Justicia Independiente Zac

17/08/2026

MÉXICO APRENDIÓ A VOTAR; ZACATECAS TODAVÍA TIENE QUE APRENDER QUÉ HACER CON LOS VOTOS

México aprendió a votar, pero no ha terminado de construir ciudadanos; quizá ése sea uno de nuestros problemas políticos más profundos y, al mismo tiempo, uno de los que menos queremos discutir porque resulta mucho más sencillo presumir elecciones que preguntarnos qué clase de sociedad llega a ellas. Lorenzo Meyer ha insistido durante años en mirar nuestra democracia desde una historia marcada por relaciones verticales con el poder, por la obediencia, el favor y la dependencia; Victoria Camps plantea el problema desde otra esquina, una democracia tampoco se sostiene simplemente repartiendo derechos, necesita ciudadanos capaces de asumir responsabilidades frente a lo común, deliberar y participar. Camps lo resume con una idea esencial: el ciudadano es sujeto de derechos, sí, pero también de obligaciones y responsabilidades respecto del interés común.

El problema es que nosotros dimos por terminado el trabajo demasiado pronto; conseguimos elecciones competitivas, alternancia, organismos electorales, tribunales, credenciales bastante difíciles de falsificar y una admirable colección de campañas cada tres años, entonces concluimos que ya teníamos democracia porque teníamos urnas. Algo parecido a comprar una biblioteca y asumir que, por algún fenómeno todavía desconocido por la pedagogía, los libros comenzarán a leerse solos durante la madrugada; construimos el mecanismo para votar y olvidamos construir muchas de las condiciones necesarias para hacerlo con libertad, información y criterio.

Porque ser ciudadano cuesta tiempo, y ése es un lujo que una parte enorme de la población mexicana apenas tiene. Pedimos que una persona conozca a sus candidatos, revise propuestas, contraste información, comprenda qué hace un diputado, siga presupuestos, participe en su colonia, detecte mentiras, dude de lo que recibe por WhatsApp y todavía tenga disposición para escuchar a quien piensa distinto; después resulta que esa misma persona pasó buena parte del día trabajando, otra parte trasladándose, llegó a casa pensando en la renta, la comida, la escuela de los hijos y cómo conseguir que el sueldo sobreviva hasta la siguiente quincena. Desde una oficina podemos indignarnos porque “la gente no se informa”; desde un camión a las ocho de la noche probablemente la democracia tenga que competir primero contra el cansancio.

También pedimos pensamiento crítico después de haber construido durante décadas una educación donde demasiadas veces aprender significó repetir la respuesta correcta, no preguntar por qué era correcta; queremos ciudadanos capaces de deliberar, contrastar, argumentar y cambiar de opinión cuando aparecen mejores razones, pero seguimos premiando mucho más la obediencia que la duda. Luego llega una elección, entregamos una boleta con nombres, partidos, coaliciones, fórmulas y reglas que buena parte de quienes las aprobaron necesitan explicar con plumón y pizarrón, y nos sorprendemos cuando la decisión termina dependiendo del partido conocido, del candidato popular, del mensaje más repetido o de quién consiguió dominar el algoritmo durante las últimas dos semanas.

Por eso lo ocurrido hoy en Zacatecas merece algo más que discutir quién ganó la votación en el Congreso. La Legislatura aprobó una modificación al sistema de representación proporcional con 16 votos a favor y 11 en contra; las doce diputaciones plurinominales continúan existiendo, pero cambia la forma de integrar las listas y se incorpora a candidaturas de mayoría que perdieron sus distritos pero obtuvieron los mejores resultados conforme al mecanismo aprobado. Sus promotores dicen que así se reduce el poder de las dirigencias partidistas y se reconoce a quienes realmente salieron a buscar votos; suena democrático, quizá demasiado democrático, y cuando una reforma electoral se vende exclusivamente con la palabra “votos” conviene revisar dónde escondieron la calculadora.

