08/06/2026
PAPAGAYO: DE PROMESA NACIONAL A NEGOCIO
PRIVADO
Continuismo — antes bipartidismo, hoy con el chavismo
Artículo de opinión | Asociación Confraternidad Guanacasteca
El caso de la defensa del bosque en Playa Panamá ha puesto nuevamente sobre la mesa
la verdadera naturaleza del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP): un patrimonio
público que, durante décadas, ha sido administrado en beneficio de unos pocos
privilegiados, con independencia de cuál partido político ocupe la silla presidencial.
Cuando la Ley N° 6758 dio vida al Polo Turístico Golfo de Papagayo a inicios de la
década de 1980, el espíritu del legislador era inequívoco: vocación social y desarrollista.
El Estado costarricense invirtió recursos propios para adquirir y expropiar tierras a
particulares, con el fin de consolidar un gran bloque demanial unificado. La meta era
atraer inversión hotelera internacional de primer nivel que generara encadenamientos
económicos, empleo masivo para la Región Chorotega y divisas frescas para el país. Era
un proyecto-país donde el Estado mantenía el timón de un recurso estratégico público.
Hoy, cuatro décadas después, esa visión se encuentra profundamente desnaturalizada.
Aquella promesa de bienestar colectivo ha ido cediendo terreno ante una estructura
diseñada para el beneficio de unos pocos. El Polo Turístico, de unas 1.600 hectáreas
totales, está fragmentado en aproximadamente 35 concesiones, y un puñado de
empresarios concentra más de la mitad de toda el área del proyecto a costos
ridículamente regalados.
La solicitud de que se ponga orden en ese proyecto no es una postura anti-turismo ni
anti-inversión, Es una defensa legítima del desarrollo sostenible. Es una lucha contra la
corrupción y una reivindicación del verdadero turismo: aquel que beneficia al país entero
y no solo a un grupo reducido de concesionarios amigos.
Los "amigos" del Polo: quiénes se están beneficiando
El nombre de Papagayo se ha asociado históricamente a beneficiarios que difícilmente
podrían describirse como meros turistas o inversionistas ordinarios. Mientras los
costarricenses ven destruidos sus acuíferos y arrecifes, perdemos acceso a playas
públicas y contemplamos la entrega de bosques primarios a intereses privados, hay
nombres y apellidos concretos enriqueciéndose a costa del patrimonio de todos:
Enjoy Hotel & Resort, Rubén Pacheco Lutz, exministro de Turismo: El proyecto
Bahía Papagayo pagó su concesión por 20 años a tan solo USD $1,50 por metro
cuadrado —750 colones por m²—,(contrato de concesión: $15.000 por hectárea). En la
zona turística más valiosa de Costa Rica. La empresa, al mismo tiempo, comercializa
esas mismas tierras estatales a precios muy, muy superiores. El exministro de Turismo
como concesionario de terrenos del Estado, paga monedas por metro cuadrado y
revende a precio de mercado premium. Eso no es inversión; es un negocio montado
sobre patrimonio público.
Altos del Risco, exministro del MOPT Guillermo Madriz de Mezerville y José Manuel
Agüero Echeverría exdirectivo de AyA e INVU. En 2009 de la nada surgió una
carretera de primer mundo de unos 2 km de largo que no iba a ningún lugar aparente.
Resultó ser el acceso necesario para este proyecto. Esa concesión lleva 15 años
intentando evitar derrumbes en terrenos no aptos para esa escala constructiva. ¿Quién
pagó esa carretera? Los costarricenses.
Península de Papagayo, FIFCO/Cervecería de Costa Rica: La concesión más grande
del proyecto fue adjudicada a Ecodesarrollo Papagayo, empresa propiedad del grupo
cervecero más poderoso del país. No hay nada de malo en ser grande y poderoso —a
menos que eso sea precisamente la razón por la que se entrega el trozo más grande del
pastel público, sin consideración de otros criterios.
Océano Uno Cristal Pacifico, Jorge Woodbridge González. Fue Director del ICT y
Viceministro de Economía (2006-2008).
Javier Chaves Bolaños del recordado grupo ALDESA. Tuvo dos concesiones en
Papagayo, Inversiones GODA y Monte del Barco.
