29/10/2026
ESPAÑA, ENTRE EL DOLOR Y LA INDIGNACIÓN:
POR LOS QUE YA NO ESTÁN, POR LOS QUE SUFREN Y POR UN PUEBLO QUE MERECE RESPUESTAS
29 de octubre de 2026. En memoria de las víctimas de la DANA de Valencia, de la erupción volcánica de La Palma, de los grandes incendios forestales, de la tragedia ferroviaria de Adamuz y del terrible accidente de Urda. Por todas las familias destrozadas y por todos aquellos a quienes el sufrimiento les cambió la vida para siempre.
Hay días en los que las palabras parecen demasiado pequeñas para contener tanto dolor. Días en los que el corazón se encoge, la memoria se llena de rostros y nombres, y la indignación lucha por encontrar una salida que no sea el grito. Hoy es uno de esos días.
Hoy España vuelve a mirar hacia sus mu***os. Hacia las familias que jamás volverán a sentarse completas alrededor de una mesa. Hacia los padres que enterraron a sus hijos, los hijos que perdieron a sus padres, los hogares que quedaron vacíos y las personas que sobrevivieron a una tragedia llevando consigo heridas que quizá nunca terminen de cerrar.
Hoy recordamos Valencia. Recordamos La Palma. Recordamos los pueblos abrasados por el fuego. Recordamos Adamuz. Y lloramos por Urda.
Pero hoy también debemos hablar de algo más: del deber de quienes gobiernan, de la responsabilidad de quienes toman decisiones y de la obligación inexcusable de dar explicaciones cuando una catástrofe deja tras de sí una estela de sufrimiento que exige respuestas.
Porque el dolor merece respeto. La memoria exige verdad. Y la justicia no puede depender de la conveniencia política de quienes ocupan el poder.
I. Valencia: dos años de una herida que España no puede permitirse olvidar
El 29 de octubre de 2024, la provincia de Valencia sufrió una de las catástrofes más devastadoras de su historia reciente. La DANA provocó inundaciones mortales, arrasó municipios, destruyó viviendas y negocios y dejó 233 víctimas mortales, además de miles de personas afectadas directa o indirectamente.
Detrás de esa cifra hay 233 historias irrepetibles. No son estadísticas. Son personas que tenían nombres, proyectos, familias, ilusiones y una vida que esperaban seguir viviendo al día siguiente.
Había quien acababa de regresar del trabajo. Quien había salido a comprar. Quien estaba cuidando de sus padres. Quien esperaba que sus hijos volvieran a casa. Quien jamás imaginó que una jornada ordinaria terminaría convertida en la última página de su historia.
Y, mientras el agua avanzaba, mientras las calles se transformaban en torrentes y las familias intentaban ponerse a salvo, España descubrió, una vez más, la enorme distancia que puede existir entre las competencias administrativas, los protocolos de emergencia y la necesidad real de proteger a una población en peligro.
La naturaleza puede desencadenar una catástrofe. Ningún gobierno controla la lluvia ni puede impedir todos los desastres naturales. Pero los gobiernos sí tienen responsabilidades: prevenir, planificar, coordinar, informar, advertir, actuar con rapidez y aprender de los errores.
Por eso, dos años después, las preguntas siguen siendo legítimas.
¿Se evaluó adecuadamente el riesgo? ¿Se transmitieron las advertencias con la urgencia necesaria? ¿Se actuó con la rapidez que exigía la situación? ¿Funcionaron los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones? ¿Se han investigado todas las decisiones relevantes? ¿Se ha atendido debidamente a las víctimas y a quienes todavía intentan reconstruir sus vidas?
No todas estas preguntas tienen necesariamente una respuesta única, y no corresponde a una consigna política sustituir el trabajo de los investigadores y los tribunales. Pero tampoco puede pretenderse que las preguntas desaparezcan porque incomoden a quienes deben responderlas.
La responsabilidad política no es idéntica a la responsabilidad penal. Un gobernante puede tener que asumir consecuencias políticas por una gestión deficiente aunque no haya cometido delito alguno. Y si los indicios apuntan a una posible responsabilidad penal, corresponde investigarla sin privilegios ni interferencias.
