Centro de Investigación, Análisis y Mediaciones

18/08/2026

PRINCIPIOS PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA

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Bernardo Toro, en su artículo titulado “Participación y valores ciudadanos. Tesis para la formación política del ciudadano", publicado en 2010, concebía la democracia como fuente de valores y, a partir de esta concepción ético-política de la democracia señalaba los principios que, históricamente, han sido consustanciales a este paradigma de la razón política:

1) el «principio de secularización» según el cual el orden social y político no es una realidad natural o divina sino que, por el contrario, es una realidad social y políticamente construida;

2) el «principio de autofundación» o de inmanencia según el cual todas las leyes y todas las normas que rigen la vida social y política son acordadas por quienes son afectados(as) por ellas;

3) el «principio de incertidumbre» que hace de la democracia un régimen concreto y, por lo tanto, un régimen que se adecúa a las condiciones históricas particulares de cada sociedad (por lo que no está limitado o forzado por un orden ideal);

4) el «principio ético» que hace de la «democracia» un orden socio-político basado en la dignidad humana y en el cuidado de la vida, de ahí que los derechos humanos se encuentren situados en el horizonte comprensivo de todo régimen democrático;

5) el «principio de complejidad» con el que la «conflictividad», la «diversidad» y la «diferencia» aparecen como elementos constitutivos del orden democrático y;

6) el «principio de lo público» que pone como protagonista de la construcción pública a la sociedad civil.

Ahora, el profesor Toro veía en todos estos principios democráticos la base fundamental a partir de la cual era posible extraer todo un conjunto de valores ciudadanos que son los que se exponen a continuación:

1. Responsabilidad personal y social. Del principio democrático de secularidad se infiere el valor de la responsabilidad personal y social; la consecuencia práctico-normativa de este valor es que la construcción social y política de la democracia depende únicamente de los intereses individuales y colectivos de las personas, por lo cual, la responsabilidad de lo que la democracia pueda ser es, única y exclusivamente, responsabilidad de ellas.

2. Autorregulación personal y social. Del principio democrático de auto-fundación se infiere el valor de la autorregulación personal y social; de ahí el reconocimiento de que no existen «libertad» ni «autonomía» posibles si no existe un orden social que las garantice, por lo cual, de los individuos y las colectividades depende que existan las garantías para el ejercicio de esa «libertad» y de esa «autonomía».

3. Diálogo y construcción colectiva. Los principios democráticos de complejidad y de incertidumbre nos permiten inferir el valor procedimental del diálogo y la construcción colectiva de agendas y propósitos; esto implica que el reconocimiento de la alteridad como autoridad legítima aparece como exigencia para la visualización de futuros compartidos.

4. Trascendencia. El principio ético nos permite inferir el valor de la trascendencia como capacidad colectiva e individual para dar sentido a las actuaciones, las instituciones y decisiones más allá del presente, de los intereses y de los tiempos fijados en él. Toda sociedad que busca proteger los DDHH y garantizar la dignidad humana debe poder plantearse la construcción de un orden trascendente o de vocación universal.

5. Equidad. El principio democrático de lo público nos permite inferir el valor de la equidad, es decir, la conciencia práctica de que si el orden social y político se fundamenta en la diversidad, la igualdad no es su meta esencial. De acuerdo con el significado de este valor la organización de la sociedad civil debe ser fortalecida para que sea ella misma quien garantice el acceso en «dignidad» de todos a los bienes y servicios públicos que la sociedad pone a disposición.

A partir de esto podríamos deducir que la formación política de una ciudadanía progresista no es algo que deba reducirse al aprendizaje instrumental de las normas constitucionales, de los procedimientos electorales o de las competencias cívicas mínimas para la convivencia, pues la democracia, entendida esta como fuente de valores -e incluso como forma-de-vida, diríamos nosotros-, exige formar sujetos capaces de reconocer que el orden social no está dado, de antemano, como si fuese el producto indeterminado de la naturaleza, o como si fuese tan sólo el reflejo de la voluntad de Dios, o un epifenómeno del mercado; ni siquiera podría decirse que el orden social es producido por la autoridad incuestionada del Estado: el «orden social» es una construcción histórica que depende de la responsabilidad práctica de quienes viven bajo el conjunto de sus instituciones. Cada uno de los valores mencionados nos enseña algo sobre el orden social entendido como creación democrática.

Nos parece entonces que para una ciudadanía progresista esa enseñanza es fundamental, porque nos impide confundir la democracia con la sola representación, con el gobierno o la administración pública; nos previene, de hecho, de confundir la democracia con la ciudadanía liberal y con la obediencia legalista que esta informa: en la perspectiva progresista la democracia aparece, más bien, como una praxis histórica que demanda «responsabilidad», «autorregulación», «diálogo», «construcción colectiva», «trascendencia» y «equidad».