Primera verdad: Las tierras son del Estado, no de los concesionarios
Las tierras del proyecto son propiedad pública y no privada. No se pueden vender ni
hipotecar. Son propiedad del Estado —es decir, de todos los costarricenses—
administradas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otorgadas en concesión
por un plazo definido de años. Al vencimiento del plazo, o al incumplirse alguna
condición, deben ser recuperadas por el Estado. Esa es la ley. Esa es la promesa
original.
Los costarricenses no sabemos quiénes son los verdaderos beneficiarios detrás de esas
35 concesiones, cuánto dinero percibe exactamente el Estado por concepto de cánones,
ni si el Estado ya ha tomado posesión de alguna megaestructura o si, por el contrario, se
están cocinando prórrogas automáticas entre bambalinas para perpetuar el negocio
privado sobre suelo público. Sin embargo, nunca ha existido un informe transparente del
aporte de los concesionarios del Polo a la caja única del Estado por concepto de
impuesto de renta.
El ICT recauda impuestos significativos —un 5% sobre el valor de pasajes
internacionales, un 5% sobre pasajes cuyo origen es Costa Rica, y $15 por ingreso vía
aérea con boleto adquirido en el exterior—, manejando un presupuesto de ₡48.377
millones para 2026.
Segunda verdad: Papagayo es para turismo, no para condominios privados
La Ley N° 1917 del ICT define con claridad al turista como “el extranjero no residente
que visita el país por un tiempo no mayor de seis meses con fines de distracción,
descanso, salud u otros lícitos”. Esto significa que cuando un viajero extranjero viene a
residir por más de seis meses, a hacer inversiones como compra de lotes, o a realizar
actividades mercantiles en el territorio nacional, jurídicamente no es turista. El turismo
residencial no existe. El suelo demanial del Polo fue concedido para el turismo, no para
el desarrollo inmobiliario residencial privado, de residentes temporales o permanentes.
Sin embargo, el punto de inflexión más crítico se materializó con el Decreto Ejecutivo
N° 44448-MP-TUR, emitido por la administración Chaves Robles. Este reglamento
introduce cambios de fondo que desvían completamente el norte del proyecto. Al
flexibilizar agresivamente el régimen condominal, el decreto facilita que los
"concesionarios maestros" segreguen y distribuyan el territorio costero en fincas filiales
como si se tratara de un desarrollo inmobiliario privado común. El enfoque ya no es la
infraestructura turística generadora de empleo dinámico, sino la mutación del demanio
hacia un modelo de residencialismo exclusivo de alta plusvalía y uso habitacional
cerrado.
Esta distorsión no es un riesgo teórico. Ya se ha traducido en escándalos y tragedias
financieras reales. El caso del proyecto Giardini di Papagayo, lleva 17 años en juicio y
es el ejemplo más elocuente: bajo esquema de condominio, amparadas en el atractivo
de la zona, decenas de compradores de buena fe invirtieron sumas millonarias creyendo
adquirir un patrimonio seguro, solo para enfrentarse a proyectos paralizados, deudas
cruzadas y la pérdida total de su capital. La laxitud normativa tiene víctimas reales con
nombre y apellido, atrapadas hoy en complejos procesos judiciales.
Daños ambientales irreparables: el otro costo del modelo
La vorágine comercial se ve potenciada por una destrucción ambiental documentada que
ya no tiene reversa:
Carretera pública N° 253, cerrada: Esta vía llega hasta Playa Blanca y Virador. Hoy
está cerrada al tránsito público. Solo ingresa quien tiene permisos de una empresa
privada. Un bien de dominio público, apropiado de facto.
Acuífero de Playa Panamá, salinizado: Desde 2015 el manto acuífero de Playa
Panamá está salinizado. Fue operado por el AyA con agua no potable hasta su cierre
definitivo en 2017. El daño es irreparable.
Arrecifes coralinos de Bahía Culebra, destruidos: La bahía albergaba arrecifes
coralinos excepcionales que beneficiaban la vida marina, el buceo y la pesca artesanal.
Hoy todos los corales están blanqueados —muertos—. El daño es irreparable e
invaluable.