Lo que no resulta aceptable es que el tiempo se convierta en una estrategia para el olvido.
Porque las víctimas no pueden recuperar la vida que perdieron. Pero las instituciones sí pueden ofrecer verdad, justicia, reparación y garantías de que se han aprendido las lecciones necesarias.
A las 233 personas que murieron en Valencia: vuestro recuerdo no pertenece a ningún partido político. Pertenece a vuestras familias, a vuestros pueblos y a toda España.
Y a quienes siguen viviendo entre recuerdos, pérdidas económicas, secuelas físicas y noches de angustia: nadie debería obligaros a elegir entre guardar silencio y convertir vuestro dolor en una batalla política. Tenéis derecho a reclamar respuestas, a exigir reparación y a no dar por cerrada una herida que todavía sigue abierta.
II. La Palma: cuando la tierra se abrió y miles de vidas quedaron sepultadas bajo la lava
En septiembre de 2021, el volcán de La Palma comenzó una erupción que transformó para siempre el paisaje y la vida de miles de personas.
La lava avanzó sobre viviendas, carreteras, cultivos, instalaciones productivas y espacios que formaban parte de la identidad de una comunidad. Familias enteras tuvieron que abandonar sus casas. Muchos perdieron no solamente sus propiedades, sino también el fruto de décadas de trabajo, los recuerdos de toda una vida y la seguridad de saber dónde regresar al terminar el día.
Un hogar no es únicamente una construcción. Es la habitación donde crecieron los hijos, el jardín que se cuidó durante años, la cocina en la que se celebraban las fiestas y el lugar donde se conservan las fotografías de quienes ya no están.
Cuando una lengua de lava sepulta una casa, no desaparecen únicamente paredes y tejados. Desaparece una parte irrepetible de la historia de quienes vivieron allí.
Nadie puede exigir a un gobierno que detenga un volcán. Pero sí puede exigirle que gestione la emergencia con eficacia, que explique las decisiones adoptadas, que distribuya las ayudas con transparencia y que acompañe a los afectados hasta que la recuperación deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.
La respuesta pública a La Palma debe juzgarse con datos, plazos, ayudas efectivamente recibidas y resultados comprobables. Las promesas anunciadas no equivalen automáticamente a las necesidades satisfechas. Y las cantidades presupuestadas no son lo mismo que las cantidades que llegan a una familia que ha perdido su vivienda o a un agricultor que se ha quedado sin su explotación.
La cuestión no es convertir una catástrofe geológica en una acusación automática contra un gobierno. La cuestión es impedir que una tragedia natural se prolongue innecesariamente por una recuperación insuficiente, una burocracia deshumanizada o una administración incapaz de responder a las necesidades reales de las personas.
La lava destruyó propiedades; la obligación de las instituciones es evitar que la incertidumbre, la desatención o el abandono prolonguen el sufrimiento de quienes sobrevivieron.
La Palma merece algo más que homenajes y fotografías oficiales. Merece una recuperación digna, verificable y justa. Y quienes todavía esperan soluciones merecen ser escuchados sin tener que suplicar una y otra vez por aquello que legítimamente necesitan.
III. Los grandes incendios: pueblos amenazados, montes destruidos y vidas que no se pueden recuperar
Cada verano, España contempla con horror cómo el fuego devora bosques, amenaza poblaciones, obliga a evacuar viviendas y convierte en ceniza el trabajo de generaciones.
En 2025, los incendios forestales afectaron a unas 354.793 hectáreas de superficie forestal, según los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía General del Estado. Fue una campaña excepcionalmente destructiva. En 2026, el balance provisional publicado por el Ministerio del Interior el 29 de septiembre registraba 275.209 hectáreas quemadas y 21 víctimas mortales asociadas a los incendios forestales, entre ellas profesionales que perdieron la vida en acto de servicio. Son cifras que deben actualizarse y contextualizarse conforme se publiquen los balances definitivos.
Detrás de esas hectáreas hay mucho más que árboles quemados.
Hay ganaderos que ven desaparecer los pastos de los que depende su ganado. Agricultores que pierden cosechas. Familias que abandonan sus hogares sin saber si volverán a encontrarlos en pie. Personas mayores evacuadas con lo puesto. Pueblos que pasan horas esperando noticias. Y trabajadores de extinción que se juegan la vida mientras el fuego avanza.
