reiteren los cuestionamientos hacia el magistrado, restringiendo además el uso de recursos gráficos de identificación visual, como el enmarcado de su fotografía en un círculo rojo, al catalogarlo como una "técnica de estigmatización".

La argumentación judicial respaldó los reclamos del magistrado De La Cruz, quien sostuvo que los periodistas "asumieron como propio" el contenido de una queja funcional ante la Oficina Descentralizada de Control de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) que se encontraba en etapa inicial y reservada. El juzgado fallo indica que incumplieron el "deber de diligencia" al difundir como hechos comprobados un presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses.

Según la denuncia original, el magistrado demandante habría actuado de forma parcializada para favorecer al alcalde de Andahuaylas, Abel Serna, en un proceso de violencia sexual, debido a que la pareja del juez labora en dicha municipalidad. No obstante, el fallo concluyó que los periodistas distorsionaron la información al presentar la decisión judicial como un acto unilateral del demandante, omitiendo reportar que las resoluciones de una Sala Superior dependen de un colegiado de tres magistrados.

Frente a esta sentencia, se interpuso un recurso de apelación. La defensa solicita que la Sala revisora revoque o declare nula la resolución en su totalidad. Se reitera que las publicaciones abordaron un asunto de evidente interés público y control ciudadano sobre funcionarios estatales, advirtiendo que la prohibición de informar y la orden de remover los contenidos digitales constituyen mecanismos de censura que atentan contra el derecho constitucional a la libertad de expresión e información.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP expresa su enérgico rechazo al fallo del Primer Juzgado Civil de Andahuaylas, que de forma vedada violenta la libertad de información. Asimismo, llama la atención sobre los presuntos vínculos entre el demandante y el juez César Germán Almanza Barazorda que podrían haber influido en este resultado, cuestionable por no ponderar los mínimos estándares que protegen la libertad de prensa.
Asimismo, la ANP llama la atención sobre la creciente tendencia dentro de la persecución judicial contra periodistas que instrumentaliza recursos constitucionales de amparo o afines para exigir la eliminación de información de relevancia pública, así como la pretensión de brindar un estatus de "intocable" a funcionarios públicos.

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