Mesa de Concertación para la Gobernabilidad de Manabí

16/05/2026

LO QUE JAMÁS SE DEBE OLVIDAR SOBRE EL CRÍMEN PERFECTO DEL CORREATO A MANABÍ Y A LOS MANABITAS POR ATRACOS COMETIDOS A NUESTRA ESPERANZA

🚨3500 DÓLARES FESTINADOS POR EL CUENTO DE LA REFINERÍA DEL PACÍFICO DÓNDE SE IBA A IMPLEMENTAR LA INDUSTRIA DEL PROCESO DE PETRÓLEO EN COMBUSTIBLES PARA CUBRIR EL CONSUMO NACIONAL Y HASTA EXPORTAR

🚨3500 DÓLARES DEL ATRACO A LOS FONDOS DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ POR CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO DEL 16A QUE HASTA EL DÍA DE HOY MILES DE FAMILIA NO PUEDEN RECUPERARSE NI REACTIVARSE POR HABER PERDIDO TODO LO QUE LES FUÉ ARREBATADO POR LA NATURALEZA

QUÉ MÁS RECUERDAN...?

Y ASÍ ESTOS MEZQUINOS CARA DURAS QUIEREN SEGUIR ROBANDO LAS ESPERANZAS DE LOS MANABITAS ?

12/05/2026

Tiene toda la razón Lenin Moreno es el verdadero libertador que nos salvó del correismo un político de verdad.

12/05/2026

12/05/2026

“Del Poder al Banquillo. La Corrupción Presidencial".

El Fracaso de la Transición Democrática: La Triste Ruta de los Expresidentes Ecuatorianos.

El Cáncer que Destruye Ecuador Desde 1997.

En casi tres décadas de democracia, la realidad es cruda pero innegable: desde 1997, prácticamente todos los expresidentes de Ecuador han enfrentado acusaciones por presuntos actos de corrupción.
Dos permanecieron o permanecen prófugos, varios fueron sobreseídos o amnistiados, y otros han sido o están siendo enjuiciados.

Esta persistente ola de escándalos no es mera coincidencia; revela fallas estructurales en el ejercicio del poder que erosionan la institucionalidad y castigan duramente al pueblo ecuatoriano.

factual de los casos principales

Desde el retorno a la democracia y especialmente desde la inestabilidad de finales de los 90:

(1996-1997): Destituido por el Congreso por incapacidad mental y acusado de peculado en casos como “Mochila Escolar” y “Gastos Reservados”. Estuvo prófugo en Panamá y enfrentó múltiples denuncias.

(1997-1998): Acusado en el “Caso Piponazgo” por contrataciones irregulares masivas en el Congreso.

(1998-2000): Enjuiciado y sentenciado por peculado (caso relacionado con la crisis bancaria y fondos públicos). Vive en el exterior.

(2000-2003): Acusado de malversación en la renegociación de la deuda externa. Estuvo prófugo, fue sobreseído y recibió amnistía.

(2003-2005): Enfrentó denuncias de corrupción y fue destituido.

(2007-2017): Sentenciado a 8 años por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016” (estructura de corrupción para contratos públicos). Se le considera prófugo de la justicia. Vive en Bélgica y ha denunciado persecución política.

(2017-2021): Enfrenta investigaciones y cargos por presunta corrupción y delincuencia organizada (casos como Sinohydro/INA Papers, involucrando a familiares). Ha sido señalado como uno de los expresidentes llamados a juicio.

(2021-2023):
Su gobierno enfrentó el caso “Encuentro” (presunta corrupción en empresas eléctricas) que motivó juicio político. Hay investigaciones en curso contra exfuncionarios cercanos.

Esta lista muestra un patrón claro: pocos expresidentes han salido indemnes de acusaciones graves. Algunos casos prescribieron, otros terminaron en sobreseimientos controvertidos o amnistías políticas, y unos pocos derivaron en sentencias firmes.

jurídicos para fortalecer el análisis

1. Violación sistemática del principio de probidad y responsabilidad pública (art. 233 y ss. de la Constitución ecuatoriana): Los servidores públicos, especialmente los de máxima jerarquía, tienen el deber de actuar con transparencia y rendir cuentas. La reiterada comisión de delitos como *peculado* (art. 278 Código Orgánico Integral Penal - COIP), *cohecho* (art. 280), *concusión* y *enriquecimiento ilícito* demuestra un incumplimiento grave de estas obligaciones.

2. Impunidad estructural y prescripción selectiva: Muchos casos han prescrito o sido archivados por “falta de pruebas” o maniobras políticas, lo que vulnera el derecho de la sociedad a la *justicia pronta y cumplida* (art. 75 Constitución) y el principio de igualdad ante la ley. La “Pichi Corte” de 2005, que sobreseyó varios casos, es un ejemplo clásico de cómo la justicia puede ser instrumentalizada.