Formar políticamente una ciudadanía progresista significa entonces formar sujetos capaces de entender que la sociedad civil no es una masa de ciudadanos(as) pasivos a la espera de soluciones que vengan desde arriba, sino que implica la formación de una ciudadanía capaz de protagonizar la construcción de lo público, de reconocer al otro/otra como autoridad legítima en el proceso de deliberación pública; sujetos capaces de imaginar futuros compartidos más allá de los intereses inmediatos; sujetos capaces de comprender, finalmente, que la igualdad democrática no se agota en que las personas se traten de la misma manera sino que, más allá de ello, exige organizar lo público para con eso garantizar el acceso digno de las personas -de las ciudadanías- a los bienes, servicios, derechos y condiciones materiales generales que hacen posible la vida común.

15/06/2026

En entrevista con Anatomía del poder, el profesor Rodrigo Uprimny nos ofrece una intervención especialmente valiosa para este momento político. No habla como seguidor de Gustavo Petro y tampoco desconoce los errores, desaciertos y límites de su gobierno. Por el contrario, parte de una posición crítica. Pero justamente por eso su análisis resulta tan importante: porque muestra que Colombia no es el país inviable, destruido o caótico que cierta narrativa de miedo ha querido instalar en la opinión pública.

A pesar de las violencias históricas que nos atraviesan, de los problemas de seguridad, de las dificultades económicas y de los errores gubernamentales que deben discutirse sin tapen-tapen, Colombia sigue siendo un país institucionalmente estable, socialmente vivo y democráticamente disputado. La narrativa terrorista según la cual “todo es un caos” no busca comprender el país, sino que lo que busca es preparar emocionalmente a la ciudadanía para aceptar una salida autoritaria.

Ahora, el punto neurálgico de la intervención de Uprimny consiste en rechazar una falsa equivalencia, pues Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no representan lo mismo. No tienen el mismo significado democrático, no expresan el mismo proyecto de sociedad y no ofrecen el mismo horizonte político para los colombianos y colombianas. Equipararlos bajo la comodidad del “todos son iguales” sería una irresponsabilidad histórica y aquí se exponen las razones de ello.

Una semana después de la primera vuelta presidencial, Rodrigo Uprim...

09/06/2026

El debate sobre la economía del gobierno Petro no se agota en las cifras de crecimiento. Detrás de los indicadores también hay una disputa por las reglas del desarrollo: transición energética, gasto social, reforma agraria, derechos sociales y resistencias del establecimiento frente a un intento de cambio de paradigma.

https://centrociam.org/respuesta-a-un-maestro/

09/06/2026

El debate sobre la economía del gobierno Petro no se agota en las cifras de crecimiento. Detrás de los indicadores también hay una disputa por las reglas del desarrollo: transición energética, gasto social, reforma agraria, derechos sociales y resistencias del establecimiento frente a un intento de cambio de paradigma.

09/06/2026

La primera vuelta presidencial dejó al progresismo frente a una realidad preocupante: la ultraderecha no era un fenómeno pasajero, sino una fuerza real, organizada y capaz de capitalizar el miedo, el odio y el malestar social. Ante la segunda vuelta, el desafío no consiste solo en defender el voto de Iván Cepeda, sino en corregir errores, ampliar la mayoría democrática y disputar el sentido mismo de la democracia en Colombia.

7 junio, 2026 Artículo de opinión El aviso de las urnas: Colombia, entre la restauración autoritaria y la continuidad del cambio La primera vuelta presidencial dejó al progresismo frente a una realidad preocupante: la ultraderecha no era un fenómeno pasajero, sino una fuerza real, organizada y ...

04/05/2026

En este video titulado, “Iván Cepeda. Cuatro revoluciones”, se presentan los núcleos programáticos de la candidatura presidencial de Iván Cepeda para el periodo 2026-2030: la idea de impulsar cuatro revoluciones orientadas hacia la profundización del proceso de cambio que desde hace cuatro años se ha abierto en Colombia es de interés, tanto para los(as) partidarios(as) como para los(as) detractores(as). Según la información programática publicada por el Pacto Histórico, esta propuesta se articula bajo el nombre “El Poder de la Verdad” y ell busca organizar una agenda de transformación nacional alrededor de la ética pública, la justicia social, los territorios y la democratización política. Les invitamos a escuchar.

El intento de pasar de la consigna general del cambio a una arquitectura programática más amplia es, sin duda alguna, una exigencia de cualquier gobierno progresista. La apelación a las “cuatro revoluciones” no debe entenderse únicamente como un recurso retórico de campaña, sino como una forma de disputar el sentido del Estado y de la gestión pública: contra la corrupción estructural, contra la desigualdad social, contra el abandono territorial y contra las formas cerradas de la política tradicional.