Porque las diputaciones plurinominales nunca fueron inventadas para descubrir quién perdió mejor; fueron creadas para corregir las distorsiones de un sistema de mayoría y procurar que la integración del Congreso refleje, dentro de ciertos límites, la pluralidad política de la sociedad. Si un partido recibe una cantidad importante de votos pero pierde muchos distritos por diferencias pequeñas, la representación proporcional evita que esos ciudadanos prácticamente desaparezcan del Congreso; al mismo tiempo, los límites de sobre y subrepresentación intentan evitar que quien ganó muchos distritos convierta una mayoría electoral en una concentración de poder muy superior al respaldo que realmente obtuvo. Esa lógica continúa reconocida en nuestro sistema electoral y es justamente la razón por la cual discutir plurinominales requiere algo más que preguntar quién tuvo más votos.

Aquí aparece el problema de la reforma zacatecana. Un buen resultado electoral individual no necesariamente equivale a una buena representación proporcional; un candidato puede competir en una zona urbana con una enorme concentración de electores, otro hacerlo en una región territorialmente extensa, rural, dispersa y con condiciones políticas completamente distintas, y comparar sus resultados como si hubieran corrido la misma carrera puede producir una fotografía engañosa. Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo o las zonas conurbadas concentran dinámicas demográficas y electorales muy distintas de regiones como Tlaltenango y los municipios del cañón; los distritos buscan equilibrar población, pero eso no elimina las diferencias territoriales, económicas, sociales ni de participación que existen entre unas regiones y otras.

Y entonces aparece una pregunta bastante sencilla que quizá debimos contestar antes de aprobar la reforma: ¿qué queremos representar, al candidato que consiguió más respaldo dentro de su partido o a la diversidad política del estado?

No necesariamente es lo mismo.

Un partido que ocupa el primer lugar puede ganar numerosos distritos de mayoría; eso ya le entrega representación territorial y política por haber ganado esas elecciones. Si después el mecanismo de representación proporcional vuelve a favorecer a candidaturas de esa misma fuerza por haber obtenido altas votaciones aun cuando perdieron en otros lugares, existe el riesgo de utilizar el mecanismo creado para equilibrar al sistema como una segunda oportunidad para reproducir las ventajas del sistema mayoritario. Los límites constitucionales de sobre y subrepresentación siguen siendo una barrera jurídica importante y no sería correcto afirmar hoy que la reforma automáticamente permitirá a un partido quedarse con todas las curules que quiera; el riesgo político que merece analizarse es más fino, podemos respetar formalmente una fórmula y aun así terminar debilitando la diversidad territorial y política que precisamente pretendíamos representar.

Pensemos en algo todavía más cercano. Un ciudadano de Guadalupe puede compartir problemas, infraestructura, transporte, servicios y dinámicas metropolitanas con decenas de miles de personas; alguien de Momax, Atolinga, Tepechitlán o Tlaltenango vive otra realidad, donde las distancias, el campo, la migración y hasta la relación cotidiana con las instituciones son diferentes. Si las reglas terminan privilegiando sistemáticamente a quienes compiten donde existe mayor concentración electoral, podremos presumir que seleccionamos a quienes obtuvieron “más respaldo” mientras descubrimos después que algunas regiones del estado tienen diputados de sobra y otras apenas tienen quién recuerde cómo se llega hasta ellas.

Eso también es democracia.

O debería serlo.

La democracia no consiste únicamente en sumar votos; consiste en decidir qué hacemos con ellos para evitar que la mayoría borre a las minorías, que las ciudades borren al territorio, que los partidos borren a los ciudadanos y que ganar una elección termine convirtiéndose en licencia para apropiarse de todas las instituciones. Por eso las reglas electorales parecen tan absurdamente complicadas, no porque los abogados electorales padezcan una enfermedad que les impida escribir una fórmula sencilla —aunque tampoco descartaría completamente esa posibilidad—, sino porque intentamos resolver mediante reglas matemáticas una pregunta política bastante antigua: cómo hacemos para que gobernar por mayoría no termine significando gobernar sin límites.

Y ahí regresamos al ciudadano.

