28/05/2026
Cuando Chihuahua se sienta con Rimon Group para hablar de agua, no se sienta con un proveedor inocente. Se sienta con una empresa que ha diseñado infraestructura hídrica para un asentamiento en Palestina ocupada, en una colonia levantada sobre tierras palestinas confiscadas y vinculada a procesos de desplazamiento de comunidades beduinas y pastoriles.
Si la JCAS sabía esto y siguió adelante, hay complicidad política. Si no lo sabía, hay negligencia grave. En ambos casos, el convenio queda manchado: Chihuahua no puede defender el derecho humano al agua importando tecnología de una empresa que construye saneamiento para asentamientos ilegales.