Esto tiene, además, una relevancia directa para todos los actores del campo popular, pues una revolución ética implica enfrentar las redes de corrupción que han capturado los recursos públicos; una revolución social supone la ampliación de derechos sociales; una revolución territorial exige reconocer que Colombia no se gobierna solo desde el centro; y una revolución política y democrática reclama abrir más espacios reales de participación popular.

Desde el CIAM consideramos que el debate programático es central para el momento político colombiano. El campo popular no solo necesita candidaturas fuertes, sino que también necesita horizonte, organización, pedagogía política y capacidad de convertir sus demandas históricas en proyecto de país. Las “cuatro revoluciones” planteadas por Cepeda deben leerse, entonces, como una invitación a discutir qué significa profundizar el cambio y cómo garantizar que ese cambio tenga sujeto popular, arraigo territorial y dirección democrática.

Las cuatro revoluciones en el programa de gobierno 2026 - 2030 de Iván Cepeda

04/05/2026

El presidente Gustavo Petro elevó el tono frente al gobierno de Daniel Noboa y denunció que desde Ecuador se estaría saboteando el proyecto de la Paz de Colombia, especialmente los esfuerzos de la Paz Total y de erradicación voluntaria de cultivos en el sur del país. Caracol Radio cita las afirmaciones del presidente Petro según las cuales algunos sectores políticos y criminales ecuatorianos estarían interesados en debilitar la política de paz colombiana, al tiempo en que señaló la entrada de armas, de municiones y explosivos por la frontera sur como parte de una dinámica que alimenta la violencia en territorios delicados -o zonas rojas- como el departamento del Cauca.

Para el progresismo colombiano, este acontecimiento es importante porque vuelve a poner en el centro una tesis fundamental: la paz no puede pensarse sólo como un asunto interno, sino como una disputa regional que se encuentra atravesada por economías ilegales, por poderes fácticos, fronteras porosas y estructuras criminales de presencia transnacional. Defender la Paz Total implica, entonces, defender una política de Estado que sea capaz de confrontar a los actores armados dentro del territorio nacional y también a las redes económicas y políticas que se benefician de la guerra.

En la perspectiva del campo popular -campesinos, comunidades rurales, pueblos étnicos, juventudes territoriales y organizaciones sociales- esta discusión no es algo abstracto, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando fracasa la paz, quienes pagan el costo de la guerra son las comunidades que viven en los territorios militarizados, estigmatizados o sometidos al dominio de las economías ilegales. Por esta razón, la denuncia presidencial debe interpretarse también como una advertencia: sin soberanía, sin cooperación regional y protección efectiva de las comunidades, la promesa de Paz seguirá enfrentando enemigos demasiado poderosos.

Desde el CIAM insistimos en que las aspiraciones de Paz que muchos colombianos y colombianas tienen no puede ser reducida a la condición de ser un discurso institucional. La Paz es, en sí misma, una condición general para el disfrute de una vida en dignidad, para la organización popular y para la transformación democrática de Colombia.

Según el presidente, la paz en Colombia “no le gusta a la mafia ecuatoriana y a sus políticos”.

28/04/2026

NOTAS APROXIMATIVAS SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS (SINERGIA)

¿Qué es SINERGIA? El Sistema Nacional de Gestión y Evaluación de Resultados (SINERGIA) constituye, hoy por hoy, uno de los pilares fundamentales para comprender cómo es que el Estado colombiano organiza, mide y orienta su acción pública en función de los resultados que busca obtener, particularmente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de cara a la concreción del Estado Social de Derecho (ESD). Así que, más que un conjunto de herramientas técnicas, el SINERGIA podría ser concebido -esta es nuestra hipótesis interpetativa- como un entramado institucional en el que se articulan acciones de «seguimiento», «evaluación» y «aprendizaje» con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado colombiano para responder a la complejidad de los problemas públicos.

En en le sentido señalado, el análisis de los componentes generales del SINERGIA -desde la producción de un lenguaje común y la gestión de la información, hasta la construcción de una cultura de evaluación- nos permite aproximarnos a su funcionamiento aperturando una reflexión crítica acerca de su papel en la materialización y en la reflexividad del Estado colombiano. El breve recorrido que desarrollaremos a continuación busca situar al SINERGIA en el cruce problemático entre la «técnica» y la «política», entre la gestión por resultados y la transformación sociohistórica de los territorios nacionales, mostrando tanto su potencial para impulsar cambios estructural-sistémicos (perspectiva progresista) como las tensiones concretas que emergen cuando se le observa desde una perspectiva, a la vez, crítica y territorializada (perspectiva del campo popular) la concreción misma del poder público en Colombia.