3. Delincuencia organizada en la función pública: En casos recientes (Sobornos, Encuentro, etc.) se configuran estructuras estables de corrupción que encuadran en los tipos penales de *asociación ilícita* y *delincuencia organizada* (COIP). Esto no solo implica responsabilidad individual, sino *responsabilidad institucional* del Estado por omisión en controles internos.

4. Impacto en derechos económicos, sociales y de seguridad: La corrupción desvía recursos públicos destinados a salud, educación, infraestructura y seguridad. Esto genera responsabilidad del Estado por violación de derechos (pacto de San José, art. 26 sobre derechos económicos/sociales). La Corte IDH ha reconocido en jurisprudencia que la corrupción grave afecta el núcleo de la democracia y el Estado de Derecho.

5. Deber de investigar y sancionar (Convención Interamericana contra la Corrupción - OEA): Ecuador está obligado internacionalmente a investigar estos hechos con independencia e imparcialidad. La falta de recuperación efectiva de bienes y la repetición de patrones violan estos compromisos.

: El costo real lo paga el pueblo

El poder político, en lugar de servir al interés general, se ha convertido demasiadas veces en un instrumento de enriquecimiento ilícito.

El resultado es trágico: un país agobiado por *corrupción endémica*, *pobreza persistente*, *desempleo*, *desigualdad* y, más recientemente, una *inseguridad* que ha cobrado miles de vidas y paralizado la economía.

No basta con cambiar de gobierno. Se requiere una reforma profunda: *fortalecimiento real de la independencia judicial*,
*mejora de los controles internos y externos* (Contraloría, Fiscalía, veedurías ciudadanas),
*transparencia total en contratación pública* (ley de lobbying, declaraciones patrimoniales verificables) y
*cultura de rendición de cuentas* que trascienda los ciclos electorales.

LA DEMOCRACIA ECUATORIANA NO PUEDE SEGUIR PERMITIENDO QUE “EL QUE LLEGA, SE SIRVE”.

La dignidad del pueblo exige instituciones que funcionen y líderes que sirvan, no que se sirvan. Es hora de exigir accountability real y CONSTRUIR UN ESTADO QUE PRIORICE EL BIENESTAR COLECTIVO SOBRE LOS INTERESES PARTICULARES.

El futuro de Ecuador depende de romper este círculo vicioso.

Jaime Andrade Pazmiño
Mesa de Concertación para la Gobernabilidad de Manabí

06/05/2026

|| JAVIER PINCAY SIGUE SIENDO EL ALCALDE DE PORTOVIEJO POR DECISIÓN DEL SAGRADO VOTO POPULAR QUE LA MAYORÍA DE CIUDADANOS PORTOVEJENSES LE DIÓ ESA RESPONSABILIDAD ..

Es inaudito que se pretenda mancillar la sagrada voluntad de voto, por esta medida emitida por el jueves Viteri del TCE, por cuánto ha menoscabado los procesos cumplidos pretendiendo con su criterio personal, FALTAR A LA VOLUNTAD POPULAR DEL VOTANTE SEGÚN LA DISPOSICIÓN EMITIDA POR EL JUEZ DEL TCE, QUE POR SUPUESTO DEBE SER INVESTIGADO POR SU ACTUACIÓN QUE DEJA QUE DECIR.

Vamos a estar atentos sobre estos hechos y el proceder de cada uno de los concejales, QUIENES POR CUESTIONES DE LA POLITIQUERÍA JAMÁS DEBEN DESCONOCER LA VOLUNTAD POPULAR, por cuanto es responsabilidad del Concejo Municipal en pleno, conocer y resolver, sobre la actual situación del Alcalde de Portoviejo y el destino del Municipio.

LA NOTA DE PRENSA (El Diario)
Se espera que el Concejo Municipal se pronuncie sobre la suspensión de derechos políticos del alcalde Javier Pincay

El reciente lunes, 4 de mayo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió nuevamente la sentencia que suspende los derechos políticos del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, limitando su capacidad para ejercer funciones públicas.

La decisión tiene en vilo a la ciudadanía, de cara a los comicios seccionales de noviembre próximo, donde era casi un hecho que Pincay buscaría la reelección.

En ese escenario, también se dispara la duda de lo que pasará en el Municipio de la capital manabita y el Concejo Municipal, que debe pronunciarse sobre la decisión del TCE.

La vicealcaldesa convoca a sesión municipal

María Isabel Guillén Mendoza, vicealcaldesa, convocó este martes a una sesión ordinaria de Concejo Municipal. Esta se desarrollará de manera telemática, el jueves 7 de mayo de 2026, a las 11h00.