A todos ellos debemos respeto, memoria y reconocimiento.
Y debemos preguntarnos también si hemos hecho todo lo necesario para prevenir estas tragedias.
¿Se han gestionado adecuadamente los montes? ¿Se han mantenido las infraestructuras de prevención? ¿Se dispone de medios suficientes y bien coordinados? ¿Se protege debidamente a quienes combaten las llamas? ¿Se han evaluado las condiciones que favorecen la propagación de los incendios? ¿Se ha reforzado la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos?
Estas preguntas no son patrimonio de una ideología. Son exigencias de sentido común.
La prevención forestal, la ordenación del territorio, la gestión de los combustibles vegetales, la vigilancia, los medios de extinción y los planes de evacuación dependen de decisiones sostenidas en el tiempo y de administraciones de distintos niveles. Por eso, exigir responsabilidades significa identificar quién tenía cada competencia, qué decisiones adoptó, qué recursos destinó y qué resultados obtuvo.
Significa también dejar de conformarse con las declaraciones solemnes cuando las cámaras están presentes.
No basta con acudir a una zona devastada, mostrar preocupación y prometer reconstrucción. Hay que demostrar, con presupuestos ejecutados, medidas aplicadas y evaluaciones independientes, que se han corregido los problemas.
Y si se demuestra que hubo negligencia, falta de diligencia o incumplimiento de obligaciones, los responsables deben asumir las consecuencias que correspondan.
Porque ningún cargo público puede devolverle la vida a una persona fallecida. Pero sí tiene el deber de hacer cuanto razonablemente esté en su mano para evitar que otras familias atraviesen el mismo in****no.
IV. Adamuz y Urda: dos tragedias ferroviarias y una pregunta que no puede despacharse con un comunicado
En enero de 2026, Adamuz, en Córdoba, quedó marcado por un accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas y dejó numerosos heridos.
Nueve meses después, el 28 de octubre, la tragedia golpeó de nuevo en Urda, en Toledo, donde colisionaron dos trenes de viajeros.
A fecha de hoy, las informaciones disponibles sitúan el balance provisional de Urda en al menos 69 fallecidos, además de decenas de heridos. Las investigaciones deberán establecer las causas exactas del siniestro y las eventuales responsabilidades individuales, técnicas y administrativas.
Dos localidades. Dos tragedias. Familias destrozadas. Personas que salieron de casa para realizar un viaje y que nunca llegaron a su destino.
No debemos adelantar conclusiones judiciales. No sería justo para las víctimas, ni riguroso con los hechos, atribuir responsabilidades definitivas antes de que se conozcan las pruebas. Pero tampoco sería aceptable utilizar esa cautela para evitar preguntas legítimas sobre el funcionamiento de la red ferroviaria, sus sistemas de seguridad, el mantenimiento, los protocolos de circulación y la actuación de los responsables.
Cuando se produce un accidente de semejante magnitud, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, qué sistemas fallaron, qué decisiones se tomaron y qué mecanismos deben cambiar para impedir que vuelva a suceder.
Y tiene derecho a que las explicaciones sean completas, comprensibles y contrastables.
Si hubo un error humano, debe averiguarse cómo se produjo y si existían barreras de seguridad capaces de evitar sus consecuencias. Si falló un sistema técnico, debe investigarse por qué. Si hubo deficiencias de mantenimiento, de supervisión o de organización, deben identificarse. Y si alguien incumplió sus obligaciones, debe responder ante las instancias correspondientes.
Porque una investigación rigurosa no consiste en encontrar rápidamente a alguien a quien culpar. Consiste en reconstruir los hechos, examinar las pruebas, determinar las causas y establecer las responsabilidades reales.
Y hay otra obligación igualmente importante: acompañar a las víctimas y a sus familiares con humanidad, facilitarles información y evitar que tengan que enterarse por los medios de comunicación de aspectos fundamentales de la tragedia que ha cambiado sus vidas.
No pueden convertirse en simples destinatarios de condolencias protocolarias.