A] El fortalecimiento institucional y el lenguaje común

El primer elemento para subrayar es la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que, por sus funciones, puede ser considerada como un actor central en el fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de «monitoreo» y «evaluación», en la medida en que es esta institución la que asume el reto de promover un lenguaje común, presentando documentos que guíen y resuman los conceptos que son utilizados en las prácticas evaluativas.

Se trata de un esfuerzo que no es menor ya que se realiza en un campo de conocimientos y de praxeologías atravesadas por múltiples enfoques metodológicos y conceptuales, por una estandarización del lenguaje cuya intención consiste en mejorar la comunicación entre las entidades públicas, por la reducción de ambigüedades en esa comunicación y por la facilitación de la toma de decisiones realmente informadas.

En tal sentido, la DSEPP no ha de limitarse a la producción de lineamientos técnicos acerca de la evaluación y del monitoreo de las PP, sino que también ha de contribuir a ordenar el campo de la evaluación y del seguimiento al interior del marco del SINERGIA, asegurando que tanto las definiciones como los objetivos de las evaluaciones sean compartidas por los distintos actores del sistema estatal. A partir de esto, se consolida una base conceptual que permite articular la práctica evaluativa con las necesidades reales de la gestión pública o gubernamental en Colombia.

B] Articulación de información y gestión por resultados

En el marco institucional colombiano, SINERGIA cumple una función estratégica al centralizar y gestionar la información que es clave para el seguimiento y evaluación de las PP. Como se señala explícitamente en distintas gúias metodológicas, SINERGIA es el sistema a través del cual se gerencia el manejo de la información relacionada con el seguimiento al PND, la agenda evaluativa del Gobierno Nacional y el afianzamiento de la cultura que pauta la gestión pública para la obtención de resultados.

Esta triple función nos muestra cuál es el papel del SINERGIA como sistema articulador entre la «planificación», la «evaluación» y la «cultura institucional», permitiendo que los resultados de las PP nacionales sean medidas y, al mismo tiempo, sean integradas en procesos de aprendizaje institucional.

A través de la DSEPP, el sistema SINERGIA focaliza los esfuerzos orientados a la aplicación técnica, a la interpretación conceptual y la difusión de los resultados evaluativos de las PP en el país, lo cual implica que dicho sistema produzca información útil para el desarrollo institucional del ESD garantizando la circulación y el uso efectivo de esa información por parte de los actores públicos que toman decisiones, en línea con los enfoques contemporáneos sobre las Evaluaciones Orientadas al Uso (EOU).

C] Sistema Nacional de Evaluaciones y gestión de la agenda evaluativa

El componente de evaluación al interior de SINERGIA se materializa en el Sistema Nacional de Evaluaciones o Sinergia Evaluaciones (que llamaremos Sinergia-E), coordinado por la Subdirección de Evaluaciones (DNP-DSEPP-SDE) de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y por el Decreto 1893 de 2021, que es la encargada de administrar la agenda evaluativa del gobierno nacional.

Este "sistema" tiene como propósito principal la consolidación y el posicionamiento del portafolio de servicios que se ofrece cuando los diferentes actores públicos se muestran interesados en evaluar las PP que tienen a su cargo, lo cual sugiere la aplicación de una lógica de oferta institucional a propósito de las capacidades evaluativas del Estado. Además de ello, el desarrollo de Sinergia-E se enmarca en procesos de «comunicación» y de «socialización» permanentes en los que se inscriben las direcciones técnicas correspondientes a cada PP, con los diferentes sectores públicos, con la academia, los gremios y los organismos multilaterales, lo cual nos indica que su apuesta es por una gobernanza colaborativa basada en un sólido conocimiento evaluativo.

El funcionamiento del sistema Sinergia-E implica, desde este punto de vista, una articulación multisectorial que amplía la legitimidad de las evaluaciones permitiendo con ello incorporar todo un conjunto de saberes diversos y fortalecer la pertinencia de los análisis producidos a través de las EOU.

D] Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

El seguimiento a la acción gubernamental es algo que se operacionaliza a través del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (que llamaremos Sinergia-S), reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. Aquí de lo que se trata es de una plataforma tecnológica que permite monitorear el cumplimiento de los objetivos del PND en distintos horizontes temporales.

Este sistema apoya las funciones de seguimiento a las metas de corto plazo (el cuatrienio) y lo hace en el mediano y largo plazo, lo que exige del sistema la configuración de una visión integral del desempeño estatal más allá del ciclo político inmediato de cada gobierno. La existencia de esta herramienta es el reflejo de la importancia que tiene para la administración pública del ESD en Colombia y para los diferentes gobiernos el contar con sistemas de información robustos que permitan producir la trazabilidad de las metas, identificar los rezagos en el cumplimiento de las mismas y generar alertas tempranas sobre el mal funcionamiento del Estado.

