02/03/2026
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA ORIENTADA AL USO
Para comprender la relación entre la «teoría» y la «práctica» en las Evaluaciones Orientadas al Uso (EOU), así como su evolución histórica, nos resulta especialmente relevante para cualquier lector o lectora de orientación progresista que busque entender y transformar el funcionamiento de las políticas públicas en Colombia, en la medida en que permite desmontar una de las fallas estructurales más persistentes del Estado colombiano, a saber: la producción de «diagnósticos», de «planes» y «evaluaciones» que rara vez inciden de manera efectiva en la toma de decisiones o en la mejora real de las condiciones de vida de la población.
En un país en el que abundan documentos técnicamente bien elaborados -planes de desarrollo, CONPES, evaluaciones de programas sociales- y, junto a ellos persisten las profundas brechas de la desigualdad, del acceso a los derechos y de presencia estatal en los territorios apartados, el enfoque que nos ofrece Michael Quinn Patton interpela, directamente, la lógica tecnocrática que ha dominado buena parte de la gestión pública. Por ejemplo, las evaluaciones de programas emblemáticos como Familias en Acción, el PAE o los proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito han mostrado históricamente resultados que son bastante contradictorios: informes extensos, metodológicamente rigurosos, pero poco apropiados por las alcaldías y gobernaciones, por las comunidades beneficiarias o por los movimientos sociales, lo que limita mucho su capacidad para generar cambios sustantivos.
Desde una perspectiva progresista como la nuestra, interesada en la justicia socioambiental, en la democratización multicolor, en la participación de ciudadanías activas y libres y en la reforma social del Estado, las EOU nos ofrecen una clave fundamental la cual consiste en desplazar el centro de las evaluaciones desde el cumplimiento formal de indicadores hacia el uso político, institucional y social del conocimiento producido. En el contexto colombiano, esto implica reconocer que una evaluación no puede ser neutral ni descontextualizada con relación a los territorios y menos cuando estos territorios se encuentran atravesados por el conflicto armado, por el racismo estructural, el abandono estatal o la captura institucional de Estado por parte de élites locales.
Pensemos, por ejemplo, en el Chocó, en La Guajira o el Catatumbo, que son lugares en los que una evaluación cuyo diseño no involucre a líderes comunitarios, a organizaciones sociales o autoridades étnicas difícilmente será usada para mejorar políticas de salud, de educación o infraestructura. El énfasis de Patton en identificar usuarios primarios y acompañarlos mediante procesos de mentoría y adaptar la evaluación a contextos específicos conecta Directamente con la necesidad que tenemos, como país, de fortalecer las capacidades del Estado y de la Sociedad, evitando que la evaluación se convierta en un simple ritual burocrático o en un instrumento de control vertical.
A nuestro juicio, para la ciudadanía progresista entender este enfoque evaluativo es muy importante en la medida en que abre la posibilidad de pensar la evaluación como una herramienta de disputa democrática del sentido que recubre a las políticas públicas, donde el conocimiento sirve para corregir los rumbos, para empoderar a los actores históricamente excluidos y hacer del Estado Social de Derecho un actor más responsable frente a las ciudadanías, en lugar de ser un productor distante de informes que nadie usa.
a] EOU: la relación entre teoría y práctica
Uno de los temas centrales que fueran legados por el profesor Michael Quinn Patton es la idea de que la sabiduría evaluativa surge de la convergencia entre la «teoría» y la «práctica», entendido esto como el proceso a través del cual las abstracciones conceptuales dejan de ser meras “palabras” y se traducen en acciones «reales» y, por lo tanto, «útiles» y «reflexivas». Según Quinn Patton, la teoría proporciona los conceptos en el marco de una colaboración sincera, de una comprensión mutua, de un empoderamiento compartido y de un aprendizaje comprometido, pero sólo cuando tales conceptos se aplican en contextualidades concretas de evaluación es que realmente pueden generar un verdadero impacto y una verdadera transformación.
