19/10/2022
COMUNICADO
NO A LA VIOLENCIA Y AL CRIMEN DE ESTADO
Anteriormente por dos ocasiones, mediante pronunciamientos, manifestamos nuestra consternación por la creciente inseguridad que padece la sociedad ecuatoriana, ante el embate de la delincuencia común y organizada y el rechazo a la inacción, por medio de políticas públicas, que mantiene el gobierno nacional.
Masacres carcelarias, sicariato, asaltos en transporte público, comercios, viviendas y aún ciudadelas privadas se han incrementado alarmantemente. Ya no es una exageración decir que estamos en la indefensión, que el temor se ha ido apoderando de la cotidianidad y que, quizá como mecanismo de defensa y por la influencia de los medios de comunicación social, estamos inconscientemente naturalizando esta anomalia social.
Las estadísticas reflejan su fatídico incremento y confirman la sensación y el dato de conciencia que la sociedad ecuatoriana tiene del fenómeno; así la impresión de impotencia, pesimismo y rabia se van apoderando de la ciudadanía que empieza a responder con acciones de ajusticiamiento pero también con encierro voluntario, se empiezan a buscar salidas que favorecen posturas duras desde el gobierno, la violencia como único método de parar la violencia.
El as*****to de María Belén Bernal, si bien tiene génesis en una cultura que favorece lo patriarcal y machista, por el escenario y las circunstancias donde aconteció, le otorgan connotaciones absolutamente diferentes y únicas que lo convierten en un crimen de estado. No es en nada comparable a los odiosos feminicidios que se reportaron en el país entre el periodo de enero al 03 de septiembre de este año, con el escandaloso número de doscientos seis (206).
La Policía Nacional es la Institución, conforme a la Constitución en su artículo 158, que debe brindar “protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos…la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional…” y así queda especificado en el artículo 163 en relación a la seguridad “atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”. Por tanto, sus miembros enfrentan poniendo en riesgo su vida a los ataques arteros y transgresores de la delincuencia en todas sus formas.
Por lo anterior es inadmisible, su actuación en el caso de María Belén pues acaeció dentro de instalaciones de esta institución, se cometió con la presunta participación de varios de sus agentes y cadetes que paradójicamente se hallan en proceso de formación.
Estamos frente a un crimen que aplica a dos conceptos y que por tanto debe considerarse el que más grave y lesivo socialmente. Es desde el punto de vista del criminal un femicidio ya que es un “crimen en solitario, que a su vez es el colofón de una progresión de agresiones de carácter físico, económico, emocional y sicológico.” según la Antropóloga estadounidense Diana Russel. No hay duda que el asesino debe ser castigado por esto.
En segundo lugar, estamos frente a un “feminicidio (que) es el crimen estructural, el conjunto de delitos de lesa humanidad, que comprende secuestros, desapariciones y torturas de mujeres y niños ante un colapso institucional. Y que por la ausencia de efectivas políticas públicas, así como acciones que por complicidad u omisión dan lugar a su vez a la impunidad estructural…” en palabras de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde.
Este es el delito que calza perfectamente en el caso de María Belén Bernal. La asesinó la cultura machista enquistada en la institución policial, la mató el incumplimiento de la misión institucional, la asesinó la complicidad de oficiales y cadetes; la asesinaron y la desaparecieron, sólo fue hallada gracias a la presión social generada por la lucha de una madre que se negó a aceptar las mentiras institucionales, las de un gobierno indolente y el apoyo decidido de una ciudadanía activa. De modo tal que se ha de juzgar como feminicidio y no como femicidio.
La remoción de autoridades ministeriales y policiales es una medida acertada pero claramente insuficiente, es una aspirina contra el cáncer. La batalla moral, jurídica y ética encabezada por la Sra. Elizabeth Otavalo, debe ser elevada a clamor fundamentado en la exigencia de justicia, en la permanencia de la memoria y en defensa de la Verdad y la Vida. Esta lucha desde luego cuenta con el respaldo de este gremio y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que le dicen BASTA A LA VIOLENCIA DEL ESTADO, BASTA A LA VIOLENCIA MACHISTA, BASTA A TODO TIPO DE VIOLENCIA ENTRE HERMANOS ECUATORIANOS.
DIRECTORIO DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
Guayaquil, octubre 2022