En la perspectiva de la gestión pública que ha sido modelada en el desarrollo de las sociedades modernas, este tipo de plataformas son las que ayudan a recopilar los datos necesarios para el seguimiento de las PP y para estructurar la acción del Estado en torno a resultados que han sido debidamente verificados y también medidos.

F] Red de monitoreo y cultura de evaluación

Finalmente, encontramos que el fortalecimiento, a través del SINERGIA, de una cultura de la evaluación en Colombia, se apoya en la Red Colombia de Monitoreo y Evaluación de Política Pública (RCME-PP), concebida esta como el conjunto de nodos en los que se lleva a cabo el intercambio de conocimientos y de experiencias en torno a la gestión pública. Es a través de esta red que nos es posible intercambiar experiencias en evaluación y monitoreo a nivel local, nacional e internacional, proveyendo espacios para la discusión y el intercambio de ideas con expertos, colegas y funcionarios públicos. Esto, sin duda alguna, favorece tanto la circulación de buenas prácticas como la innovación metodológica para la EOU.

El objetivo último de la RME-PP sería el de promover la innovación evaluativa y fortalecer la capacidad analítica y práctica del Estado colombiano en materia de monitoreo y evaluación, consolidando con ello una comunidad epistémica convocada a trascender las fronteras institucionales actuales. En su conjunto, diríase que este componente hace evidente que la E-PP es algo más que una herramienta técnica para ser aplicada -valga la redundancia- tecnológicamente, sino que ha de ser también un proceso socioinstitucional de aprendizaje colectivo que contribuye, praxeológicamente, al mejoramiento continuo del ESD.

G] Balance general sobre generalidades

Una vez hemos señalado algunos de sus componentes generales, consideramos que comprender el sistema SINERGIA es de suma importancia para cualquier gobierno progresista que se ejerza en Colombia en la medida en que permite traducir los principios normativos del DNP -como la aspiración de convertir a Colombia en una “Potencia Mundial de la Vida”- en procesos institucionales que sean verificables, ajustables y orientados a la obtención de resultados concretos.

En efecto, -y esto es bien sabido- un proyecto político como el del PH no puede sostenerse únicamente a base de declaraciones programáticas, sino que además de ello requiere de la correcta operatividad de sistemas robustos dedicados a la producción de «información», de «seguimiento» y «evaluación» que garanticen que las PP diseñadas para la transición energética, la protección de la biodiversidad, la ampliación de los derechos sociales o la atención a las poblaciones vulnerables -entre otras muchas orientaciones programáticas- sean implementadas de manera eficaz, generando a través de esa eficacia las transformaciones sociales que el pueblo colombiano necesita.

Podríamos decir que un concepto progresista del sistema SINERGIA, encargado -como hemos visto- de gerenciar el manejo de la información relacionada con el seguimiento al PND, la agenda de evaluación del Gobierno Nacional y el afianzamiento de una cultura para la gestión pública de resultados, debe concebirlo como una herramienta praxeológica fundamental a la hora de cerrar la brecha entre «discurso» y la «práctica», articulándose paradigmáticamente con el enfoque de la EOU, el cual busca incidir directamente en la toma de decisiones públicas. Además de ello y en lo que respecta a su estructura -en la que se articula el seguimiento con la evaluación y las redes de aprendizaje institucional-, SINERGIA permite medir los resultados de la intervención estatal y construir capacidades institucionales, fomentando la participación de múltiples actores públicos y promoviendo una gobernanza más democrática del conocimiento.

En una perspectiva progresista esto querría decir que SINERGIA es especialmente relevante para la construcción del ESD y para el fortalecimiento de las capacidades que dicho Estado en Colombia debe desarrollar para superar las desigualdades sociales que han sido históricamente producidas, corrigiendo así las fallas en la implementación de las PP y orientando la acción pública hacia la garantía efectiva de los Derechos Humanos (DDHH) y hacia la sustentabilidad de la vida común en todas sus formas.

Desde la perspectiva del campo popular colombiano, el sistema SINERGIA podría ser también objeto de duras críticas en la medida en que, pese a su sofisticación técnica, correría el riesgo de reproducir lógicas tecnocráticas que distancian la evaluación respecto de las experiencias concretas de las comunidades en sus territorios a propósito de la intervención del Estado.

