11/03/2026
COMUNICADO IMPORTANTE
El pasado 8 de marzo, previo al inicio de la marcha feminista, en la zona de la Mercadita, elementos de Fuerza Civil intentaron detener a una asistente que portaba un artefacto. Ante esta situación, compañeras del colectivo intervinieron para evitar una detención arbitraria y una escalada de violencia.
Con el objetivo de evitar cualquier confrontación, el artefacto fue entregado voluntariamente a los elementos de seguridad, como puede constatarse en videos que se encuentran en resguardo y que muestran claramente cómo dicho objeto fue retirado de la zona por las propias autoridades.
Durante este momento, la compañera vocera y fundadora del colectivo recibió amenazas directas por parte de un oficial de Fuerza Civil, quien insinuó que habría represalias en su contra. Estas amenazas ocurrieron mientras se intentaba mediar la situación y evitar mayores actos de violencia.
En las últimas horas, se han difundido versiones falsas en redes sociales en donde se afirma que la compañera habría agredido a elementos policiales con un megáfono o que participó en agresiones físicas contra ellos.
Esto es absolutamente falso.
En ningún momento la compañera agredió a ningún elemento de seguridad.
Por el contrario, ella misma fue golpeada durante estos hechos y decidió no responder a la agresión. Las mujeres presentes pueden dar testimonio de lo ocurrido.
También resulta preocupante que posteriormente se difundieran imágenes de una revisión realizado al artefacto el cual se insiste que se entrego de forma voluntaria por la persona que lo portaba luego del diálogo en el que se intervino como mediadora del colectivo.
Además, no se siguieron los propios protocolos de actuación policial, los cuales establecen que el uso de la fuerza debe ser legal, necesario, proporcional y justificado. En este caso se registraron acciones como encapsulamiento, intimidación y agresiones contra mujeres manifestantes, dejando compañeras golpeadas, entre ellas una compañera embarazada.
De haber existido realmente una agresión como falsamente se señala, se habrían realizado detenciones en el momento, lo cual no ocurrió. Por el contrario, los elementos se retiraron del lugar tras las exigencias de nosotras como manifestantes.
La difusión de acusaciones falsas por parte de elementos policiales o cuentas vinculadas a ellos constituye un intento de criminalizar la protesta y de difamar a defensoras de derechos humanos.
Por ello:
Se rechazamos categóricamente las acusaciones que se están difundiendo contra la compañera vocera y fundadora del colectivo Leidy Pecina.
Se exige que se detenga la campaña de difamación que actualmente circula en redes sociales.
Si alguna autoridad considera que existe una conducta ilícita, que presente la denuncia correspondiente por las vías legales, y la compañera se presentará a responder conforme a derecho.
Asimismo, se exige una investigación sobre las agresiones y amenazas realizadas por elementos de Fuerza Civil.
Se hace responsable al Gobierno del Estado de Nuevo León, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la cadena de mando de Fuerza Civil por cualquier acto de intimidación, amenaza o represalia en contra de la compañera Leidy Pecina señalada por propios oficiales o de las mujeres que participaron en estos hechos.
Las mujeres que marchan y organizan espacios de protesta son defensoras de derechos humanos, y la criminalización de su labor constituye una forma de represión.
No se permitirá que la mentira sea utilizada para justificar la violencia institucional ni para intentar silenciar la lucha de las mujeres.
La verdad está documentada y las evidencias existen.