El énfasis puesto en el pasaje que va “de las palabras a los hechos” es uno de los pilares sobre los cuales se levanta lo que en el ámbito de las políticas públicas conocemos como las «Evaluaciones Orientadas al Uso» (en adelante EOU.) Se trata de un enfoque que nos propone pensar cómo se deben producir las evaluaciones y, además de ello, cómo se puede producir conocimientos válidos y, sobre todo, conocimientos útiles que sean efectivamente utilizados por los actores que tienen autoridad o responsabilidad a la hora de tomar decisiones fundamentadas en los resultados de las evaluaciones.
Históricamente, diríase que la noción de vincular la teoría y el uso práctico en la evaluación de políticas públicas se remonta a la década de los años 70's, cuando la disciplina de la evaluación estaba emergiendo como campo profesional distinto al interior de las ciencias políticas y sociales. En dicho contexto, Michael Quinn Patton, sociólogo estadounidense, desarrolló lo que él denominó "Utilization-Focused Evaluation" (Evaluación Orientada al Uso), insistiendo en que el criterio principal para juzgar una evaluación debe ser su utilidad para quienes la van a usar, y no únicamente su rigor metodológico o su contribución teórica.
Patton insistió en que al involucrar activamente a los usuarios primarios -o sea, aquellas personas identificadas como responsables de hacer algo con los resultados-, desde el diseño de la evaluación hasta la interpretación de los hallazgos, inferencias y conclusiones, aumenta la probabilidad de que tales resultados sean utilizados efectivamente. Por ejemplo, en políticas públicas de salud o de educación del sector público, la teoría sobre qué constituye un programa exitoso sólo se traduciría en mejoras concretas cuando las autoridades educativas, los gestores de determinados programas o las comunidades implicadas comprenden, adoptan y actúan sobre la información producida. Esta lógica de praxis reflexiva -que nos invita a que la evaluación sea reflexiva, situacional, dialógica y orientada al cambio real- ha influido en evaluadores individuales pero, además, ha influido también en los marcos institucionales de la evaluación de programas sociales y de la cooperación internacional.
A la luz de una teoría política progresista, la perspectiva de la EOU aplicada, por ejemplo, a PP como la Gratuidad de la Educación Superior (PP-GES), la PP de los Sistemas de Información Gubernamental (PP-SIG), a la PP de Gestión Integral de la Biodiversidad (PP-GIB) y la PP de Población Migrante Venezolana (PP-PMV) representa una oportunidad estratégica para profundizar la construccion del Estado Social de Derecho que en Colombia ha sido intaurado como proyecto político desde la instauración de la Constitución de 1991. ¿Por qué? Porque en la medida en que se transforma la evaluación de PP en un instrumento efectivo para la garantía de los derechos y no en un ritual tecnocrático, la distancia entre Estado y Sociedad puede limarse, lo que hace del Estado un Estado fuerte, o sea, un Estado democrático.
Si la PP-GES se evaluara más allá de la cobertura y se ajustara a las condiciones reales de permanencia y de equidad territorial, entonces la teoría del derecho a la educación se traduciría en decisiones presupuestales y administrativas que redujeran las brechas estructurales. O si la integración de los sistemas de información gubernamental deja de ser sólo un discurso y un dispositivo para la modernización institucional y se convierte, a través de EOU, en interoperabilidad efectiva que mejora la focalización y evita las duplicidades, se fortalece la capacidad estatal para cumplir los fines constitucionales de acuerdo con diversos enfoque y con claros criterios de eficiencia y eficacia. Si la gestión de la biodiversidad incorpora EOU que dialoguen con autoridades ambientales y con comunidades étnicas con el propósito de incidir en la regulación, restauración y control territorial, el principio de sustentabilidad adquieriría verdadera densidad institucional. Y si la atención a la migración venezolana se evaluara involucrando a los ministerios, a los entes territoriales y a las organizaciones sociales para ajustar rutas de regularización, salud y educación, el enfoque de derechos dejaría de ser algo declarativo y se materializaría en su protección efectiva.
Desde esta óptica, la convergencia entre la teoría y la práctica que Patton nos propone va más allá de las mejoras metodológicas y ofrece una vía para que el conocimiento evaluativo fortalezca la capacidad del Estado para aprender, corregir y garantizar, con base en la experiencia isntitucional, los derechos en contextos sociales y culturales complejos, consolidando un Estado Social de Derecho más reflexivo, más democrático y orientado hacia la justicia material o concreta.