En efecto, la centralidad otorgada a los «indicadores», «metas» y «sistemas de información» -articulados al PND- puede llegar a producir una visión reduccionista de la realidad social, donde la complejidad de los procesos relativos a la construcción de la paz territorial, a la defensa del ambiente o a la garantía de los derechos colectivos quede subordinada a la aplicación de métricas estandarizadas incapaces, por su propia naturaleza, de captar las dimensiones históricas y culturales de la intervención estatal.

Además de ello, la producción y el uso de la información producida a través de las evaluaciones tiende a concentrarse en los niveles centrales del Estado, limitando la participación efectiva de las organizaciones sociales, de las comunidades rurales o de los pueblos étnicos en la definición de qué es lo que se evalúa, cómo se evalúa y para qué se evalúa.

Bajo esta mirada, el sistema SINERGIA podría ser entrevisto como algo más que una herramienta de gestión, pues podría ser concebido como un dispositivo de poder que ordena la acción pública según criterios de «eficiencia» y de «control», antes que como un dispositivo para la transformación sociohistórica de los territorios nacionales. Ahora, es preciso decir que esta crítica no apunta a desechar el sistema -lo que sería absurdo-, sino a democratizarlo abriendo sus metodologías, incorporando saberes situados y fortaleciendo mecanismos de participación que sean colectivamente vinculantes, que permitan que la evaluación no sólo responda a las necesidades del Estado, sino también a las necesidades de la Sociedad que, en este caso, especialmente a aquella parte de la Sociedad que ha sido históricamente excluida del reconocimiento, de la redistribución y la participación.

Para terminar podríamos decir que la valoración del sistema SINERGIA, en clave dialéctica, está situada a medio camino entre su potencial emancipador y sus límites tecnocráticos: por un lado, como lo sugeriría una perspectiva progresista, dicho sistema constituye una herramienta estratégica que es útil para materializar los objetivos del PND, permitiendo que las apuestas por la justicia social, la sustentabilidad y la garantía de los DDHH se traduzcan en resultados medibles, evaluables y susceptibles de ser mejorados continuamente; pero, por otro lado, como lo advierte la perspectiva del campo popular, este mismo énfasis en la medición y el control puede llegar a invisibilizar las dimensiones cualitativas, territoriales y comunitarias de la vida social, reproduciendo las ya viejas asimetrías socioculturales en la producción y el uso del conocimiento.

Una síntesis posible no pasaría entonces por elegir entre la técnica y la política, por supuesto, sino por reconfigurar la técnica desde la política democrática: es decir, por profundizar el SINERGIA como un sistema cuyo criterio central no sea la eficiencia en el uso de ciertos recursos, sino también la participación, de tal modo que la evaluación deje de ser un ejercicio vertical de verificación y se convierta en un proceso colectivo de aprendizajes mutuos, capaz de articular los saberes expertos con los saberes populares. Estamos ante una tensión creativa de acuerdo con la cual el sistema puede evolucionar y transformarse en una herramienta que no se limite a medir el cambio, sino que contribuya a la concreción del ESD, es decir, a la concreción de un Estado igualitario, democrático y transformador.

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08/04/2026

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El Enfoque de Derechos Humanos (EDH) se ha consolidado como una de las perspectivas más influyentes en la reconfiguración contemporánea de las Políticas Públicas (PP), al proponer que toda acción estatal debería estar orientada hacia la garantía efectiva de los Derechos Humanos (DDHH) y hacia la realización concreta de la «dignidad humana». Teniendo esto en cuenta, desde el CIAM estamos trabajando en una aproximación sistemática a sus fundamentos, a su desarrollo conceptual y progresiva incorporación en el ciclo de las PP, destacando su potencial para articular las luchas sociales con la institucionalidad del Estado.

A partir de allí, venimos explorando temas importantes relativos a su origen en el debate internacional sobre el desarrollo, su vínculo con las demandas por el reconocimiento y la igualdad, su estructura operativa basada en titulares de derechos y deberes, y su transversalización en la acción pública. No obstante, junto a estos aportes, resulta necesario que vayamos sometiendo el EDH -al menos indicativamente- a una interpretación crítica que, desde una perspectiva progresista de ciudadanías libres, permita identificar tanto sus alcances como sus límites, especialmente frente al riesgo de su tecnocratización y frente a las tensiones estructurales que condicionan su realización efectiva. Bajo esta pretensión -expositiva y crítica- desarrollamos las notas que presentamos a continuación.

a] Origen y fundamento del Enfoque de Derechos Humanos

El Enfoque de Derechos Humanos (EDH) relativo al ámbito de las políticas públicas (PP), emerge en el contexto de las transformaciones políticas y normativas acaecidas a finales del siglo XX; particularmente en el marco de los debates internacionales acerca del «desarrollo social» que fueran impulsados en escenarios multilaterales como la Cumbre de Copenhague de 1995. Este enfoque supuso la efectuación de un giro conceptual muy significativo en lo que respecta a las visiones tradicionales que tenemos acerca del desarrollo, pues desplazó el énfasis puesto en los indicadores económicos hacia un énfasis puesto en la garantía efectiva de las libertades fundamentales.