No pueden ser tratados como un problema de comunicación política.
No pueden quedar relegados cuando desaparezca la atención mediática.
Las vidas perdidas en Adamuz y Urda merecen una investigación independiente, una explicación transparente y una justicia que no se detenga ante ningún despacho ni ante ningún cargo.
A quienes no regresaron a casa, nuestro recuerdo.
A quienes sobrevivieron, nuestra solidaridad.
A quienes perdieron a sus seres queridos, el derecho a preguntar, a conocer la verdad y a exigir que se depuren todas las responsabilidades que acrediten las investigaciones.
Y a quienes trabajan en los servicios de emergencia, rescate y asistencia, nuestro agradecimiento por su entrega en las horas más difíciles.
V. La responsabilidad de gobernar: ni impunidad para los poderosos ni condenas sin pruebas
Llegados a este punto, hay una cuestión que España debe afrontar con serenidad y firmeza: ¿qué significa realmente gobernar?
Gobernar no es ocupar un sillón. No es dominar el relato informativo. No es convertir cada crítica en un ataque partidista. No es responder a las preguntas incómodas con consignas ni considerar que la continuidad en el poder constituye, por sí misma, una demostración de legitimidad moral.
Gobernar es asumir obligaciones.
Es administrar recursos públicos que pertenecen a todos. Es garantizar que las instituciones funcionen. Es proteger los derechos de los ciudadanos. Es explicar las decisiones adoptadas. Es reconocer los errores cuando se producen y corregirlos antes de que vuelvan a causar daño.
Y es comprender que la responsabilidad de un gobernante no desaparece porque una competencia corresponda a otra administración, aunque esa distribución de competencias deba tenerse en cuenta para determinar quién debía actuar y cómo.
Cuando las administraciones no se coordinan, cuando las advertencias no llegan a tiempo o cuando las ayudas se retrasan, las consecuencias no son abstractas. Las sufren personas concretas.
Por eso, cualquier gobierno, sea del partido que sea, debe someterse a una exigencia elemental: que sus decisiones puedan examinarse, sus resultados puedan evaluarse y sus posibles incumplimientos puedan investigarse sin obstáculos.
En España existe una diferencia esencial entre la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. No deben confundirse.
La responsabilidad política exige explicaciones y, cuando corresponde, dimisiones o pérdida de confianza. La responsabilidad administrativa se determina conforme a las normas aplicables. La responsabilidad penal requiere hechos acreditados y una resolución judicial dictada con las garantías correspondientes.
Esta distinción no debilita la crítica. La hace más sólida.
Porque no necesitamos declarar culpable a nadie antes de tiempo para exigir que se publiquen los datos, se preserven las pruebas, se faciliten las investigaciones y se rindan cuentas.
Tampoco necesitamos aceptar una explicación oficial simplemente porque proceda de un ministerio, una consejería o una presidencia.
Los gobernantes no están por encima de la ciudadanía. Y las instituciones no son propiedad de quienes las dirigen temporalmente.
Si existen indicios de corrupción, deben investigarse. Si hay procedimientos judiciales abiertos, deben desarrollarse sin presiones. Si se acreditan delitos, deben aplicarse las consecuencias previstas por la ley. Y si las acusaciones no se sostienen, también debe respetarse el resultado de la investigación.
Lo que no podemos aceptar es que la afiliación política determine el nivel de exigencia moral o jurídica que aplicamos a cada persona.
Ningún partido debe ser condenado por una consigna, pero ningún partido debe quedar protegido por su poder.
Esa es la diferencia entre una sociedad que exige justicia y una sociedad que se limita a cambiar de culpables según quién gobierne.
VI. Corrupción, mentiras y confianza pública: el dinero de los ciudadanos no es patrimonio de los gobernantes
La corrupción, cuando se acredita, no es un simple escándalo político. Es una traición a la confianza depositada en las instituciones.
Cada euro público tiene una finalidad. Puede destinarse a hospitales, colegios, infraestructuras, prevención de emergencias, asistencia social o recuperación de territorios devastados. Cuando se desvía ilícitamente, cuando se adjudica mediante prácticas corruptas o cuando se utiliza para favorecer intereses particulares, el daño no se limita a una cuenta bancaria.
Se deteriora la confianza en el Estado. Se perjudica a quienes cumplen las normas. Se debilita la igualdad ante la ley. Y se alimenta la sospecha de que existen ciudadanos sometidos a todas las obligaciones y otros capaces de eludirlas gracias a sus conexiones.
Por eso, cualquier investigación sobre corrupción que afecte a cargos públicos merece la máxima seriedad, independencia y transparencia compatibles con el secreto judicial y las garantías de las personas investigadas.
Pero debemos mantener una distinción imprescindible: que existan investigaciones, imputaciones o indicios no significa que todos los hechos denunciados estén probados ni que pueda afirmarse que un gobierno entero constituye una organización criminal. Una calificación de esa gravedad exige pruebas y el correspondiente fundamento jurídico.
Eso no impide formular críticas políticas durísimas.
Podemos denunciar el deterioro de la confianza pública. Podemos exigir explicaciones por las relaciones entre responsables políticos y personas investigadas. Podemos cuestionar nombramientos, decisiones, contratos o comportamientos cuando existan motivos documentados para hacerlo. Podemos reclamar que las instituciones colaboren plenamente con la justicia.
Y podemos exigir que nadie utilice su posición para obtener beneficios ilícitos o para obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.
La ciudadanía no tiene por qué conformarse con frases tranquilizadoras. Tiene derecho a conocer los hechos acreditados, a distinguirlos de las acusaciones y a valorar las explicaciones de quienes ejercen el poder.
Porque la confianza no se exige por decreto. La confianza se gana con conducta, transparencia y responsabilidad. Y cuando se pierde, no se recupera con propaganda, sino con hechos.
VII. La política no puede convertirse en una maquinaria de supervivencia personal
Un país merece representantes que entiendan el poder como una responsabilidad temporal, no como una propiedad privada.
Merece dirigentes capaces de anteponer el interés general a sus cálculos electorales. Instituciones que no se utilicen para proteger a los propios. Administraciones que no confundan la comunicación con la gestión. Y responsables públicos que comprendan que reconocer un error no es una humillación, sino una obligación elemental.
Si un gobierno considera que las críticas son una amenaza, debería preguntarse por qué teme al escrutinio.
Si una administración responde con evasivas ante preguntas legítimas, debería comprender que la opacidad alimenta la desconfianza.
Si una autoridad se escuda sistemáticamente en las competencias ajenas, debería explicar qué hizo dentro de las suyas.
Y si una investigación descubre irregularidades, la respuesta no puede consistir en desacreditar automáticamente a quienes las investigan, a quienes las denuncian o a quienes reclaman explicaciones.
Todo ello debe exigirse a cualquier partido y a cualquier nivel de gobierno.
Porque el ciudadano que ha perdido su casa no pregunta por las estrategias de comunicación de los partidos. Pregunta cuándo podrá regresar.
La familia de una víctima no necesita un debate sobre quién obtiene más rédito político de la tragedia. Necesita información, respeto y justicia.
El trabajador que ha perdido su medio de vida no puede reconstruirlo con declaraciones institucionales.
Y la persona que teme que su tren, su carretera o su vivienda no sean seguros necesita garantías verificables, no promesas vacías.
Esa es la medida real de un gobierno: no la capacidad de defenderse, sino la capacidad de cumplir sus obligaciones y responder por sus errores.
VIII. A quienes han sufrido: no sois cifras, no sois propaganda, no sois una nota a pie de página
Quiero detenerme ahora en quienes más importan.
En las familias de Valencia que siguen buscando una forma de convivir con la ausencia.
En los palmeros que vieron desaparecer sus hogares bajo la lava y que han tenido que reconstruir su vida en circunstancias extraordinariamente difíciles.
En las personas que contemplaron cómo las llamas se acercaban a sus pueblos, que tuvieron que abandonarlo todo y que todavía sienten miedo cuando el viento cambia o el cielo se llena de humo.
En las familias de Adamuz, que perdieron a sus seres queridos en enero.
Y en las familias de Urda, que ayer vieron cómo un viaje ordinario se transformaba en una tragedia inimaginable.
No hay palabras capaces de reparar una pérdida semejante. No existe indemnización que devuelva una vida ni discurso que elimine el sufrimiento de quien ha perdido a una persona amada.
Pero sí podemos ofrecer algo que ninguna institución debería negar jamás: respeto, acompañamiento, verdad y justicia.
Que nadie os diga que debéis pasar página porque resulta incómodo recordar.
Que nadie os exija silencio para proteger una reputación política.
Que nadie utilice vuestros nombres como instrumentos de propaganda mientras desatiende vuestras necesidades.
Y que nadie os haga sentir que reclamar explicaciones significa faltar al respeto a quienes ya no están.
Es exactamente, al contrario.
Investigar una tragedia es respetar a sus víctimas.
Prevenir otra tragedia es honrar su memoria.
Exigir que se corrijan los errores es impedir que su sufrimiento quede reducido a una sucesión de homenajes.
Y reclamar justicia es defender el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad en la que las obligaciones de los poderosos sean tan exigibles como las del resto de los ciudadanos.
IX. España no necesita más enfrentamiento: necesita verdad, decencia y responsabilidad
Hay algo que debemos evitar, incluso en medio de la indignación más justificada: convertir el dolor de las víctimas en una guerra entre ciudadanos.
No todos los votantes de un partido son responsables de sus dirigentes. No todas las personas que discrepan de nosotros defienden la corrupción. No todos los errores de una administración constituyen delitos. Y no toda tragedia demuestra por sí misma que quienes gobiernan hayan actuado criminalmente.
Pero tampoco debemos permitir que estas distinciones se utilicen como excusa para no exigir responsabilidades cuando existen motivos para hacerlo.
España necesita una ciudadanía capaz de distinguir los hechos de los rumores, las pruebas de las sospechas y las responsabilidades demostradas de las meras imputaciones políticas.
Necesita una justicia independiente. Un periodismo que investigue con rigor. Unas administraciones transparentes. Unas fuerzas de seguridad y unos servicios de emergencia dotados de medios adecuados. Y unos responsables políticos que comprendan que el poder no les concede inmunidad moral ni les exime de dar explicaciones.
Necesita, sobre todo, recuperar una idea sencilla: el Estado existe para servir a las personas, no para servirse de ellas.
Ningún gobierno debería olvidar que su legitimidad democrática no le concede permiso para actuar sin control. Ninguna mayoría parlamentaria debería interpretarse como una autorización para ignorar las obligaciones legales. Y ninguna victoria electoral debería utilizarse para presentar toda crítica como una amenaza a la democracia.
La democracia no consiste únicamente en votar.
Consiste también en poder exigir cuentas, fiscalizar el poder, denunciar irregularidades, investigar delitos y obtener justicia sin temor ni privilegios.
Y la mejor manera de defenderla no es exigir obediencia incondicional a quienes gobiernan, sino exigirles que cumplan las normas que obligan a todos.
X. Por los que ya no están y por los que todavía esperan
Hoy, 29 de octubre, quiero que nuestro pensamiento viaje hasta Valencia, donde tantas familias recuerdan el día que lo cambió todo.
Que llegue también a La Palma, a quienes todavía reconstruyen sus vidas después de la erupción.
Que alcance a los pueblos que han visto cómo el fuego devoraba su entorno, sus bienes y su tranquilidad.
Que acompañe a las familias de Adamuz, que llevan meses viviendo con una ausencia imposible de aceptar.
Y que se detenga, con especial ternura, en Urda, donde el dolor de ayer ha dejado familias destrozadas y una comunidad marcada por una tragedia que todavía debe esclarecerse.
A todas esas personas les debemos mucho más que un minuto de silencio.
Les debemos memoria.
Les debemos investigaciones rigurosas.
Les debemos instituciones capaces de reconocer sus errores.
Les debemos ayudas eficaces y una recuperación digna.
Les debemos explicaciones cuando existan preguntas legítimas.
Y les debemos la determinación de impedir que el tiempo, la burocracia o el cálculo político conviertan sus sufrimientos en episodios olvidados.
A los fallecidos, que descansen en paz.
A los heridos, que encuentren alivio y recuperación.
A los supervivientes, que nunca tengan que afrontar solos las secuelas de lo vivido.
