28/07/2026
El presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, Rafael Ángel García, alzó fuertemente su voz de protesta ante las severas restricciones impuestas en el Centro Penitenciario La Reforma tras la detención de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez, alias "Tan". De acuerdo con el representante, las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales e institucionales traspasan los límites de la legalidad vigente en el país y constituyen un atropello directo a las garantías constitucionales que protegen a cualquier persona privada de libertad.
García calificó las acciones del Ministerio de Justicia y Paz como una manifestación de poder desmedida que no se ajusta al marco jurídico costarricense. “Estas medidas son completamente autoritarias y vulneran de manera flagrante los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad”, manifestó el dirigente, quien enfatizó que el Estado no puede pasar por encima de las leyes y los reglamentos penitenciarios vigentes con el pretexto de resguardar la seguridad.
Dentro de los puntos más críticos señalados por el vocero se encuentra la suspensión absoluta de las actividades al aire libre, los contactos telefónicos con familiares y el régimen de visitas. “Se les está quitando la hora de sol, el acceso a las llamadas telefónicas, las visitas de sus familiares y las visitas íntimas, lo cual es algo que roza en tratos inhumanos y degradantes”, aseveró García. Para la organización que representa, eliminar el acceso a la luz solar y mantener el aislamiento de forma indefinida sobrepasa las facultades administrativas de las autoridades del centro penal.
El representante de la asociación insistió en que el cumplimiento de la ley debe regir para todos los ciudadanos por igual, al margen de la gravedad de los delitos que la justicia les impute o de la relevancia mediática de los sospechosos. “El Estado costarricense no puede convertirse en un violador de derechos bajo la excusa de la peligrosidad de los imputados, porque la ley y los convenios internacionales establecen pisos mínimos que nadie tiene la potestad de borrar”, sostuvo durante su pronunciamiento.
Finalmente, García hizo un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos y a las autoridades judiciales para que intervengan y revisen los alcances del protocolo aplicado en La Reforma. “Nosotros no estamos defendiendo el delito ni la trayectoria de estas personas, estamos defendiendo la legalidad, el debido proceso y la dignidad humana dentro del sistema penitenciario”, concluyó el dirigente, reiterando que la suspensión indefinida de los derechos básicos de los reclusos sienta un precedente sumamente peligroso para el Estado de derecho en Costa Rica.
Cabe destacar que las autoridades judiciales imputan a Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y a su mano derecha, alias "Tan", una violenta trayectoria criminal ligada al narcotráfico y al crimen organizado. A este grupo se le atribuye la vinculación con cerca de 200 homicidios ejecutados con extrema crueldad, incluyendo masacres, descuartizamientos y víctimas quemadas vivas como métodos de intimidación y control territorial, historial que motivó la implementación del estricto protocolo de contención en el centro penitenciario.
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27/07/2026
