18/06/2026
📣
📢 POSICIONAMIENTO PÚBLICO
A los medios de comunicación
A quienes rechazamos la violencia y exigimos justicia
A la Fiscalía General del Estado
A todas las autoridades competentes
San Luis Potosí, S.L.P., 17 de junio de 2026
Quienes integramos este colectivo en defensa de los animales manifestamos nuestro más enérgico rechazo, indignación y profunda preocupación ante la postura de la Fiscalía General del Estado de no combatir con la firmeza y los argumentos necesarios el amparo promovido por la defensa de la persona responsable de agredir gravemente a dos perritos en el campo Los Delfines, en Soledad de Graciano Sánchez, permitiéndole llevar su proceso en libertad.
La crueldad contra los animales no es un delito menor; es una manifestación de violencia que impacta directamente en la seguridad y la convivencia social. Permitir que una persona que utilizó un mecanismo de agresión de alta peligrosidad para atacar deliberadamente a seres sintientes permanezca en libertad representa no solo una injusticia para las víctimas, sino también un motivo de preocupación para toda la comunidad potosina.
Sostenemos este posicionamiento bajo cuatro argumentos jurídicos y sociales fundamentales:
1. Inobservancia del riesgo social y de la peligrosidad del agresor.
El uso de un mecanismo de agresión de alta peligrosidad para causar daño a un ser completamente vulnerable demuestra una conducta dolosa y un absoluto desprecio por la vida y la seguridad colectiva. Una persona que realiza este tipo de actos en un entorno comunitario no solo pone en riesgo a los animales no humanos, sino también a las personas que se encuentran alrededor.
Consideramos que la Fiscalía debió argumentar con mayor contundencia el riesgo para la sociedad y para los testigos, privilegiando medidas cautelares acordes con la gravedad de los hechos. Una actuación distinta envía el mensaje de que la vida de los animales puede quedar reducida a consecuencias mínimas que no reparan el daño ocasionado.
2. Pluralidad de delitos y concurso real de conductas.
Los hechos ocurrieron de manera sucesiva e independiente respecto de cada una de las víctimas, evidenciando una continuidad en la conducta y una decisión reiterada de causar daño.
Ello constituye un elemento relevante para valorar la gravedad de los acontecimientos y para que cada conducta sea investigada y sancionada con la seriedad que corresponde, sin dejar de considerar las demás posibles responsabilidades derivadas de los hechos.
3. Rechazo a estrategias que puedan favorecer la impunidad.
Ante los argumentos relacionados con la edad o con presuntas condiciones de salud mental del agresor para buscar disminuir su responsabilidad jurídica, manifestamos que dichas circunstancias deben acreditarse mediante peritajes oficiales, imparciales y técnicamente sólidos.
La existencia de estas condiciones, por sí sola, no elimina el riesgo social que representa una persona que protagoniza actos de violencia de esta naturaleza.
4. Mensaje de impunidad y desincentivación de la denuncia.
Cuando un caso de esta magnitud se enfrenta bajo medidas que la ciudadanía percibe como insuficientes, se genera desconfianza en las instituciones y desaliento para quienes denuncian.
Además, se expone a la comunidad y a quienes participaron en el proceso a convivir con la persona señalada como responsable, generando un entorno de incertidumbre que no contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Nuestras exigencias
A la Fiscalía General del Estado:
Que sustente sus determinaciones en peritajes científicos rigurosos y promueva la investigación integral de cada una de las conductas posiblemente constitutivas de delito.
Al Poder Judicial:
Que al resolver las medidas cautelares y demás actuaciones procesales considere la gravedad de los hechos, la protección de la comunidad y la perspectiva de bienestar animal que el caso amerita.
Al Poder Legislativo:
Que durante el análisis y dictaminación de la iniciativa Ley Hope se reconozca que los animales no humanos constituyen uno de los grupos más vulnerables y que los acontecimientos recientes evidencian la necesidad urgente de fortalecer el marco jurídico para su protección.
Exigimos justicia real y una respuesta institucional proporcional a la gravedad de los hechos.
Por Laika, por Solovino, por Hope, por Hachi y por todos aquellos que no tienen voz para denunciar, pero cuentan con una ciudadanía decidida a defenderlos en las instituciones, en las calles y en todos los espacios donde sea necesario.
Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
Ricardo Gallardo Cardona
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Congreso del Estado de San Luis Potosí
Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí
