07/07/2026
La verdad no se construye con propaganda: respuesta al artículo de Edwin Sánchez
El artículo de Edwin Sánchez no constituye un ejercicio de periodismo independiente ni una investigación seria de los acontecimientos ocurridos en Nicaragua en 2018. Se trata de un texto de propaganda política que reproduce la narrativa oficial de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, recurriendo a la descalificación, al lenguaje de odio y a la manipulación de hechos para justificar la represión más sangrienta que ha vivido Nicaragua desde el fin de la guerra.
Resulta profundamente contradictorio que el autor cite a Joseph Goebbels mientras utiliza precisamente los mecanismos clásicos de toda propaganda: repetir una versión oficial hasta convertirla en verdad absoluta, deshumanizar al adversario y desacreditar cualquier voz crítica.
Lo que Edwin Sánchez omite deliberadamente es que, desde 2018, organismos internacionales independientes documentaron graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua y por grupos armados que actuaban con su aquiescencia o coordinación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyeron que la respuesta estatal estuvo caracterizada por el uso excesivo y letal de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones temporales, persecución política y restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales.
Asimismo, estos organismos documentaron la criminalización de la protesta social, el encarcelamiento de opositores, la confiscación de bienes, la cancelación de organizaciones de la sociedad civil, el cierre de universidades y medios de comunicación independientes, la desnacionalización arbitraria de cientos de ciudadanos y el exilio forzado de miles de nicaragüenses. Estos no son relatos políticos; son hechos ampliamente documentados por instancias internacionales.
El artículo pretende reducir toda la Rebelión Cívica de Abril a una supuesta conspiración criminal, ignorando que las protestas comenzaron de manera mayoritariamente pacífica como respuesta al descontento social y fueron respondidas con una represión que dejó centenares de mu***os, miles de heridos, centenares de presos políticos y un éxodo masivo de nicaragüenses.
Como en todo conflicto, existieron hechos de violencia que deben investigarse de manera imparcial, sin importar quiénes sean sus responsables. Ningún crimen debe quedar en la impunidad. Pero utilizar casos individuales para justificar una política sistemática de represión contra toda la población opositora constituye una manipulación incompatible con un Estado democrático y con los principios fundamentales de los derechos humanos.
El texto de Edwin Sánchez tampoco menciona que, durante años, el régimen ha mantenido un discurso de odio contra quienes participaron en las protestas, calificándolos de "terroristas", "golpistas", "plagas", "enemigos de la paz" y otros términos destinados a deshumanizar a quienes ejercieron su derecho a protestar. Ese lenguaje no busca informar; busca justificar la persecución, el encarcelamiento, la confiscación, el destierro y el silencio.
Resulta especialmente grave que un periodista utilice su espacio para reproducir sin cuestionamientos la narrativa de un régimen señalado internacionalmente por cometer crímenes contra la humanidad. El periodismo existe para fiscalizar al poder, no para convertirse en su aparato propagandístico.
Si Edwin Sánchez realmente pretende defender la verdad, también debería responder por qué guarda silencio sobre las madres que aún buscan justicia por sus hijos asesinados; sobre los cientos de presos políticos que pasaron por cárceles donde se denunciaron torturas; sobre los periodistas obligados al exilio; sobre las universidades cerradas; sobre las organizaciones confiscadas; sobre los sacerdotes perseguidos; sobre los más de cuatrocientos nicaragüenses despojados arbitrariamente de su nacionalidad; sobre los as*****tos y represión transnacional y sobre miles de familias que continúan viviendo fuera de su país por temor a la persecución política.
La verdad no puede construirse seleccionando únicamente como supuestas víctimas a todos los paramilitares que murieron durante la Operación Limpieza de 2018 no fueron víctimas de una agresión gratuita, sino del derecho de la población a defenderse frente a un operativo de represión que, según numerosos testimonios e informes de organismos de derechos humanos, estuvo marcado por el uso de la fuerza letal contra manifestantes y civiles. En Carazo, diversos testimonios señalaron que grupos armados afines al régimen y paramilitares a los que pertenecía Roberto Castillo y su hijo que operaban desde fincas ubicadas en Jinotepe vinculadas al jefe del Ejército, Julio César Avilés. En ese contexto, la resistencia ciudadana respondió para proteger la vida y la libertad de sus comunidades, los paramilitares que fallecieron que solamente convienen al discurso oficial mientras se invisibiliza a todas las demás personas asesinadas por la dictadura. La memoria de un país exige honestidad, no propaganda.
Los nicaragüenses merecen conocer toda la verdad. Merecen instituciones independientes, jueces imparciales, libertad de prensa, investigaciones objetivas y justicia para todas las víctimas, sin distinción de ideologías o simpatías políticas.
La reconciliación nacional jamás podrá edificarse sobre la mentira, el miedo o la manipulación de la historia. Solo será posible cuando exista verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
La historia no pertenece a los propagandistas. Pertenece a las víctimas, a la evidencia, a los sobrevivientes y a la memoria de un pueblo que se niega a olvidar.
