13/08/2026
El día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se aprueban medidas para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
De manera informativa, comparto este importante acuerdo, que establece una política institucional orientada a abatir el rezago judicial, optimizar los tiempos para el dictado de sentencias y garantizar una justicia pronta y expedita, en cumplimiento del artículo 17 constitucional.
Estos son los puntos destacados de dicho acuerdo:
1. Reestructuración de órganos jurisdiccionales
El acuerdo establece una reorganización nacional de los órganos jurisdiccionales sustentada en indicadores estadísticos de carga de trabajo, productividad y rezago. Con base en dichos datos podrán proponerse la reorganización, conversión, cambio de especialización, ampliación de competencia o incluso la conclusión de funciones de determinados órganos, mediante dictámenes técnicos individualizados.
2. Readscripciones y movilidad del personal jurisdiccional
Como consecuencia de la reorganización, la Comisión de Adscripción podrá proponer cambios de adscripción, readscripciones y reubicaciones de personas juzgadoras y secretarias, procurando respetar la especialidad de origen y las restricciones constitucionales. Estas medidas buscan redistribuir el capital humano conforme a las necesidades del servicio.
3. Atención al factor humano como causa del rezago
El diagnóstico reconoce expresamente que una parte importante del rezago deriva de factores humanos, entre ellos conflictos entre titulares, baja productividad de personas secretarias, deficiente organización del trabajo y problemas de gestión interna. El acuerdo plantea atender estas causas mediante capacitación, seguimiento institucional y reorganización administrativa, sin prejuzgar responsabilidades individuales.
4. Creación de un personal de apoyo institucional
El personal que quede sin adscripción derivado de la reorganización no será separado del servicio, sino que integrará una plantilla de apoyo para auxiliar temporalmente a los órganos con mayor rezago. Se preservan sus derechos laborales y, cuando sea posible, se privilegiará el trabajo remoto dentro del mismo circuito y especialidad.
5. Remisión de asuntos hacia órganos con menor carga de trabajo
El acuerdo fortalece el sistema nacional de auxilio jurisdiccional mediante la utilización de órganos auxiliares y de órganos ordinarios con menor carga de trabajo para apoyar en la tramitación y resolución de asuntos. El nuevo “Indicador de Auxilio” permitirá identificar objetivamente tanto los órganos que requieren apoyo como aquellos que cuentan con capacidad para recibir expedientes.
6. Implementación del Indicador de Auxilio
Se crea un nuevo indicador técnico que combina carga de trabajo, asuntos pendientes y productividad semanal por secretaria o secretario. Esta herramienta servirá para determinar prioridades institucionales, elaborar programas de acción y respaldar decisiones sobre redistribución de cargas, reorganización y apoyos extraordinarios.
7. Redefinición de la productividad del personal secretarial
El acuerdo abandona el esquema uniforme de productividad vigente desde 2020 y ordena redefinir la productividad mínima semanal esperada conforme a variables objetivas como materia, circuito, complejidad de los asuntos y carga de trabajo. La finalidad es construir parámetros diferenciados y más representativos de la realidad de cada órgano jurisdiccional.
8. Redefinición y actualización de puestos
Se instruye actualizar el Manual General de Puestos vigente desde 2017 para redefinir funciones, responsabilidades y perfiles conforme al nuevo marco constitucional y legal. Asimismo, se prevé una futura diversificación de categorías, niveles y rangos del personal jurisdiccional para adecuarlos a un nuevo modelo organizacional.
9. Capacitación en liderazgo y administración del capital humano
Además del fortalecimiento jurídico, el acuerdo incorpora capacitación obligatoria para personas juzgadoras en administración de recursos humanos y materiales, con el propósito de mejorar la gestión de equipos de trabajo, especialmente en órganos con alta carga laboral o personal recientemente integrado.
10. Programas de acción por circuito judicial
Las medidas no serán uniformes para todo el país. Cada circuito contará con un Programa de Acción específico que determinará los órganos susceptibles de reorganización, los movimientos de personal, la redistribución de asuntos, los apoyos extraordinarios y las metas de productividad que deberán alcanzarse para abatir el rezago judicial.