B] Evolución y principios de las EOU
El segundo tema que merece ser mencionado refiere los modos en que la evolución histórica y conceptual de las EOU se ha producido, y cómo esta evolución ha sido articulada teórica y prácticamente para centrarse en el uso previsto por los usuarios. Según el profesor Quinn Patton, este enfoque no sería algo novedoso, pues su investigación inicial se remonta a los años 70’s, sino que ha pasado por varias revisiones, lo que deja ver que la acumulación de conocimiento es, al mismo tiempo, práctica y teórica. En este proceso, la constante ha sido el principio de que las evaluaciones de PP deben diseñarse para que sus resultados sean relevantes y aplicables, teniendo en cuenta los factores situacionales y contextuales específicos de la evaluación y de los procesos evaluados.
El principio mencionado también es uno de los aportes centrales del propio Quinn Patton, quien ha sido una figura clave en el desarrollo y en la difusión de este enfoque. En efecto, Patton plantea que una evaluación debe comenzar identificando quiénes son los usuarios primarios que son, como decíamos, aquellas personas o grupos que tienen el poder para utilizar el conocimiento generado, y luego diseñar todo el proceso evaluativo en función de los usos previstos por esos usuarios, ya sea para la toma de decisiones, para la mejora de programas públicos o para los procesos de rendición de cuentas.
En la evolución de las EOU, las distintas ediciones de su libro "Utilization-Focused Evaluation" han incorporado mayores énfasis en los métodos mixtos, en procesos situacionales, y también en los aspectos ético-políticos que influyen en la utilidad de las evaluaciones. Y como es lógico, este enfoque no prescribe una metodología que pudiera considerarse fija o estándar; por el contrario, plantea un marco flexible en el que cualquier método cuantitativo, cualitativo o mixto podría ser elegido según el contexto y según la finalidad otorgada a la evaluación.
Un ejemplo histórico de cómo este enfoque se ha puesto en práctica es el proyecto DECI (Developing Evaluation Capacity in ICTD), realizado entre 2010 y 2013 en varios países de África, Asia y América Latina, en el cual se observó que el rol de los mentores y facilitadores fue crucial para apoyar a distintos evaluadores en contextos en los que el EOU era novedoso para ellos. Además, la historia del propio enfoque muestra que el interés en la evaluación eficaz se desarrolló inicialmente en la investigación aplicada, en evaluaciones federales de salud y en programas sociales en los Estados Unidos, y posteriormente se difundió globalmente como parte de la profesionalización de la evaluación.
Valga decir que este desarrollo epistémico ha tenido su impacto en ámbitos tan diversos como la evaluación de políticas públicas educativas, en la evaluación de programas de cooperación internacional, y en la evaluación de proyectos para la innovación social, ilustrando cómo un principio tan simple relativo al saber centrar la evaluación en su uso puede generar transformaciones significativas en la práctica evaluativa y en la toma de decisiones públicas informadas. Es por ello que, desde una perspectiva progresista, diríase que profundizar en las EOU para entender el desarrollo, por ejemplo, del sector educativo colombiano, sería recomendable porque permite convertir la evaluación en una herramienta efectiva para la garantía del derecho a la educación y para la reducción de las desigualdades, en lugar de limitarla a un ejercicio técnico de reporte.
En un país marcado por brechas territoriales, socioeconómicas y étnicas gigantescas, las EOU favorecen que los resultados evaluativos -para seguir con el ejemplo de la educación- sean apropiados por rectorías, secretarías de educación, MEN y comunidades educativas, incidiendo realmente en decisiones sobre financiación, permanencia estudiantil, calidad docente y bienestar. Además, al involucrar a los usuarios primarios desde el diseño hasta la interpretación de hallazgos, se fortalece la democracia participativa y el aprendizaje institucional, elementos que son centrales para la construcción del Estado Social de Derecho en Colombia. La evaluación deja entonces de ser un mecanismo de control vertical y para convertirse en un proceso reflexivo que contribuye a transformar estructuralmente el sistema educativo en clave de equidad y de justicia social.
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