A las familias, que encuentren el apoyo que necesitan y la fortaleza para seguir adelante sin que nadie les imponga cuándo deben dejar de sufrir.
A los servidores públicos que actuaron con entrega y humanidad, nuestro reconocimiento.
Y a todos los responsables políticos, de cualquier partido y de cualquier administración, una exigencia que debería ser irrenunciable: que estén a la altura de la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.
Si hubo errores, que se reconozcan.
Si hubo negligencias, que se investiguen.
Si hubo incumplimientos, que se depuren las responsabilidades correspondientes.
Si hubo corrupción, que se pruebe y se sancione conforme a la ley.
Y si alguien utilizó su cargo para enriquecerse ilícitamente, engañar a la ciudadanía u obstaculizar la justicia, que responda por ello sin privilegios.
No pedimos venganza.
Pedimos justicia.
No pedimos condenas dictadas por la indignación.
Pedimos investigaciones que conduzcan a conclusiones fundamentadas.
No pedimos que se silencie a quienes piensan de otra manera.
Pedimos que nadie pueda silenciar a quienes exigen explicaciones.
Y no pedimos que los gobernantes sean infalibles.
Pedimos que sean responsables.
EPÍLOGO: QUE EL SILENCIO DE LOS MU***OS NO SE CONVIERTA EN EL SILENCIO DE LOS VIVOS
Hay silencios que expresan respeto y silencios que, si se imponen desde el poder, pueden terminar protegiendo la indiferencia.
Hoy guardamos silencio por quienes han mu**to.
Pero mañana debemos seguir hablando por quienes ya no pueden hacerlo.
Hablar por los niños que no volverán a abrazar a sus padres. Por los padres que vivirán el resto de sus días con una ausencia irreparable. Por quienes perdieron su hogar, su salud o su sustento. Por los supervivientes que todavía intentan comprender cómo pudieron cambiar sus vidas en cuestión de minutos.
Hablar también por una España que merece instituciones dignas, una administración que responda y unos representantes públicos que nunca olviden a quién deben servir.
Que nadie confunda nuestra memoria con una consigna partidista.
Que nadie interprete nuestra indignación como una renuncia a la verdad.
Y que nadie crea que respetar las garantías judiciales significa renunciar a exigir responsabilidades políticas.
La verdad debe poder investigarse. La justicia debe poder actuar. Y la ciudadanía debe poder preguntar sin que sus preguntas sean tratadas como una molestia.
Porque un país decente no se mide únicamente por la riqueza que produce, las infraestructuras que construye o los discursos que pronuncian sus dirigentes.
Se mide también por la manera en que protege a sus ciudadanos cuando más vulnerables son, por el cuidado con que acompaña a quienes sufren y por la firmeza con que exige responsabilidades cuando las cosas salen mal.
Hoy lloramos a los nuestros.
Hoy recordamos sus nombres, aunque no todos lleguen a los titulares.
Hoy abrazamos, siquiera con palabras, a quienes tienen el corazón roto.
Y hoy afirmamos que ninguna víctima debe quedar reducida a una cifra, ningún sufrimiento debe convertirse en una herramienta electoral y ninguna responsabilidad acreditada debe quedar impune por razones de poder.
Porque las vidas humanas están por encima de los partidos. La verdad está por encima de la propaganda. La justicia está por encima de los cargos. Y la dignidad de un pueblo está por encima de cualquier gobierno.
Que descansen en paz quienes perdieron la vida.
Que encuentren consuelo quienes los lloran.
Que se haga justicia allí donde corresponda.
Y que España nunca olvide que gobernar no es servirse del pueblo, sino servir al pueblo; no es exigir confianza, sino merecerla; y no es escapar de las responsabilidades, sino asumirlas.
Por Valencia. Por La Palma. Por los pueblos abrasados por el fuego. Por Adamuz. Por Urda. Por todas las víctimas, por sus familias y por una España que merece verdad, justicia y dignidad.
Hoy, memoria.
Mañana, responsabilidad.
Y siempre, humanidad.
Desde Cocinero Sin Frontera, para toda España (incluidas Ceuta, Melilla y Las Islas Canarias), y el mundo entero.