Estamos reformando una vez más las reglas con las que la gente votará en 2027, pero seguimos hablando mucho menos de las condiciones en que esa misma gente llegará a votar. Podemos construir el sistema electoral más sofisticado del continente, repartir curules mediante cocientes, restos mayores, porcentajes, listas A, listas B y fórmulas que requieren calculadora científica; si quien recibe la boleta no sabe qué está eligiendo, qué puede exigir después o por qué debe vigilar incluso al partido que apoyó, tendremos una maquinaria electoral muy precisa para administrar una ciudadanía todavía incompleta.

Ése debería ser el verdadero debate rumbo a 2027; no solamente cuántos zacatecanos acudirán a las urnas, sino cuántos llegarán con información suficiente para distinguir representación de propaganda, cuántos sabrán qué hace realmente un diputado, cuántos conocerán quién aprobó determinada ley o presupuesto, cuántos podrán votar sin que una necesidad económica, una estructura partidista o una campaña de miedo sustituya su decisión, y cuántos tendrán después la disposición de exigir cuentas al candidato por el que ellos mismos votaron. Porque el ciudadano no aparece mágicamente cuando recibe una credencial del INE, se construye mediante educación, condiciones materiales, organización social, acceso a información y una cultura donde cuestionar al poder deje de considerarse traición.

Tal vez ése sea nuestro verdadero atraso democrático; durante mucho tiempo fuimos educados para obedecer al poder, después aprendimos a escoger quién lo ejerce y ahora necesitamos aprender algo bastante más difícil: vigilarlo.

La reforma aprobada hoy en Zacatecas podrá terminar siendo constitucional, podrá superar impugnaciones e incluso podrá producir algunos diputados con mayor respaldo directo que los antiguos habitantes privilegiados de las listas partidistas; nada de eso responde todavía si mejora realmente la representación de una sociedad tan desigual territorial y políticamente como la nuestra. Ésa es la discusión que tendremos que hacer cuando exista el texto definitivo y puedan modelarse sus efectos reales sobre una elección, no cuando cada partido explique la reforma dependiendo de cuántas curules calcula ganar con ella.

Mientras tanto, quizá convendría recordar algo antes de seguir perfeccionando las urnas.

México ya aprendió bastante bien a organizar elecciones; podemos instalar casillas, contar votos, hacer campañas y sobrevivir a toneladas de propaganda cada tres años. Lo que todavía estamos aprendiendo es a producir ciudadanos con tiempo, criterio, autonomía y voluntad para defender lo común, incluso contra el partido que llevan años apoyando.

Porque una democracia puede sobrevivir algún tiempo con malos políticos, malas leyes e incluso malas reformas electorales; para eso existen elecciones posteriores y mecanismos de corrección.

Lo que difícilmente puede sobrevivir es a ciudadanos que dejan de comportarse como ciudadanos.

Entonces regresamos, bastante discretamente, al punto de partida: cambiamos al gobernante, cambiamos la ley, cambiamos las listas, cambiamos las fórmulas y hasta cambiamos el método para escoger a los perdedores; sólo queda una reforma que ningún Congreso puede aprobar por nosotros.

Dejar de comportarnos como súbditos.

14/08/2026

08/08/2026

QUERIDA OPOSICIÓN, ESPERAR TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PERDER.

Hay quienes dicen que la oposición mexicana está desaparecida, yo no llegaría tan lejos; para desaparecer primero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre dónde está. De vez en cuando aparece, sobre todo cuando Morena se equivoca, cuando alguna declaración provoca escándalo, cuando una reforma sale mal o cuando una encuesta permite anunciar, por enésima ocasión, que ahora sí comenzó el desgaste definitivo del oficialismo. Entonces vienen las entrevistas, los comunicados, las publicaciones indignadas y la promesa de que el país finalmente abrirá los ojos; después pasan algunos días, el gobierno vuelve a ocupar la conversación y todos regresamos a esperar el siguiente error. La paciencia es una virtud, ciertamente, pero después de varios años uno comienza a sospechar que le cambiaron el nombre a la pasividad.