En cuanto al bosque seco tropical, el decreto de la administración Chaves Robles abrió
la puerta a modificaciones en las densidades constructivas que impactan directamente
este frágil ecosistema. El Lote 1 concesionado a Enjoy está cubierto mayoritariamente
de bosque según documentos oficiales, lo que lo convierte en Patrimonio Natural del
Estado conforme al artículo 13 de la Ley Forestal. Es un terreno sobre el que no puede
cambiarse el uso del suelo, razón suficiente para ilegalizar la construcción del proyecto
Bahía Papagayo. La propia Procuraduría General de la República (PGR) ha catalogado
estas disposiciones como una violación flagrante al principio de no regresión ambiental
e irreductibilidad del bosque.
Mientras tanto, los miles de costarricenses que llegan a disfrutar las playas del área —
Playa Buena, Playa Panamá, Playa Iguanita— se encuentran con una realidad
vergonzosa: no hay parqueos debidamente establecidos, ni servicios básicos de agua,
baños y duchas. El Plan Maestro del PTGP menciona explícitamente la obligación estatal
de prever esta infraestructura pública en las áreas de uso común. La realidad es que el
turista nacional que no está dispuesto a pagar hoteles y restaurantes no es bienvenido.
Eso no es turismo de primer nivel mundial; eso es exclusión.
Buscando justicia: la batalla legal en curso
La reacción ciudadana ha llegado a los estrados judiciales con fuerza. Con nuestro
amparo Expediente N° 25-020400-0007-CO, los grandes concesionarios se han
apersonado a defender lo que equivale a “una república independiente” dentro de
Papagayo, donde pretenden que solo se aplique la ley del ICT. Son pocas personas,
pero poderosas en lo económico y en lo político.
Frente a ellos se han unido la Asociación Confraternidad Guanacasteca, Salvemos el
Bosque de Playa Panamá, FECON y muchas otras voces y voluntades ciudadanas. La
exdiputada independiente Cinthia Córdoba ha aportado su valiosa perspectiva sobre
costos versus beneficios en el manejo del bosque. Un vecino de Liberia ha presentado
varios amparos adicionales involucrando a las municipalidades. Un activista interpuso
una Acción de Inconstitucionalidad expediente 25-24398-0007-CO, contra el Decreto
44448-MP-TUR, que la Sala Constitucional aceptó para trámite y sobre el cual dictó una
medida cautelar de paralización de toda corta de bosque. El abogado ambientalista
Álvaro Sagot interpuso otra Acción de Inconstitucionalidad —Expediente N° 25-024408
0007-CO—, también en trámite y también con medida cautelar. La Sala IV ha tenido que
intervenir para frenar lo que amenazaba con ser una tala e intervención indiscriminada
de los bosques costeros guanacastecos.
Conclusión: soberanía o impunidad
El debate de fondo sobre el Golfo de Papagayo no es si Costa Rica debe o no atraer
inversión turística. Claro que debe hacerlo. La pregunta es bajo qué reglas de
transparencia, legalidad y beneficio público debe hacerse.
No estamos en contra del turismo. No estamos en contra del desarrollo, ni la creación de
oportunidades de trabajo. Estamos a favor de la legalidad. Estamos por la protección del
bosque, que es el verdadero atractivo para el turismo sano y sostenible. Estamos por el
desarrollo que beneficie al público costarricense Estamos a favor del justo aporte al
ESTADO por parte de los concesionarios. Beneficios para todos y no solo para un grupo
reducido de amigos del poder de turno.
Permitir que un patrimonio que nos pertenece a todos y todas —adquirido con fondos
públicos para el desarrollo social y la preservación ambiental— termine convertido en un
opaco enclave inmobiliario plagado de fraudes, blindado por decretos a la medida y
regido por el secretismo institucional del ICT, es una abdicación de la soberanía del
Estado. Antes lo hizo el bipartidismo. Ayer lo intentó el chavismo. ¿Lo seguirá Laura
Fernández?
La historia se repite con distintos actores, pero con la misma lógica: Papagayo es solo
para los amigos.
Si la justicia constitucional no restituye los controles estrictos, el Polo Turístico Golfo de
Papagayo dejará de ser para siempre un proyecto de desarrollo nacional para
consolidarse como el mayor monumento a la impunidad inmobiliaria y al beneficio de
ventajistas políticos y corporativos a costa del patrimonio público de todos los
costarricenses.
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA
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