En el documento de convocatoria se precisan los puntos a tratar durante la jornada. Uno de ellos es la "Consideración y resolución del informe de la Comisión Permanente de Legislación y Fiscalización, referente a la solicitud de levantamiento de la prohibición de enajenar del bien inmueble ubicado en el sector Los Arenales, parroquia Crucita".

El segundo punto será la solicitud de licencia con cargo a vacaciones de la concejala Sara Fernández, quien sería reemplazada por su concejal alterno, Nery Macías Pinargote.

En el documento no se precisa el caso Javier Pincay como uno de los temas a tratar.

El TCE ratificó la sanción contra el alcalde

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este lunes 4 de mayo de 2026, en Quito, la vigencia de la sanción de suspensión de derechos políticos contra Javier Pincay Salvatierra, alcalde de Portoviejo, al considerar que no se ha cumplido de manera material la sanción impuesta.

La decisión se basa en informes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Ministerio del Trabajo, que confirman la existencia de impedimentos legales para ejercer cargos públicos.

El juez Joaquín Viteri Llanga, del Tribunal Contencioso Electoral, dispuso no atender el pedido presentado por Pincay al considerarlo improcedente, ratificando así la continuidad de la sanción. La resolución se emitió dentro de la causa Nro. 109-2023-TCE, relacionada con la ejecución de sentencia y verificación de cumplimiento.

👉Antecedentes del proceso judicial

El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Javier Pincay no asistió a un debate electoral debido a un atentado criminal a su humanidad que afectó su salud. A partir de ese hecho se inició una acción legal por incumplimiento de una obligación electoral.

Aunque el funcionario señaló haber obtenido fallos favorables en instancias previas, el caso llegó al TCE, donde en apelación se le impuso una sanción que incluyó una multa equivalente a 21 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por dos años. Lo que si fue cumplido parcialmente y ajustado a la legalidad del caso.

Javier Pincay sostiene que ya cumplió con la sanción, incluyendo el pago de la multa y el transcurso del tiempo establecido. Incluso afirmó que el proceso fue archivado en octubre de 2025 al considerarse cumplida la pena.

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06/05/2026

“Promover la democracia participativa y la unidad de Manabí, mediante el diálogo, la concertación y la corresponsabilidad ciudadana, política y social, para defender la dignidad y construir un futuro sostenible para la provincia.”

19/03/2026

Publicación Diario Los Andes
✍️ “𝑳𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒎𝒐𝒓𝒇𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒊𝒏𝒆𝒍𝒖𝒅𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑱𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂, 𝒚𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒏𝒛ó”

La justicia en Ecuador necesita una metamorfosis institucional que pase del discurso a la prueba empírica. Y esa prueba no está en los expedientes con sellos ni en los informes autocomplacientes, sino en metadatos verificables: trazabilidad de cada actuación, interoperabilidad real entre sistemas, tiempos de respuesta medidos segundo a segundo, y decisiones sustentadas en evidencia estadística. Sin eso, no hay justicia: hay trámite.

La justicia y la administración pública, que nos dejaron en décadas de corrupción, se miran hoy en un espejo incómodo: los datos. No como insumos decorativos, sino como instrumentos de gobernanza. Si el Estado no mide qué, quién, cuándo y con qué resultado se hizo cada actuación, no existe capacidad de dirección ni control. El expediente electrónico, por sí solo, no es transformación; lo es la arquitectura de metadatos que captura: Tiempo de ciclo (desde el ingreso hasta la decisión y su ejecución). Cuando esto se mide y se publica bajo estándares, la justicia deja de ser opaca y se convierte en infraestructura confiable.

La justicia con evidencia requiere dar un salto de calidad; cada actuación con metadatos obligatorios: Analítica de riesgo y priorización, Modelos de riesgo de mora, riesgo de corrupción administrativa (patrones atípicos de reasignación, anulaciones o cambios de criterio). Transparencia útil con indicadores que importan: Las métricas de valor público en justicia deben responder a tres preguntas simples: ¿Llega? ¿Resuelve? ¿Protege? Debido proceso, integridad probatoria, trazabilidad, anonimización cuando corresponde. Sin auditoría social, los datos se corrompen. La prensa, la academia y los colectivos deben poder replicar cálculos, denunciar inconsistencias y exigir correcciones públicas. La transparencia no es “subir PDFs”; es publicar metadatos y metodologías que permitan verificar cada cifra.

La metamorfosis ya comenzó, pero no será completa hasta que cada decisión pública deje un rastro técnico verificable. Justicia sin metadatos es simulacro; administración sin interoperabilidad es entropía; política sin evidencia es improvisación costosa. La justicia que no mide, miente; el que mide, mejora.

Por, Eduardo Diaz


Presidencia de Ecuador
Niels Olsen
Daniel Noboa Azin