25/06/2026
Sanción impuesta al Hospital Sant Joan de Déu por irregularidades reconocidas por la propia Administración
La resolución del expediente sancionador abierto por el Departament de Salut contra el Hospital Sant Joan de Déu ha provocado la indignación de la familia de un menor atendido en el centro.
La propia resolución reconoce la existencia de irregularidades graves, como la falta de consentimiento informado en una cirugía realizada al menor y la falta de titulación en algunos de los médicos que atendieron al menor.
Sin embargo, la sanción finalmente impuesta asciende a únicamente 3.006 euros, una cantidad que la familia considera totalmente desproporcionada respecto a la gravedad de los hechos.
Uno de los aspectos que más preocupa a la familia es el relativo a uno de los médicos que intervino directamente en la asistencia del menor. Según la investigación administrativa, no constaba acreditada la especialidad de pediatría, cardiología ni arritmias. A pesar de ello, este profesional desempeñó funciones propias de un especialista en cardiología pediátrica y arritmias.
Según explica la familia, este médico participó directamente en la asistencia sanitaria del menor: atendió al niño durante ingresos hospitalarios y en urgencias, realizó la programación del marcapasos, intervino en el seguimiento de episodios de bradicardia en la UCI y participó en la indicación de la cirugía para retirar un dispositivo que había sido considerado disfuncionante.
La familia sostiene que estos hechos hacen difícil entender por qué la resolución resta trascendencia a la falta de acreditación formal de la especialidad, más aun cuando se acreditó una repercusión asistencial grave sobre el menor.
Además, plantea otra cuestión que considera especialmente preocupante: si un profesional no tenía formalmente acreditada la especialidad correspondiente, ¿es correcto que aparezca presentado en la página web del hospital como especialista en esa materia?
Otro de los puntos que más sorprende a la familia es la cuantía de la sanción. La Ley General de Sanidad prevé que las infracciones graves puedan sancionarse con importes muy superiores, como 30.000€, dependiendo de las circunstancias concretas del caso. La familia considera que imponer únicamente 3.006 euros por unas irregularidades calificadas como graves transmite un mensaje preocupante y puede reducir el efecto disuasorio que debería tener este tipo de expedientes.
Por ese motivo, ha solicitado una revisión de la propia investigación administrativa para comprobar si todas las actuaciones fueron a**lizadas con la profundidad necesaria y si la graduación de la sanción resulta verdaderamente proporcionada a los hechos acreditados.
La familia insiste en que su objetivo trasciende su caso particular. Considera que una investigación más profunda permitiría reforzar los controles sobre la documentación clínica, los consentimientos informados y la verificación de las especialidades de los profesionales sanitarios, con el fin de evitar que situaciones similares puedan afectar a otros pacientes en el futuro.
"Si sólo con nuestra investigación han aparecido 4 profesionales sin titulación ejerciendo como especialistas, cuántos habrá en todo el hospital?" "Porqué el CatSalut parece no querer sancionar al hospital Sant Joan de Déu?".
Llama la atención que esta resolución llegue apenas unos días después de conocerse que el Departament de Salut también sancionó con 6.000 euros a varios hospitales por no haber activado a tiempo los protocolos de protección en el caso del bebé de seis semanas presuntamente maltratado, uno de los episodios de violencia infantil más graves conocidos en Cataluña en los últimos años.
En aquel caso, la Administración entendió que los centros sanitarios no actuaron con la rapidez necesaria para proteger al menor. En este otro expediente, la propia Administración reconoce irregularidades administrativas graves relacionadas con la asistencia sanitaria, la documentación clínica, los consentimientos informados y la acreditación formal de especialidades profesionales.
Ante ambos casos surge una pregunta legítima: ¿está ejerciendo el Departament de Salut su potestad sancionadora con la firmeza suficiente para garantizar que estas situaciones no vuelvan a repetirse? ¿Son sanciones de 3.006 o 6.000 euros realmente proporcionales cuando afectan a hospitales de referencia y a hechos que la propia Administración considera graves?
La familia considera que unas sanciones de esta cuantía difícilmente cumplen una función disuasoria y ha solicitado que se revise tanto la investigación realizada como los criterios utilizados para graduar las sanciones, con el objetivo de reforzar la seguridad de los pacientes y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.