En tal sentido, el «desarrollo humano» y, con ello también el «desarrollo social», dejaron de ser entendidos como sinónimos del crecimiento económico y de incremento en la capacidad adquisitiva de las personas porque comenzó a concebirse como la ampliación de las capacidades y de las oportunidades personales y colectivas relativas a la posibilidad de que todas las personas puedan vivir en dignidad.

El EDH se sostiene entonces sobre un doble apalancamiento, pues por un lado contiene un fundamento normativo basado, principalmente, en el corpus del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DI-DHH), y por otro, en una orientación operativa dirigida hacia la promoción y la protección concreta de esos derechos en contextos sociohistóricos específicos. De modo que cuando hablamos de este enfoque no nos limitamos a referir un discurso “ético-axiológico” sobre el funcionamiento del Estado, sino que nos referimos a un marco integral de la intervención pública en el que se articulan «principios», «normas» y «acciones» público-institucionales que se encuentran dirigidas hacia una transformación concreta y afirmativa en las condiciones de vida de las personas.

b] DDHH, luchas sociales, reconocimiento e igualdad

Uno de los elementos centrales del EDH es su estrecha relación con las luchas sociales por el reconocimiento y por la igualdad, especialmente de aquellas luchas protagonizadas por grupos sociales que han sido históricamente excluidos o invisibilizados por los regímenes históricamente hegemónicos. El enfoque en cuestión no surge entonces, únicamente, desde instancias público-institucionales, sino que recoge y sistematiza las demandas provenientes de los movimientos sociales que cuestionan las estructuras históricas de la desigualdad y de la discriminación.

El EDH se configura, pues, como una herramienta que permite traducir esas reivindicaciones sociales en programas de acción pública, contribuyendo de este modo a su institucionalización democrática. Es preciso decir que este proceso de inclusión igualitaria, pluralista y democrática conlleva la obligación, por parte de los poderes públicos, de identificar claramente las formas concretas en las que operan las desigualdades sociales -ya sea por razones de género, etnia, clase, edad o discapacidad- diceñando los mecanismos que permitan superar, efectivamente, el sistema de las desigualdades.

El EDH promueve -o busca promover-, en consecuencia, una nueva ética del desarrollo humano-social, la cual estaría centrada en principios intersubjetivos como la «justicia», la «igualdad», la «universalidad» y la «libertad», donde el reconocimiento de la diversidad sociocultural y la eliminación de todo tipo de prácticas discriminatorias o desigualitarias sean asumidas como condiciones indispensables para la realización efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

c] La dignidad humana como eje articulador

En el corazón mismo del EDH encontramos la noción ético-política de la «dignidad humana», entendida esta como una condición subjetiva y objetiva que ha de ser realizada concretamente en determinados contextos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos específicos.

A raíz de ello, la dignidad humana se nos presenta como condición en la que cada «persona» es concebida como un sujeto integral, cuya identidad se construye en relación con las otras personas y en el marco de toda una serie de pertenencias colectivas que influyen directamente en sus posibilidades materiales e inmateriales de desarrollo humano-social.

Bajo tal perspectiva, la razón política de nuestra contemporaneidad va romiendo -al menos parcialmente- con las concepciones sociales individualistas, abstractas y descontextualizadas, pues en vez de afirmar la autosuficiencia de cada persona, reconoce que las condiciones de vida de las personas en su conjunto se encuentran profundamente determinadas por las estructuras sociales que pueden facilitar o limitar el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con lo anterior, la «dignidad humana» no se reduciría a la condición de ser un principio moral -que también lo es-, sino que bajo el EDH se convierte en un criterio operativo para la orientación concreta de la acción pública. Evaluar las PP desde el EDH implica, por lo tanto, efectuar un análisis acerca de cómo la intervención del Estado contribuye, de manera efectiva, a la construcción de unas condiciones de vida social y personal que sean realmente dignas, reconociendo las particularidades de los sujetos y promoviendo su autonomía y su participación en las decisiones que afectan sus vidas.

d] Estructura operativa: titulares de derechos y de deberes

Sumado a lo anterior, el EDH introduce una arquitectura analítica y operativa extremadamente importante para la actualidad de la formulación y evaluación de las PP. Esta arquitectura se basa en la identificación de dos tipos de actores fundamentales: a) los actores titulares de derechos y; b) los actores titulares de deberes. Los primeros son las personas y los colectivos que poseen derechos inherentes y exigibles, mientras que los segundos son las instituciones -principalmente el Estado-, las cuales están obligadas a respetar, proteger y garantizar esos derechos. Se trata de una distinción que nos permite clarificar las responsabilidades y establecer los mecanismos de exigibilidad.