Lo extraño es que la oposición parece seguir creyendo que demostrar los errores de Morena equivale a demostrar que ella está preparada para gobernar, y son cosas bastante distintas. A estas alturas buena parte del país conoce las críticas al gobierno, inseguridad, salud, economía, militarización, concentración de poder, reformas apresuradas, debilitamiento institucional; unas tienen fundamento, otras admiten discusión y algunas se utilizan simplemente porque estamos en política y tampoco vamos a pedir milagros. Pero concedamos por un momento todo el diagnóstico, absolutamente todo; todavía falta saber qué medicina propone el médico que lleva siete años explicándonos la enfermedad. Los mexicanos ya tenemos suficientes diagnósticos, lo que no aparece con la misma facilidad es una propuesta de país que pueda explicarse sin comenzar la oración diciendo “Morena”.

Porque si mañana cambiara el gobierno habría que tomar decisiones desde las seis de la mañana. Habría que explicar qué hacer con la seguridad, cómo fortalecer policías y fiscalías, cuánto gastar en salud, de dónde obtener los recursos, qué política energética sostener, qué relación mantener con las Fuerzas Armadas, cómo enfrentar la informalidad, qué hacer con las pensiones, qué modelo educativo impulsar y cómo reconstruir instituciones sin pretender regresar simplemente al país de 2018, como si la historia tuviera botón para deshacer. Ahí empiezan los problemas, porque protestar contra una decisión permite conservar las manos limpias; proponer obliga a ensuciárselas con presupuestos, prioridades, renuncias y consecuencias, y luego aparece esa pésima costumbre de los ciudadanos de recordar lo prometido.

México debería conocer bien este cuento. Durante buena parte del siglo XX tuvimos elecciones, partidos opositores, campañas, diputados de distintos colores y todos los elementos suficientes para decorar una democracia; lo que tardamos mucho más en conseguir fue una competencia capaz de poner realmente en riesgo la permanencia del partido dominante. Aquello no terminó de un día para otro, se fue desmontando durante décadas mediante reformas electorales, presión social, negociación, organización ciudadana y partidos que entendieron que para derrotar al poder primero había que construir algo capaz de sustituirlo. Resultaría bastante curioso que, después de tanto trabajo para conseguir alternancia, termináramos otra vez con una fuerza dominante y una oposición especializada en explicar por qué no debería serlo.

Y no se trata de pedirle a la oposición que aplauda las reglas actuales. Si considera que una reforma es mala, debe combatirla por las vías constitucionales, explicarla, proponer otra y reunir la fuerza política necesaria para cambiarla; eso también es democracia. Lo que resulta difícil de entender es la costumbre de denunciar que la cancha está inclinada y después negarse a jugar en ella. Si Morena tiene mejores estructuras territoriales, construyan estructuras; si domina determinada conversación, disputen esa conversación; si faltan cuadros, fórmenlos; si una nueva regla abre espacios de participación, busquen a las mejores personas posibles para ocuparlos. Sentarse junto a la cancha a explicar que el otro equipo tiene ventaja puede servir para tener razón, pero el marcador tiene la grosera costumbre de contar goles y no argumentos.

La elección judicial merece entrar en esta conversación porque ahí podemos cometer exactamente el mismo error. Se puede cuestionar seriamente si llevar jueces, magistrados y ministros a las urnas fue la mejor manera de fortalecer la justicia; se puede discutir lo que eso significa para la carrera judicial, la especialización, la independencia y el tipo de incentivos que introduce una campaña electoral en una función que debería depender principalmente del conocimiento jurídico y la imparcialidad. Nada de eso desapareció porque la reforma haya entrado en vigor, pero tampoco desaparecerán las elecciones judiciales porque quienes no estuvieron de acuerdo decidan ignorarlas. Si ese es ahora uno de los mecanismos mediante los cuales se integra parte del Poder Judicial, entonces habrá que procurar que lleguen mejores perfiles, personas preparadas, con experiencia, criterio, independencia y conocimiento real de lo que significa proteger derechos.

Eso no significa, y aquí vale la pena no revolver las cosas, que la oposición deba conseguir “sus jueces”. Si terminamos pensando que Morena necesita jueces de Morena y la oposición jueces de la oposición, habremos convertido un problema serio en una tragedia institucional perfectamente democrática, con boleta y todo. Fortalecer a quienes puedan llegar al Poder Judicial significa promover una discusión pública sobre méritos, trayectorias, capacidad jurídica e independencia; exigir mejores candidaturas y mejores procesos de selección, conocer quiénes aspiran a juzgar y no regalar los espacios por apatía. El objetivo tendría que ser que lleguen mejores personas juzgadoras, no cambiar una camiseta partidista por otra debajo de la toga.

