03/01/2025
Las inquilinas murcianas no podrán beneficiarse de los índices de referencia de precios del alquiler
Las personas que viven en alquiler de su vivienda en la región de Murcia, y que tengan que renovar sus contratos, no podrán beneficiarse del nuevo índice de referencia de precios del alquiler, por dos motivos:
1º La laxitud de la propia ley estatal de vivienda que, por una parte, distingue entre los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en Vigor de la ley (finales de mayo de 2023), cuya renovación se hará en los términos pactados, y los posteriores, que sí se podrían acoger. No obstante, la laxitud denunciada, establece que “salvo pacto en contrario” serán de aplicación tales índices. A nadie se le puede escapar la desigualdad de fuerza existente entre propietario y arrendatario, que obliga a éste a aceptar el “pacto en contrario”, ante la amenaza de no firmar el contrato, en una situación de crecimiento importante de precios, y de, una cada vez más baja oferta.
2º La negativa del gobierno regional a aplicar esta y las demás contenidas en la ley estatal 12/2023, que pese a su falta de ambición, si contiene algunas medidas que beneficiarían a las inquilinas. La inacción del gobierno de López Miras en materia de vivienda (y en otras), se manifiesta de forma indubitada en el hecho de su empecinada negativa a desarrollar los reglamentos necesarios para que se pueda aplicar la ley regional de vivienda. Para no declarar zonas tensionadas de vivienda, López Miras se viene escudando en que sus alcaldes no se lo han pedido, y en este sentido es bueno recordar que todos los municipios donde más se han encarecido alquileres e hipotecas son Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Alcantarilla, todos ellos, gobernados por el PP, que trabajan más para complacer a su partido que para satisfacer las necesidades de sus poblaciones.
Es por esta negativa, que la PAH y un importante grupo social integrado por sindicatos y movimientos sociales, nos hemos embarcado en promover la Iniciativa Legislativa Popular denominada “Por el Derecho a la vivienda en la Región de Murcia” que, entre otras medidas, propone que sea de obligado cumplimiento la ley estatal, que sin duda facilitará el acceso a la vivienda de las murcianas y murcianos, mientras no tengamos un gobierno regional sensible a cumplir con el artículo 47 de la Constitución.