18/06/2026
La acusación contra Nancy “N”, alcaldesa de Tenancingo por Morena, no solo apunta a un posible delito: exhibe una forma grave de abuso del poder público. Según la Fiscalía del Estado de México, la funcionaria habría simulado su propio secuestro para justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. De confirmarse, no se trataría de una mentira menor, sino de una maniobra para usar el miedo social como cortina de humo ante un posible daño al erario.
El caso resulta especialmente delicado porque involucra a personas cercanas a la alcaldesa. La investigación señala que su esposo y su hermano también habrían participado en el plan, mientras que tres presuntos cómplices fueron detenidos en Oaxaca. La versión oficial indica que la supuesta víctima habría sido obligada a pedir un rescate de 40 millones de pesos, una cifra que, según las autoridades, coincide con el monto faltante en el Ayuntamiento.
Lo más preocupante es el mensaje que deja este episodio para la ciudadanía. Mientras muchas familias viven con temor real por la inseguridad, una autoridad municipal es acusada de usar el delito de secuestro como parte de una puesta en escena. Eso golpea la confianza pública, daña a las víctimas verdaderas y muestra hasta qué punto una investigación financiera puede revelar problemas más profundos dentro de un gobierno local.
La alcaldesa tiene programada una audiencia de formulación de imputación para el 9 de julio. Hasta entonces, debe respetarse la presunción de inocencia, pero también debe exigirse claridad total sobre el destino del dinero público. En un municipio, 40 millones de pesos pueden representar obras, servicios, seguridad, apoyos y salarios. Por eso el caso no debe quedarse en el escándalo: debe llegar hasta sus últimas consecuencias legales y políticas.