Porque el Poder Judicial no es oposición y nunca debería necesitar convertirse en ella. La oposición quiere llegar al gobierno, un tribunal no; los partidos necesitan votos para ejercer el poder, los jueces necesitan razones jurídicas para controlarlo. Cuando una persona juzgadora concede un amparo contra un acto gubernamental no está declarando la guerra al presidente ni afiliándose al partido contrario; está revisando si ese acto respeta la Constitución. Cuando una norma vulnera derechos humanos y un tribunal la inaplica o concede la protección constitucional en los casos y bajo las reglas que correspondan, no está saboteando un proyecto político; está haciendo aquello que justifica que tengamos tribunales independientes en lugar de una oficina jurídica subordinada al gobierno.

A veces olvidamos para qué sirve un contrapeso porque nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra como adorno. Un contrapeso sirve para pesar, es decir, para impedir que todo el peso del Estado termine cargado del mismo lado; por eso los tribunales molestan algunas veces al Ejecutivo, otras al Legislativo, otras a gobiernos estatales, municipios, fiscalías y prácticamente a cualquier autoridad que pueda afectar derechos. No se creó el juicio de amparo para felicitar al gobierno cuando hace las cosas bien, se creó porque nuestra historia enseñó, con una insistencia casi ofensiva, que el poder puede equivocarse y que el ciudadano necesita algún lugar al cual acudir cuando quien viola sus derechos es precisamente quien debería protegerlos.

Por eso sería un error enorme pedirle al Poder Judicial que sustituya a una oposición débil. Los jueces pueden controlar constitucionalmente normas y actos cuando exista un asunto sometido a su conocimiento y se cumplan las condiciones jurídicas para hacerlo; no pueden fabricar el programa económico que los partidos no tienen, organizar las estructuras territoriales que abandonaron, encontrarles candidatos competitivos ni explicarles cómo volver a hablar con ciudadanos que dejaron de escucharlos. Bastante trabajo existe ya en los tribunales como para agregarles también la reconstrucción de los partidos políticos.

Pero los partidos sí pueden ayudar a que exista un mejor Poder Judicial sin apropiárselo. Pueden defender presupuestos suficientes, carrera judicial, capacitación, estabilidad laboral, profesionalización, independencia y condiciones que permitan que una persona juzgadora resuelva conforme al derecho sin revisar primero hacia dónde sopla el viento político; también pueden tomarse en serio las elecciones judiciales que ahora existen, promover que la ciudadanía conozca trayectorias y exigir mecanismos que permitan distinguir a quien tiene veinte años estudiando y aplicando derecho de quien descubrió su vocación jurisdiccional cuando apareció una candidatura. Si queremos mejorar la justicia, quizá deberíamos empezar por tomarnos mucho más en serio a las personas que van a impartirla.

Eso exige también fortalecer al propio Poder Judicial desde dentro. No todo se resuelve cambiando ministros, magistrados o jueces; detrás de cada órgano jurisdiccional existe personal que estudia expedientes, proyecta, tramita, notifica, ejecuta determinaciones y mantiene funcionando una maquinaria que el ciudadano normalmente sólo descubre cuando la necesita. La calidad de la justicia depende de preparación, experiencia, carrera, condiciones laborales dignas y memoria institucional; destruir todo eso para comenzar nuevamente cada vez que cambia el modelo político sería como celebrar que modernizamos un hospital después de despedir a quienes sabían dónde estaban los quirófanos.

Mientras discutimos todo esto, Morena continúa haciendo política todos los días y quizá ahí exista una lección que sus adversarios deberían estudiar sin necesidad de copiarla. Tiene organización, presencia territorial, símbolos, narrativa y una identidad que sus electores reconocen; podrá gustarnos o no, podrá funcionar mejor o peor, pero existe. Enfrente todavía vemos demasiada política construida alrededor de aquello que Morena hace, dice o deja de hacer; si el gobierno acierta hay silencio, si se equivoca hay oposición. Así resulta muy difícil construir una identidad propia, porque quien necesita permanentemente al adversario para explicar quién es termina siendo definido por ese mismo adversario.

