05/12/2025
¿Y el pueblo, cuándo?
Un llamado urgente por el derecho al agua
Ante la inminente aprobación de la nueva Ley General de Aguas, que pretende garantizar el acceso al agua para todas y todos los mexicanos, es necesario hacernos una pregunta fundamental:
¿Dónde queda la población que no tiene agua todos los días?
Se habla de sectores productivos, se habla de transportistas, se habla de intereses económicos… pero se habla muy poco de la gente, de las familias que viven en colonias irregulares, en comunidades rurales, en zonas donde no existen redes de agua, donde los cortes son constantes o donde simplemente el agua nunca ha llegado.
Aunque se diga que es un “porcentaje pequeño”, ese “2% no menos cómo el 10%” representa millones de personas que viven en pobreza, que dependen del acarreo de agua para sobrevivir, para bañarse, limpiar su casa, beber, cocinar, cuidar a sus hijos, a sus animales y sus sembradíos. Personas que ya están profundamente golpeadas en su economía porque deben pagar por un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Antes, muchas comunidades se abastecían de lagunas, manantiales, barrancas, fuentes comunitarias. Todo eso desapareció con el crecimiento urbano. Hoy, la única opción es la p**a. Y ahora, con esta nueva ley, se pretende criminalizar a quien lleva el agua, imponer más impuestos, más trámites, más obstáculos… sin garantizar primero el abasto.
Cada impuesto extra, cada permiso, cada regulación, cada aumento en combustible, en diésel, en mantenimiento, en tiempos de espera, no lo paga el gobierno: lo paga el pueblo. Lo paga la madre soltera, el adulto mayor, el jornalero, la familia entera que ya vive al día.
Esta ley no está priorizando a quienes más lo necesitan. Está cerrando pozos, alargando distancias, saturando los pocos puntos de carga y encareciendo un servicio que debería ser gratuito, suficiente, seguro y accesible para todas y todos.
El agua no es un lujo.
El agua no es un negocio.
El agua es vida.
Y hoy, nuevamente, la gente más pobre está siendo invisibilizada.
Quien gobierna debe decidir si legisla para la revancha política…
o para la justicia social.
Porque al final, la pregunta es simple y dolorosa:
¿Quién va a terminar pagando todo esto?
La respuesta ya la conocemos: el pueblo.