En este marco comprensivo, las PP han de ser concibidas como instrumentos privilegiados para la materialización de los DDHH, en tanto que constituyen decisiones públicas que dirigen u orientan la asignación de los recursos, la definición de las prioridades y la implementación de acciones concretas de intervención pública.

Hay que decir que bajo el EDH el Estado aparece como el principal garante de los derechos, pero no de manera unilateral ya que la ciudadanía ocupa también un lugar central como sujeto activo, es decir, como ciudadanía con capacidad de agencia, de participación y de control público. Evidentemente, esta estructura redefine la relación entre el Estado y la Sociedad en la medida en que incorpora una lógica de corresponsabilidad que no sólo informa la conducta de las y los ciudadanos -entendida como cultura política- sino que se actualiza como potentia en los escenarios destinados a la rendición de cuentas.

e] Transversalización del enfoque en las políticas públicas

Finalmente, en el marco del desarrollo del DI-DH se ha venido impulsando un proceso progresivo de incorporación del EDH en el campo de las PP, superando los enfoques tradicionales y su particular indiferencia frente a la dimensión de los derechos ciudadanos.

Inicialmente, las PP se diseñan con criterios predominantemente técnicos o económicos -"gerencialistas" en último término-, sin considerar sus implicaciones en términos de «equidad», de «justicia» o «dignidad». Sin embargo, con la consolidación del EDH se ha promovido la integración de sus principios en todas las fases del ciclo de PP, desde la formulación hasta la evaluación, pasando por la implementación y el seguimiento.

Esta transversalización implica no sólo la incorporación de un lenguaje de derechos -un código axiológico de justificación o legitimación-, sino también la transformación de los criterios de análisis y de los objetivos que pautan la intervención pública; de modo que las PP se encuentren explícitamente orientadas hacia la garantía de los derechos de la ciudadanía y hacia la reducción de las desigualdades sistémicamente estructuradas. Siendo así, el EDH se convierte en un marco que reconfigura tanto el contenido como los procesos de las PP, posicionando los DDH como eje central en la acción del Estado.

f) Potencial transformador y límite estructural del EDH

Pensamos que, desde la perspectiva de las ciudadanías libres y de nuestra orientación progresista, el EDH representa un avance significativo en la forma de concebir, diseñar y evaluar las PP, en tanto que pone el centro de gravedad de la intervención del Estado en la concreción de la «dignidad humana», la «justicia social» y la «exigibilidad de derechos».

Su principal fortaleza radica entonces en haber logrado articular normativamente las luchas sociales con la acción estatal, dotando a los derechos ciudadanos de un carácter operativo que excede por mucho los alcances del carácter meramente declarativo que suele atribuírsele. Asimismo, el EDH introduce en el terreno de la intervención estatal la operabilidad de criterios sustantivos -como la igualdad, la no discriminación, la participación y la rendición de cuentas- permitiendo afianzar el cuestionamiento de la “neutralidad técnica” con la que se revisten las PP, evidenciando las estructuras de la desigualdad que estas pueden reproducir.

Sin embargo, como ciudadanías libres nos es preciso indicar que este potencial transformador del EDH encuentra también límites importantes. Por un lado, existe el riesgo de que el EDH sea cooptado por el habitus que pauta las lógicas institucionales reduciéndolo, por mediación “técnica” del lenguaje formal, a un conjunto de indicadores despolitizados, vaciándolo de su contenido crítico y apartándolo del pilar emancipatorio que heredamos de la modernidad. Por otro lado, aunque el EDH reconoce al Estado como garante principal, no siempre problematiza de manera suficiente las relaciones de poder que económica y políticamente condicionan su capacidad real para garantizar los derechos de la ciudadanía, especialmente en contextos socio-institucionales que han sido profundamente penetrados por el proyecto neoliberal.

En consecuencia, diríamos que el EDH puede quedarse corto frente a las dinámicas sociohistóricas de exclusión que pautan el sistema de las desigualdades, si no logra articularse con proyectos políticos y democráticas más amplios que cuestionen la distribución desigualitaria del poder y de la riqueza, proponiendo soluciones viables a esa distribución anómala. El desafío al que se enfrentan los progresismos de todos los colores consiste, pues, en radicalizar el EDH manteniendo su vínculo con las luchas sociales y evitando su tecnocratización, de modo que conserve su capacidad para transformar las condiciones materiales de existencia social y no sólo su capacidad para regularlas.

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