La oposición mexicana debería dejar de esperar que el desgaste del gobierno le entregue gratuitamente lo que no ha conseguido trabajando. Morena puede perder popularidad, dividirse, cometer errores graves y enfrentar problemas económicos o políticos, pero ninguna de esas cosas convierte automáticamente a PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier otra fuerza en una alternativa mejor. Para eso tendrán que volver a convencer, formar cuadros, recuperar territorio, presentar propuestas y aceptar que un ciudadano puede estar decepcionado del gobierno y, aun así, no querer regresar con quienes gobernaron antes; la memoria electoral también existe y no siempre trabaja a favor de quien espera.

México necesita las dos cosas, una oposición política capaz de disputar el gobierno y un Poder Judicial suficientemente fuerte para controlar jurídicamente a quien lo ejerza; no son lo mismo y precisamente por eso necesitamos ambos. La primera debe ofrecer alternativas, el segundo debe garantizar que las mayorías también tengan límites; los partidos deben intentar ganar elecciones y los tribunales deben poder proteger derechos aunque su resolución desagrade al ganador de esas elecciones. Cuando funciona así, nadie tiene todo el poder y nadie debería sentirse dueño permanente del Estado.

Querida oposición, si consideran que Morena construyó una cancha a su medida, tendrán que trabajar para cambiarla y, mientras reúnen los votos para hacerlo, aprender a competir mucho mejor dentro de ella; formen personas, busquen talento, recuperen calles, universidades, barrios, profesiones, causas y conversación pública. Y en el Poder Judicial, donde ahora también existen elecciones, ayuden a elevar la discusión y a fortalecer a quienes verdaderamente tengan méritos para juzgar, sin pretender convertirlos en soldados de ninguna causa partidista; México no necesita jueces opositores, necesita jueces capaces de decirle “no” al poder cuando la Constitución diga que no, sin importar qué partido ocupe Palacio Nacional.

Porque esperar que Morena fracase no es una estrategia para sustituirlo y esperar que los tribunales hagan el trabajo que corresponde a los partidos tampoco; si algún día la oposición vuelve al gobierno agradecerá, aunque quizá entonces le moleste, que todavía exista un juez capaz de detenerla cuando se exceda. Esa es la gracia de los contrapesos, uno suele enamorarse de ellos cuando está abajo y descubrirles muchísimos defectos apenas llega arriba; el poder cambia de manos con bastante frecuencia, lo que nunca cambia es su vieja costumbre de pensar que los límites son una magnífica idea, siempre que sean para el siguiente.

06/08/2026

🚨 ¿Y si el verdadero problema no fuera el tránsito ni el lenguaje, sino hasta dónde dejamos llegar al poder?

Hoy, junto con nuestro amigo y periodista Salvador Del Hoyo Bramasco en INFO TV9 ZAC, analizaremos dos temas que están dando mucho de qué hablar desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos.

Acompáñanos.

Lo importante no es que estés de acuerdo, sino que participes en el debate.

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23/07/2026

Cuando un adolescente comete un delito grave, la pregunta no es solo cuánto debe sancionarse.

La verdadera discusión es si nuestro sistema logra proteger a la víctima, responsabilizar al adolescente y evitar que la violencia vuelva a repetirse.

Hoy hablaremos de ello en INFO TV9 ZAC con nuestro amigo Salvador Del Hoyo Bramasco.

Los espero. Compartan y participen con sus opiniones.



https://www.facebook.com/share/v/1AV4ngkey1/

10/07/2026

🎥 ¿Puede un país organizar un Mundial mientras miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos?

Ya está disponible la entrevista con mi amigo Salvador Del Hoyo Bramasco en INFO TV9 ZAC.

Conversamos sobre esta pregunta desde el derecho y los derechos humanos.

Aprovecho para felicitar a Salvador por seis años de "Entrevista con Valor", un espacio que sigue apostando por el análisis y las preguntas que importan.

📲 Mira la transmisión, comparte y súmate a la conversación. El debate continúa.

https://www.facebook.com/share/v/19B1tRt5uk/

05/07/2026

El Tribunal de Disciplina manda el mensaje a los jueces, cuidado con resolver contra el poder; por otro, las decisiones administrativas mandan otro mensaje a las personas servidoras públicas, cuidado con creer que la experiencia, la estabilidad y la trayectoria todavía importan. Arriba se disciplina el criterio; abajo se precariza el servicio. Y en medio queda la ciudadanía, esa palabra que todos invocan cuando hay micrófono, pero que suele desaparecer cuando se reparte el presupuesto.

QUOD DIXI DIXI | JUSTICIA CON MIEDO, JUECES BAJO PRESIÓN Y TRABAJADORES EN LA CUERDA FLOJA ⚖️

"Donde hay temor, no hay justicia." Lucio Anneo Séneca 💭

🖊️ | Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez

El Tribunal de Disciplina Judicial 🏛️ nació con una promesa bastante vendible, limpiar la casa. 🧹 Sonaba bien, incluso necesario, porque nadie en su sano juicio puede defender jueces corruptos ⚖️, sentencias vendidas 💰 o carreras judiciales convertidas en herencia familiar. 👨‍⚖️

🔗 𝗟𝗲𝗲 𝗹𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀:

05/07/2026

El debate no es si alguien merece heredar; el debate es si el Estado debe volver a cobrar por un patrimonio que ya tributó durante años.

La discusión apenas comienza.

05/07/2026

Cuando quienes interpretan la Constitución empiezan a opinar sobre crear nuevos impuestos, el debate deja de ser solo fiscal; también es constitucional.

¿Gravar las herencias es justicia o cobrar otra vez sobre un patrimonio construido durante toda una vida?

05/07/2026

Hay ideas que parecen justas hasta que uno hace la pregunta incómoda.

Esta semana, durante la discusión de un asunto relacionado con Afores, la ministra Lenia Batres sostuvo que en México debería analizarse la posibilidad de gravar las herencias, bajo el argumento de que quien las recibe no las obtuvo con su propio esfuerzo. Es una opinión respetable, pero abre un debate mucho más profundo del que parece.

Porque, si el heredero no trabajó por ese patrimonio, tampoco lo hizo el Estado.

La casa que unos padres dejan a sus hijos no apareció por generación espontánea. Se compró con ingresos que ya pagaron impuestos; durante años pagó predial, en muchos casos también IVA, ISR y otros gravámenes derivados de la actividad económica de la familia. La pregunta entonces cambia por completo. ¿Estamos hablando de justicia tributaria o de volver a cobrar sobre un patrimonio que ya contribuyó al gasto público durante toda una vida?

La experiencia internacional tampoco ofrece una respuesta sencilla. La OCDE ha documentado que, en promedio, los impuestos sobre herencias representan una porción muy reducida de la recaudación total de los países que los aplican. Algunos Estados europeos decidieron eliminarlos; otros los mantienen, pero con tantas exenciones que solo una parte limitada de las herencias termina pagándolos.

Lo verdaderamente delicado es otro asunto. Los grandes patrimonios suelen contar con estructuras de planeación patrimonial y fiscal que les permiten reducir significativamente su carga tributaria. En cambio, quien normalmente no dispone de esos mecanismos es la familia que hereda la casa donde crecieron sus hijos, el pequeño negocio construido durante décadas o el patrimonio de una vida de trabajo.

Por eso el debate no debería reducirse a decir que "nadie merece recibir algo que no ganó". La verdadera pregunta es si un nuevo impuesto resolvería un problema real o si terminaría gravando, una vez más, a quienes menos posibilidades tienen de reorganizar legalmente su patrimonio.

En materia fiscal, las buenas intenciones nunca bastan. Los impuestos deben justificarse por su eficacia, su proporcionalidad y su impacto social. De lo contrario, la justicia deja de medirse por los resultados y empieza a medirse por quién termina quedándose con el dinero.